El Senado buscará alternativas de solución ante el desalojo de familias originarias en Cachi

Para analizar alternativas de solución al desalojo ejecutado días pasados en finca Las Pailas, el Senado recibió en plenario a una amplia delegación conformada por las familias afectadas. El Senador por Cachi dijo que se trabaja en coordinación con el Poder Ejecutivo para llevar respuestas a las comunidades originarias.

En reunión plenaria, el Senado recibió este jueves a una delegación de familias originarias de finca Las Pailas, departamento Cachi, con el objeto de analizar el desalojo que afectó a la comunidad diaguita el pasado viernes 12 de junio.

Durante el encuentro, los legisladores evaluaron los planteos de los damnificados —quienes sostienen que la medida judicial debió limitarse a cuatro hectáreas y no a las 40 ejecutadas— y coordinaron gestiones urgentes ante el Ejecutivo provincial en busca de soluciones.

Participaron de la reunión los legisladores Mashur Lapad, Manrique Burgos, Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Dani Nolasco, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Sergio Saldaño, Rolando Guaimás, Diego Cari, Juan Cruz Curá, Arnaldo Altamirano, Gonzalo Caro Dávalos, Daniel D’Auría, Luciano Elvira y Carlos Guitian.

Durante las exposiciones, la abogada Verónica Huber detalló que la sentencia original —derivada de fallos de 2010 y 2012— solo podía disponer el desalojo de una fracción de cuatro hectáreas con contrato de pastaje. Sin embargo, el oficio firmado por la magistrada interviniente provocó que la medida se ejecutara sobre la totalidad de la Matrícula 1025. Esto extendió el desalojo a una superficie aproximada de 40 hectáreas, dejando a 60 personas sin acceso a sus viviendas, cultivos, animales de cría y herramientas de trabajo.

Por su parte, los representantes originarios Héctor Fabián y Ulises Yanes expusieron el impacto del operativo, que involucró a adultos mayores, discapacitados y menores; “son daños irreparables por la actuación de 500 efectivos que nos maltrataron” sostuvo Fabián; marcando que las restricciones siguen vigentes, impidiendo el ingreso a los predios e incluso el acceso a fuentes de agua.

Respecto de las acciones judiciales, se expuso que la comunidad presentó un planteo de nulidad que fue rechazado por la magistrada interviniente bajo el argumento de que no correspondía, lo que fue calificado como un desconocimiento del derecho indígena vigente, que a su juicio es causal de jury de enjuiciamiento. Asimismo, se cuestionó que la medida fuera ejecutada el viernes previo a dos días feriados y se denunció la negativa de la jueza a constituirse en el lugar para verificar la situación, delegando la constatación de la planimetría de la finca en el personal policial.

Fabián solicitó la intermediación del Senado para agilizar la planimetría y así lograr la suspensión de la medida judicial, mientras que Yanes advirtió que la conflictividad territorial podría extenderse en el futuro a otras zonas de la región como Luracatao, Churcal y Aguas Negras. Ante este escenario, la delegación requirió la conformación de una mesa de diálogo intercultural y que se evalúe el desempeño de la justicia local, en particular del juez de paz y la magistrada que intervinieron, fundamentando que la comunidad cuenta con posesión reconocida por provincia y nación.

A su turno los legisladores lamentaron la decisión del gobierno nacional de derogar por decreto la Ley 26160 que, con sus sucesivas prórrogas, declaraba la emergencia territorial y suspendía la ejecución de sentencias de desalojo de las comunidades originarias sobre las tierras que habitan de forma actual, tradicional y pública.

Al cierre del plenario, el senador Lapad ratificó el compromiso del cuerpo de avanzar sobre las herramientas legislativas y los mecanismos de intermediación parlamentaria necesarios para frenar la vulneración de derechos en el territorio. En ese sentido, el senador Burgos aseguró que ya trabaja junto al jefe de Gabinete, Sergio Camacho y autoridades del IPPIS para articular una respuesta que permita garantizar el resguardo de las familias afectadas y establecer un marco de protección para las comunidades de la región.

Asimismo anunció la presentación junto al senador Walter Cruz de un proyecto de ley por el cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas en el territorio provincial