Senado y Poder Judicial avanzan en un plan de descentralización para acercar el servicio de justicia a los vecinos del interior

Para derribar distancias y facilitar trámites a los vecinos de zonas alejadas, el Senado y la Corte de Justicia analizaron la puesta en marcha de un Programa Piloto de oficinas judiciales remotas. Además, durante el encuentro se evaluaron los avances del nuevo Código Procesal Penal, la entrada de vigencia del nuevo régimen penal juvenil y diversos proyectos de ley orientados a optimizar el servicio de justicia en toda la provincia.

Facilitar la atención judicial y dar respuestas directas a los ciudadanos de los parajes más alejados de la provincia fue el eje central del plenario que llevó adelante este jueves el Senado junto a integrantes de la Corte de Justicia, ámbito en el que además se analizaron el avance de las reformas procesales, el esquema penal juvenil y diversas iniciativas legislativas vinculadas al servicio de justicia.

El encuentro fue encabezado por el vicegobernador, Antonio Marocco, junto a los senadores, Mashur Lapad, Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Manuel Pailler, Leonor Minetti, Carlos Guitián, Luciano Elvira, Arnaldo Altamirano, Gonzalo Caro Dávalos, Rolando Guaimás, Roque Cornejo, Sergio Saldaño, Diego Cari, Dani Nolasco, Walter Cruz y Alejandra Navarro. Por la Corte de Justicia asistieron su presidenta, Teresa Ovejero; el juez de Corte, Pablo López Viñals y el secretario letrado, Martín Wierna.

Programa de descentralización y acceso a la justicia en Santa Victoria

Durante la reunión se presentó el plan piloto aprobado mediante acordada de la Corte de Justicia para el departamento Santa Victoria, a través del cual se ponen en marcha las Oficinas de Descentralización Judicial. Equipadas con recursos humanos propios y tecnología de telepresencia, estas terminales permitirán en primer término a los vecinos de Santa Victoria Oeste realizar mediaciones, prestar declaraciones testimoniales, conectarse con defensores oficiales y cumplimentar trámites procesales directamente desde su localidad, evitando largos viajes hacia las sedes centrales y reduciendo los costos económicos de traslado.

Al respecto, Ovejero aclaró que la puesta en funcionamiento de estas oficinas no suple la investidura ni las facultades de los jueces de paz, sino que constituye una herramienta ágil y complementaria para la comunidad, señalando a la vez la conveniencia de trabajar legislativamente en la adecuación de la ley que rige a la justicia de paz.

Por su parte, el senador Altamirano celebró la próxima implementación de la acordada al remarcar que simplificará gestiones cotidianas para quienes viven en parajes distantes, mientras que el senador Cruz solicitó proyectar estas oficinas hacia Iruya, contemplando las barreras idiomáticas y la articulación con los mecanismos de justicia comunitaria indígena. Desde la Corte confirmaron que este esquema se extenderá de forma progresiva a otros puntos alejados de la provincia, en acuerdo con la comisión de justicia del Senado.

Reformas procesales, régimen penal juvenil y sistema de monitoreo

En materia penal, López Viñals realizó un balance favorable a cuatro meses de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial del Centro y ratificó que la meta de implementación en los distritos del interior está fijada para 2027. Respecto a la Ley de Juicio por Jurados, remarcó su pleno funcionamiento en toda la provincia —destacando la realización de procesos en los tribunales del centro y del norte— y planteó la posibilidad de modificar la Ley ampliando su competencia material hacia los homicidios simples.

Asimismo, se debatió sobre la inminente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, a partir del 5 de septiembre, marco normativo que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Las autoridades judiciales explicaron que se trabaja en protocolos de actuación, adecuación de los centros de alojamiento y equipos interdisciplinarios, articulando a la vez con el Ministerio de Salud Pública un esquema conjunto para brindar contención y tratamiento específico a jóvenes con problemas de adicciones y consumos problemáticos.

En relación a las consultas sobre microtráfico y la situación de las dependencias policiales formuladas por el senador D’Andrea, se indicó que ante la demora por parte de Nación, el Poder Judicial avanzará en la contratación de un servicio de monitoreo electrónico que triplicará la capacidad operativa actual (pasando de 200 a 600 dispositivos). La medida busca afianzar la prisión domiciliaria como una alternativa procesal efectiva para descomprimir comisarías y alcaidías, especialmente en las localidades del interior.

Proyectos de ley en tratamiento en la Cámara Alta

Durante el plenario, los legisladores repasaron las iniciativas parlamentarias pensadas para ampliar derechos, remover obstáculos cotidianos y garantizar que los vecinos cuenten con herramientas legales ágiles, proyectos que se encuentran en análisis y demandan un trabajo coordinado con la Justicia entre los que mencionaron:

– Programa Integral de Reinserción Social de Menores Condenados: Proyecto de ley impulsado por los senadores Navarro y Elvira, orientado a brindar asistencia integral, capacitación técnico-laboral, contención psicológica y tratamiento interdisciplinario para consumos problemáticos. En ambos casos, los autores hicieron hincapié en que la respuesta punitiva hacia los menores infractores debe complementarse de manera indispensable con políticas activas de contención y formación que eviten la reincidencia

– Prevención y protección contra estafas digitales: Iniciativa del senador Elvira para establecer un programa provincial de concientización, alertas masivas y herramientas de prevención frente a ciberdelitos y fraudes virtuales. El autor remarcó la urgencia de dotar a la Justicia y a la ciudadanía de herramientas preventivas ante el aumento de los ciberdelitos.

– Justicia de las relaciones de consumo: Proyecto presentado por el senador Enrique Cornejo, para dotar a la provincia de mecanismos específicos, ágiles y expeditivos en la resolución de litigios vinculados a los derechos de usuarios y consumidores, que se fundamenta en la necesidad de contar con un fuero especializado en relaciones de consumo que equilibre las asimetrías que sufren los usuarios en la defensa cotidiana de sus derechos frente a grandes prestadores de bienes y servicios.

– Juzgado de Personas y Familia para San Carlos: Propuesta del senador Guaimás para dar respuesta a la demanda en los Valles Calchaquíes mediante la cobertura del cargo de magistrado sobre la base funcional de las oficinas del juzgado multifuero, existente en Cafayate.

– Garantías y abordaje de la violencia familiar y de género: Iniciativa promovida por el senador Moreno para optimizar los registros, circuitos de intervención y efectividad de las medidas cautelares.

Cosmovisión y articulación

A su turno, el senador Cruz subrayó la entrada en vigencia de la “Ley Octorina” para combatir los crímenes de odio contra la población originaria y en esa línea pidió que el trabajo conjunto en nuevas legislaciones contemple la cosmovisión de la justicia originaria.

En el epílogo, el vicegobernador Marocco valoró la vocación de diálogo y la articulación sistemática entre el Senado y la Corte de Justicia, subrayando que el trabajo coordinado entre ambos poderes del Estado es la vía indispensable para consolidar reformas institucionales duraderas; mientras que los senadores Lapad y Soto destacaron la importancia de fortalecer la agenda de trabajo entre ambos poderes, articulando las herramientas que requiere la justicia, remarcando el compromiso común de derribar las desigualdades históricas del interior, transformando la cercanía del servicio de justicia en una herramienta concreta de protección, equidad y dignidad para todas las familias salteñas.