12/11/2026
– En la ciudad de Salta, a doce días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, siendo horas 13 y 35:
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Con la presencia de diecisiete señores senadores, queda abierta la Sesión Ordinaria Nº 30.
1
IZAMIENTO DE BANDERAS
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Invito al señor Senador por el departamento La Viña Jorge Pablo Soto, a izar la Bandera Nacional y al señor Senador por el departamento Santa Victoria Luis Arnaldo Altamirano, la Bandera Provincial.
– Puestos de pie los presentes, los señores Senadores Jorge Pablo Soto y Luis Arnaldo Altamirano proceden a izar las Banderas Nacional y Provincial, respectivamente. (Aplausos)
2
CONDOLENCIAS
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Señores Senadores: antes de empezar la sesión desde esta Presidencia queremos acompañar al Senador Mashur Lapad. Como sabemos, ha sufrido la pérdida de su hermana. Acompañarlo desde este lugar y de cada uno de los lugares de los senadores en este tan difícil momento para él y para toda su familia.
3
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración la Versión Taquigráfica correspondiente a la sesión del día cinco de noviembre del año dos mil veintiséis. Si no se formulan observaciones a la misma, se dará por aprobada, autenticará y archivará.
– Sin observaciones se aprueba Versión Taquigráfica de la sesión de fecha cinco de noviembre del año dos mil veintiséis.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobada.
4
ASUNTOS ENTRADOS
I
Comunicaciones del Poder Ejecutivo
Solicitud de Acuerdo para la designación del Dr. Sergio Fabián Vittar, DNI Nº 17.308.788, para el cargo de Juez de la Corte de Justicia de Salta. (Expte. Nº 90-34.791/2026)
– En virtud del art.27 inc. 9, Pase a Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.
II
Comunicaciones de la Cámara de Diputados
Comunica que en sesión celebrada el día 27 de octubre del corriente año, ha dado sanción definitiva al proyecto de ley nuevamente en revisión, que gira bajo Expte. N° 91- 52.440/2025: Obligatoriedad para el organizador de disponer de puestos de hidratación para la provisión de agua potable en todo espectáculo musical, recital o reunión bailable de carácter masivo en el territorio de la Provincia.
– A sus Antecedentes.
III
Dictámenes de Comisiones
De Obras Públicas e Industria:
Proyecto de declaración del señor Senador Daniel Moreno Ovalle, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, disponga las medidas y recursos necesarios para la ejecución de obras y tareas de conexión domiciliaria a la red cloacal del municipio Vaqueros, departamento La Caldera, incluyendo las gestiones para obtención de financiamiento con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Expte. N° 90-34.679/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Gonzalo Caro Dávalos, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, disponga las medidas y recursos necesarios para tareas de reparación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de 700 luminarias en Circunvalación Sureste, desde el predio del Hotel de La Liga hasta el cruce con la Ruta Nacional 68 y desde dicho cruce hasta el empalme con la Ruta Provincial 21, y reposición de 50 luminarias de la Ruta Provincial 21 hasta el paraje El Huayco en el municipio San José de los Cerrillos. (Expte. N° 90-34.706/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Gonzalo Caro Dávalos, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, disponga las medidas y recursos necesarios para la intervención del acueducto ubicado a la vera de la Ruta Provincial 23 para el correcto escurrimiento durante la próxima época estival a la altura de los barrios Santa Teresita, Nuestra Señora del Huerto y Juan Pablo ll. (Expte. N° 90-34.707/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Gonzalo Caro Dávalos, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, disponga las medidas y recursos necesarios para la intervención del acueducto ubicado a la vera de la Ruta Provincial 21 desde los barrios Cielos del Sur y Las Palmas hasta el ingreso al barrio Los Arcos y Finca La Promisión, camino a San Agustín. (Expte. N° 90-34.708/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Enrique Cornejo Saravia, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, suscriba convenio de cooperación con la Municipalidad de General Güemes a los efectos de concretar el financiamiento y la colaboración técnica necesaria para la ejecución de obras y tareas de refuncionalización de la plaza del barrio El Cruce de dicha localidad. (Expte. N° 90-34.709/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Enrique Cornejo Saravia, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, suscriba convenio de cooperación con la Municipalidad de Campo Santo a fin de coordinar esfuerzos para financiamiento de la construcción de parque de juegos en el paraje Cabeza de Buey, departamento General Güemes. (Expte. N° 90-34.710/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Enrique Cornejo Saravia, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, suscriba convenio de cooperación con la municipalidad de El Bordo con el objeto de coordinar esfuerzos para el financiamiento y colaboración técnica en obras y tareas de refuncionalización de la plaza del barrio Juan Pablo II de dicha localidad. (Expte. N° 90-34.711/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Mashur Lapad, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Nº 4783 Cacique N’on’ehen David González, del paraje La Estrella – Misión La Paz – comunidad originaria “La Nueva Estrella” del municipio Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. (Expte. N° 90-34.714/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Mashur Lapad, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, la construcción de planta para tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos por cada municipio del departamento Rivadavia -Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur-. (Expte. N° 90-34.715/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Carlos Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, disponga la firma de un convenio con el municipio San Antonio de los Cobres, departamento Los Andes, para obras y tareas de instalación de puntos de monitoreo y videovigilancia para control y prevención de delitos, integrados al Sistema de Emergencias 911, incluyendo puntos de captura en los accesos viales de Ruta Nacional 51 y Ruta Provincial 40. (Expte. N° 90-34.725/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Walter Cruz, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, la construcción de un edificio propio para el Colegio Secundario Rural Nº 5228 de la comunidad Isla de Cañas, municipio Iruya. (Expte. N° 90-34.729/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Walter Cruz, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, la creación y construcción de una nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial y Primario en la comunidad La Banda del municipio Iruya. (Expte. N° 90-34.730/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Walter Cruz, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, las obras y tareas complementarias para la construcción de un relleno sanitario en el pueblo de Iruya. (Expte. N° 90-34.731/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Walter Cruz, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, las obras y tareas complementarias para la construcción de un relleno sanitario para la comunidad de Rodeo Colorado, municipio Iruya. (Expte. N° 90-34.732/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Roque Cornejo Avellaneda, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, la ampliación y refacción del Centro de Salud de la localidad La Silleta, municipio Campo Quijano, departamento Rosario de Lerma. (Expte. N° 90-34.742/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración de la señora Senadora Leonor Minetti, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, la construcción de la red de cloacas y asimismo de una planta depuradora de líquidos cloacales para la localidad Campo Quijano, departamento Rosario de Lerma. (Expte. N° 90-34.749/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración de la señora Senadora Leonor Minetti, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, disponga las medidas y recursos necesarios para la verificación estructural y de nivel, incluyendo tareas de desagote del pozo ciego ubicado en las inmediaciones del puesto de salud del paraje El Rosal, departamento Rosario de Lerma. (Expte. N° 90-34.753/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyecto de declaración del señor Senador Mashur Lapad, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Obras Públicas y del Ministerio de Educación y Cultura, disponga las medidas y recursos necesarios para la construcción de una sala de Nivel Inicial en la Escuela N° 4798 de la comunidad originaria El Cañaveral, municipio Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. (Expte. N° 90-34.758/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
De Turismo y Deportes:
Proyecto de resolución del señor Senador Héctor Daniel D’Auria, declarando de Interés de esta Cámara, el 4to. Campeonato de Fútbol Femenino “Benditas las Mujeres”, a realizarse en la ciudad de San José de Metán. (Expte. N° 90-34.671/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
De Homenaje:
Proyecto de resolución del señor Senador Dani Nolasco, rindiendo homenaje y expresando el más profundo reconocimiento a la joven salteña Victoria Francesca Garofali Di Mauro, por haberse consagrado ganadora en el 18º Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”. (Expte. N° 90-34.736/2026)
– Al Orden del Día de la próxima sesión.
IV
Proyectos de Ley
Del señor Senador Esteban D’Andrea Cornejo y señor Diputado David Emmanuel Ayón, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 43,53% del inmueble Matrícula N° 345, y la totalidad del inmueble Matrícula N° 351 del municipio de Chicoana, departamento Chicoana, donde se asienta el complejo de 89 viviendas sociales en el barrio denominado Juan Pablo II. (Expte. Nº 90-34.808/2026)
– A la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional.
Del señor Senador Manuel Pailler, por el cual se crea el Plan Provincial de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. (Expte. Nº 90-34.809/2026)
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Tiene la palabra el señor Senador por el departamento General San Martín.
Sen. Pailler.- Señor Presidente: solicito que me acompañe como coautor del proyecto el señor Senador Enrique Cornejo Saravia por el departamento General Güemes.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado.
V
Proyectos de Resolución
De los señores Senadores Juan Cruz Curá y Manuel Pailler, que conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución de la provincia de Salta y el artículo 149 del Reglamento de este Cuerpo, se requiera a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en un plazo de diez (10) días, informe y remita la documentación respaldatoria correspondiente respecto de la reciente aparición de peces muertos en los ríos Bermejo y Colorado, en jurisdicción del departamento Orán. (Expte. Nº 90-34.811/2026)
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Corresponde tratamiento inmediato.
De la señora Senadora Leonor Minetti, declarando de Interés de esta Cámara, las actividades a realizarse con motivo de conmemorarse la fiesta patronal en honor a San Bernardo Abad y la Virgen del Valle, a llevarse a cabo el día 14 de noviembre de 2026 en el paraje Las Cuevas, municipio Campo Quijano. (Expte. Nº 90-34.801/2026)
Del señor Senador Manrique Burgos, declarando de Interés de esta Cámara, el “30° Aniversario del Parque Nacional Los Cardones”, creado oficialmente el 20 de noviembre de 1996 mediante la Ley Nacional 24737, en el municipio Payogasta, departamento Cachi. (Expte. Nº 90-34.806/2026)
Del señor Senador Manrique Burgos, declarando de Interés de esta Cámara, el 15° Aniversario del grupo Musical “Los kjarkis” Fuerza Joven, por su destacada trayectoria y aporte a la música del Noroeste argentino y por su contribución al acervo cultural de Cachi. Interpretando diferentes ritmos musicales a través de la música folclórica nacional y andina con su fusión con pop-rock. (Expte. Nº 90-34.807/2026)
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Se reservan en Secretaría.
Del señor Senador Roque Cornejo Avellaneda, declarando de Interés de esta Cámara, el libro “Ley 7324. Mediación de la provincia de Salta Análisis práctico y comentarios a la Ley y su Reglamentación”, cuya autora es la Dra. Ana Josefina Lo Giúdice. (Expte. Nº 90-34.810/2026)
– A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
VI
Proyectos de Declaración
Del señor Senador Juan Cruz Curá, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Plan de Trabajos Públicos del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, las partidas presupuestarias necesarias para la construcción de un tinglado destinado a cubrir el patio de la Escuela Nº 4701 “Ciudad de Orán”, ubicada en la ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, departamento Orán. (Expte. Nº 90-34.788/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
Del señor Senador Juan Cruz Curá, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios administrativos, presupuestarios y legales necesarios para agilizar y concretar las designaciones de personal pendientes en el Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán. (Expte. Nº 90-34.789/2026)
– A la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.
Del señor Senador Juan Cruz Curá, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios necesarios para disponer la asignación de personal docente, psicopedagógico y profesionales de apoyo interdisciplinario a la Casa Divina Providencia de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán. (Expte. Nº 90-34.790/2026)
– A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del señor Senador Carlos Nicolás Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los mecanismos y recursos necesarios a los efectos de que se incorpore en el Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, diversos aportes en materia de seguridad, para el municipio Tolar Grande, departamento Los Andes. (Expte. Nº 90-34.792/2026)
– A la Comisión de Economía, Finanzas Publicas, Hacienda y Presupuesto.
Del señor Senador Carlos Nicolás Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los mecanismos y recursos necesarios a los efectos de que se incorpore en el Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, diversos aportes en materia de educación, para el municipio Tolar Grande. (Expte. Nº 90-34.793/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
Del señor Senador Carlos Nicolás Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los mecanismos y recursos necesarios a los efectos de que se incorpore en el Plan de Obras Públicas, Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, diversos aportes en materia de infraestructura, para el municipio Tolar Grande, departamento Los Andes. (Expte. Nº 90-34.794/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
Del señor Senador Carlos Nicolas Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los mecanismos y recursos necesarios a los efectos de que se incorpore en el Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, diversos aportes en materia de salud, para el municipio Tolar Grande, departamento Los Andes. (Expte. Nº 90-34.795/2026)
– A la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.
Del señor Senador Carlos Nicolas Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los mecanismos y recursos necesarios a los efectos de que se incorpore en el Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, los siguientes aportes en materia de infraestructura, para el municipio San Antonio de los Cobres, departamento Los Andes. (Expte. Nº 90-34.796/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
Del señor Senador Carlos Nicolas Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los mecanismos y recursos necesarios a los efectos de que se incorpore en el Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, diversos aportes en materia de seguridad, para el municipio San Antonio de los Cobres, departamento Los Andes. (Expte. Nº 90-34.797/2026)
– A la Comisión de Economía, Finanzas Publicas, Hacienda y Presupuesto.
Del señor Senador Carlos Nicolas Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los mecanismos y recursos necesarios a los efectos de que se incorpore en el Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, diversos aportes en materia de educación, para el municipio San Antonio de los Cobres, departamento Los Andes. (Expte. Nº 90-34.798/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
Del señor Senador Carlos Nicolas Guitián, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los mecanismos y recursos necesarios a los efectos de que se incorpore en el Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, diversos aportes en materia de salud, para el municipio San Antonio de los Cobres, departamento Los Andes. (Expte. Nº 90-34.799/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
De la señora Senadora Leonor Minetti, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incorpore al Presupuesto 2027 de la Provincia, la construcción de un mercado municipal en Campo Quijano, en el inmueble ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y 25 de Mayo, departamento Rosario de Lerma. (Expte. Nº 90-34.800/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
De la señora Senadora Leonor Minetti, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, arbitre los medios necesarios a fin de incorporar al Presupuesto 2027 de la Provincia, la adquisición de cuatro motocicletas destinadas al área de Tránsito y Seguridad Vial del departamento Rosario de Lerma. (Expte. Nº 90-34.802/2026)
– A la Comisión de Economía, Finanzas Publicas, Hacienda y Presupuesto.
De la señora Senadora Leonor Minetti, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos y del Ministerio de Infraestructura, incorpore al Presupuesto 2027 de la Provincia, la ampliación de la capacidad de los cementerios de Campo Quijano y de La Silleta, ubicados en el municipio Campo Quijano, departamento Rosario de Lerma. (Expte. Nº 90-34.803/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
De la señora Senadora Leonor Minetti, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos que correspondan, evalúe la factibilidad y realice un proyecto para la construcción de un nuevo cementerio municipal en el municipio Campo Quijano, departamento Rosario de Lerma. (Expte. Nº 90-34.804/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
Del señor Senador Carlos López, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, disponga medidas para incorporación de dos profesionales de enfermería en el Centro de Salud de La Candelaria. (Expte. Nº 90-34.805/2026)
– A la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.
Del señor Senador Manuel Pailler, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, incorpore al Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2027, las partidas necesarias para la ejecución de diversas obras en el departamento General San Martín. (Expte. Nº 90-34.812/2026)
– A la Comisión de Obras Públicas e Industria.
Del señor Senador Carlos López, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, disponga las medidas y recursos necesarios para la incorporación de un profesional de enfermería al puesto sanitario de El Ceibal. (Expte. Nº 90-34.813/2026)
– A la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.
Del señor Senador Mashur Lapad, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación y Cultura, arbitre las medidas necesarias a los fines que se incluya en Presupuesto 2027 de la Provincia, la creación de una “Extensión Áulica del Instituto de Educación Superior Nº 6050 de Santa Victoria Este, para que ese Anexo funcione en la localidad de Alto La Sierra. (Expte. Nº 90-34.814/2026)
– A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del señor Senador Mashur Lapad, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, arbitre las medidas necesarias a los fines que se incorpore en el Presupuesto 2027 de la Provincia, la creación e implementación de una “Extensión Áulica” del Instituto de Educación Superior N° 6011 de Coronel Juan Solá-Morillo, para funcione en Los Blancos, municipio Rivadavia Banda Norte. (Expte. Nº 90-34.815/2026)
– A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
5
LICENCIAS
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Los señores Senadores Gonzalo Caro Dávalos, Carlos Nicolás Guitián y Mashur Lapad, solicitan se justifique su inasistencia a la sesión del día de la fecha. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobadas.
6
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Este es el momento dedicado a los homenajes que los señores senadores propongan realizar.
Tiene la palabra la señora Senadora por el departamento Anta.
Sen. Navarro.- Señor Presidente: quiero reconocer en este momento las Jornadas sobre Adopción que se desarrollaron en el día de hoy en la Usina Cultural de nuestra ciudad de Salta, jornadas donde se habló sobre adopción, organizadas por el Poder Judicial de la provincia de Salta. El objetivo fue tan simple como profundo, como es derribar prejuicios y acercar información a quienes están pensando en sumar un hijo o una hija a su familia.
Según un informe presentado, desde el año 2014 a este año, 2026, cuatrocientos catorce niños, niñas y adolescentes fueron entregados en guarda con fines de adopción; doscientas ochenta y cuatro familias concretaron este proceso adoptivo. Actualmente en la provincia de Salta hay cuarenta y seis niños, niñas y adolescentes que integran convocatorias públicas de adopción. Son cuarenta y seis historias, cuarenta y seis esperas. Y también tenemos que decirlo, no se trata en su mayoría de bebés, a algunos son grupos de hermanos que no quieren separarse, otros son un poco más grandes, hay adolescentes y también hay chicos con discapacidad, con enfermedades crónicas. Y a todos ellos encontrar una familia se vuelve una carrera de obstáculos. Sin embargo, lo que piden no es nada extraordinario para la mayoría de nosotros. Piden una familia. Estos chicos y chicas que están privados de sus cuidados parentales necesitan restaurar un derecho tan básico como el derecho humano a vivir en familia. Y restaurar un derecho, mire estamos hablando de una restauración y estamos hablando de derecho, lo cual no debiera ser un privilegio, porque es un derecho humano.
Señor Presidente, la adopción no es un acto de caridad, no es hacerle un favor a un niño, a una niña o a un adolescente. Es reconocer que ese chico tiene derecho a crecer en una familia, a tener un hogar, a tener un apellido, a que lo abracen, a tener a alguien que lo espere a la salida de la escuela, a que le pregunten cómo le fue, a que lo cuiden cuando están enfermos. Y también hay que reconocer que hay muchos adultos en Salta que tienen mucho amor para dar, que tienen un lugar en su casa, que tienen un lugar en su vida, pero que a veces no se animan a iniciar este proceso de adopción porque tienen miedos, porque tienen prejuicios, porque creen que el trámite es imposible o que es difícil, porque creen que no van a poder.
Para eso sirven estas jornadas, para que se informen, para que pregunten, para que se animen, para que sepan que adoptar es posible. Porque no existen familias perfectas, existen familias reales, con verdadero amor para entregar.
Por eso quiero reconocer a quienes tuvieron la iniciativa de organizar estas jornadas, a los equipos técnicos del Poder Judicial, a los equipos interdisciplinarios que acompañan a los chicos que están en proceso de adopción, a las familias, pero sobre todo a esas cuarenta y seis historias de los que esperan. Hacer un reconocimiento a las familias adoptivas también, que nos enseñan todos los días que las familias no se definen por la sangre, se definen por el amor y por la decisión que tomaron de cuidar a alguien que no tiene tu misma sangre.
Ojalá, señor Presidente, que después de hoy más salteñas y salteños se animen a dar este gran paso, abran las puertas de su casa pensando en esos cuarenta y seis niños, niñas y adolescentes que esperan con los brazos abiertos que los acojan. Esos niños están esperando que les digan: “vos sos mi hijo, vos sos mi hija y esta es tu casa”.
Por eso, espero que con este sencillo reconocimiento a estas jornadas desde el Senado podamos hacer un llamado a la conciencia. Ojalá que para esa gente que tenga ese anhelo de ser padres, madres, y recibir en su casa a alguien que tanto espera de ese amor, nosotros podamos ser el medio por el cual los animemos a dar este paso. Celebro esta jornada y reitero esto.
Solicito también, señor Presidente, que está adhesión quede registrada en el Diario de Sesiones y que podamos elevar la Versión Taquigráfica de este homenaje con una nota a la Corte de Justicia y a la Secretaría Tutelar del Poder Judicial de Salta y decirle que en este Senado estamos todos dispuestos a colaborar en lo que esté a nuestro alcance para que más familias den este paso y que estos chicos que esperan tanto del amor encuentren ese sueño y ese refugio que tanto necesitan.
Gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Se va a proceder de acuerdo a su moción.
Tiene la palabra el señor Senador por el departamento Rosario de la Frontera.
Sen. Elvira.- Señor Presidente, colegas senadores: quiero aprovechar este espacio de homenajes para referirme a un acontecimiento muy significativo para nuestro País, la visita de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina. Una visita que transcendió lo religioso porque sus palabras dejaron un mensaje para toda la sociedad argentina y especialmente para quienes tenemos responsabilidades públicas.
El Santo Padre nos invitó a reflexionar sobre los valores fundamentales, la dignidad humana, la justicia social, el trabajo, le educación, la solidaridad y la necesidad de construir una sociedad donde nadie quede afuera.
Y hay un concepto de enseñanza que considero fundamental, señor Presidente, “la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”. Porque una nación, una provincia, un municipio no puede medirse solamente por sus números, sus indicadores o sus equilibrios financieros, también debe medirse por la posibilidad de que sus familias lleguen dignamente a fin de mes, por el acceso a la salud y a la educación, por las oportunidades para nuestros jóvenes y por el trabajo de nuestra gente.
Ordenar las cuentas públicas es importante, pero nunca debemos olvidar que detrás de cada decisión económica hay personas, familias y comunidades.
No hay verdadero desarrollo si dejamos atrás a los más vulnerables, si nos olvidamos del interior profundo o si perdemos de vista el objetivo de que toda política pública debe mejorar la vida de la gente.
Señor Presidente, también quiero destacar la continuidad entre León XIV y el legado de nuestro querido Papa Francisco. Durante su visita, León XIV recuperó muchas de las enseñanzas de Francisco, que dejó en la Argentina y en el mundo: la defensa de los humildes, la dignidad de los trabajadores, la fraternidad y aquella consigna que marcó su pontificado “tierra, techo y trabajo”.
Dos pontificados, dos estilos personales, pero una misma preocupación por la dignidad humana y por quienes más necesitan. Y creo que el mejor homenaje a Francisco es que esas enseñanzas sigan vivas y se transformen en acciones concretas.
Quiero también expresar mi reconocimiento a todas las delegaciones salteñas que participaron de esta histórica visita, a las comunidades, instituciones, jóvenes y peregrinos que llevaron presencia de nuestra Provincia, y muy especialmente quiero destacar a la delegación de Rosario de la Frontera, a nuestra gente, que desde el sur de Salta se hizo presente llevando su fe, sus valores y el orgullo de pertenecer a nuestra tierra.
Finalmente, señor Presidente, creo que este acontecimiento nos deja una responsabilidad, escuchar estos mensajes y llevarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestras instituciones y a nuestra tarea pública.
Que el mensaje de León XIV, el legado de Francisco y la fe de nuestro pueblo nos ayuden a no perder nunca la sensibilidad frente al dolor ajeno, porque la verdadera grandeza de una sociedad no está solamente en lo que produce o en lo que tiene, sino también en cómo trata a sus ciudadanos, especialmente a los que más necesitan.
Muchas gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Tiene la palabra la señora Senadora por el departamento Rosario de Lerma.
Sen. Minetti.- Señor Presidente: hoy quiero traer a esta Cámara un hecho que me llena de profunda alegría, pero por sobre todas las cosas un acto de estricta justicia social, que se vivió en mi querido municipio de Rosario de Lerma. Recientemente, noventa y tres familias rosarinas cumplieron el sueño más anhelado de sus vidas, recibir las llaves de su casa propia. Pero cuando hablamos de este logro no estamos hablando simplemente de una cifra fría ni de noventa y tres viviendas construidas, hablamos de noventa y tres historias de vida, de madres y padres trabajadores, de abuelos y, por sobre todas las cosas, de cientos de niños que hoy tienen un techo digno donde crecer, estudiar, jugar seguros.
Detrás de estas sonrisas, de esas lágrimas de emoción y de cada brazo que pudimos presenciar hay un largo camino de lucha, de incertidumbre y finalmente de firme convicción política.
Como bien sabemos, estas viviendas sufrieron la paralización de las obras debido al recorte de fondos y abandono del financiamiento por parte de Nación. Parecía que el sueño de tantos vecinos quedaba trunco. Sin embargo, en Rosario de Lerma no bajamos los brazos. Tocamos todas las puertas necesarias porque sabíamos que no podíamos dejar a nuestras familias a la deriva y obtuvimos respuestas. Encontramos en nuestro Gobernador, el Doctor Gustavo Sáenz, a un mandatario profundamente federal, que entiende que Salta no empieza ni termina en la Capital. Con una decisión política firme, priorizando las necesidades de la gente, pero por sobre los tironeos económicos y políticos, el Gobernador determinó que la Provincia se haría cargo de los recursos necesarios para reactivar y finalizar la obra.
Eso es un gobierno presente, eso es pasar de palabras a los hechos.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Tiene la palabra el señor Senador por el departamento Orán.
Sen. Curá.- Señor Presidente: quiero también, en la misma línea que la Senadora por Anta, hacer un reconocimiento. Estamos transitando la Semana de la Adopción, el día 9 de noviembre se ha conmemorado el Día Mundial de la Adopción. Así que comparto también las palabras de la Senadora.
Hoy tuve la posibilidad de participar en esta Jornada de Adopción que ha realizado la Corte de nuestra Provincia, contando cada una de las historias, las familias. Me parece muy importante la articulación de lo que es el Estado en sus diferentes estamentos, poder articular institucionalmente para este tema que es tan sensible, tan importante, que es la familia.
Ya la Senadora hablaba de lo que son las cifras en nuestra Provincia, de que cada uno de estos números no son números, sino que es una familia, es una historia que está a través de ellas.
También destacar que nosotros desde esta Cámara hemos dado media sanción a un proyecto de ley, junto a la Senadora por Anta hemos trabajado para que se pueda dar más difusión de todos los niños, niñas y adolescentes que están esperando una familia. Este proyecto ha pasado a la Cámara de Diputados, sabemos que tuvo algunas modificaciones, que seguramente las vamos a analizar nuevamente. Si estas modificaciones enriquecen y mejoran el proyecto, bienvenidas sean, para dar a un tema sensible mayor visibilidad y mayor difusión que es en definitiva el objetivo que nos hemos propuesto.
Quiero cerrar con una reflexión, que la adopción no se trata solamente de encontrar un niño para una familia, sino fundamentalmente de encontrar una familia para un niño que la necesita.
Muchas gracias, señor Presidente.
7
ASUNTOS INGRESADOS DURANTE LA SESIÓN
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Este es el momento en que los señores senadores pueden presentar los asuntos que consideren necesario su ingreso en la presente sesión.
Tiene la palabra el señor Senador por el departamento La Viña.
Sen. Soto.- Señor Presidente: solicito el ingreso de un dictamen de la Comisión de Justicia referido a un pliego remitido por el Poder Ejecutivo y Sesión Especial para el tratamiento del mismo.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración la moción. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobada.
Dictamen de Comisión
De Justicia, Acuerdos y Designaciones:
En el pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación del Doctor Sergio Fabián Vittar para el cargo de Juez de la Corte de Justicia de Salta. (Expte. Nº 90-34.791/2026)
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Se reserva en Secretaría para ser tratado en Sesión Especial.
Proyectos de Resolución
Del señor Senador Gonzalo Caro Dávalos, declarando de Interés la “IV Edición de Tranqueras Abiertas”, organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (Expte. Nº 90-34.816/2026)
Del señor Senador Gonzalo Caro Dávalos, declarando de Interés a celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Martín de Tours, en el paraje El Huaico, jurisdicción del municipio de La Merced. (Expte. Nº 90-34.817/2026)
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración el ingreso. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado.
En consideración el tratamiento sobre tablas. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado. Se reservan en Secretaría.
Del señor Senador Daniel Moreno Ovalle, declarando de Interés Legislativo la creación de la denominada “Ruta de los Diques”, iniciativa orientada a la puesta en valor y promoción turística de los embalses provinciales. (Expte. Nº 90-34.818/2026)
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración el ingreso. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado. Pasa a la Comisión de Turismo y Deportes
Corresponde considerar los asuntos de tratamiento inmediato.
8
PEDIDO DE INFORME A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Sr. Secretario (López Mirau).- Expte. Nº 90-34.811/2026. Proyecto de Resolución.
LA CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SALTA
R E S U E L V E
Artículo 1º.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución de la provincia de Salta y el artículo 149 del Reglamento de este Cuerpo, se requiera a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta que, en un plazo de diez (10) días, informe y remita la documentación respaldatoria correspondiente respecto de la reciente aparición de peces muertos en los ríos Bermejo y Colorado, en jurisdicción del departamento Orán.
A tal efecto, se solicita informar:
- Denuncias y actuaciones: Si la Secretaría ha recibido denuncias, reclamos o comunicaciones relacionadas con la mortandad de peces registrada durante los meses de octubre y noviembre de 2026 en los ríos Bermejo y Colorado, indicando fechas, lugares y actuaciones administrativas iniciadas.
- Inspecciones ambientales: Si se realizaron inspecciones, relevamientos o procedimientos de fiscalización en los sectores afectados, detallando fechas, organismos intervinientes y resultados obtenidos, con remisión de las actas correspondientes.
- Análisis de calidad del agua: Si se efectuaron tomas de muestras y análisis físicos, químicos y biológicos del agua, indicando los parámetros evaluados, especialmente oxígeno disuelto, demanda bioquímica y química de oxígeno, ph, temperatura y presencia de sustancias potencialmente contaminantes. Se solicita adjuntar los resultados de laboratorio.
- Posibles causas: Si existen informes técnicos que permitan determinar las posibles causas de la mortandad de peces y si se ha identificado alguna alteración ambiental que pudiera estar relacionada con vertidos industriales, agrícolas u otras fuentes de contaminación.
- Controles a la empresa Seaboard: Si la Secretaría ha realizado inspecciones y controles ambientales durante los años 2025 y 2026 a la empresa Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L., operadora del ingenio San Martín del Tabacal, particularmente respecto del tratamiento, almacenamiento y disposición de sus efluentes industriales y vinaza, indicando los resultados obtenidos.
- Autorizaciones y cumplimiento ambiental: Si la mencionada empresa cuenta con las autorizaciones ambientales correspondientes para el tratamiento y disposición de sus efluentes, y si se han detectado incumplimientos de la normativa ambiental vigente.
- Antecedentes y sanciones: Si existen antecedentes de denuncias, procedimientos administrativos, infracciones o sanciones ambientales vinculados con posibles vertidos de efluentes provenientes del establecimiento industrial durante los últimos cinco (5) años.
- Medidas preventivas: Qué medidas de prevención, control, mitigación o recomposición ambiental se han adoptado o se encuentran previstas para proteger la calidad del agua, la fauna ictícola y los ecosistemas de los ríos Bermejo y Colorado.
- Coordinación institucional: Si se han desarrollado actuaciones conjuntas con la Secretaría de Recursos Hídricos, organismos nacionales, municipios involucrados u otras instituciones competentes para investigar los hechos denunciados.
Art. 2º.- Registrar, Comunicar y Archivar.
Juan Cruz Curá – Manuel Pailler
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración el proyecto. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Corresponde considerar los asuntos que la Cámara ha resuelto tratar sobre tablas.
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DECLARACIÓN DE INTERÉS DE DIVERSOS EVENTOS
Sr. Secretario (López Mirau).- Se encuentran reservados para su tratamiento sobre tablas los siguientes proyectos de Resolución:
Expte. Nº 90-34.816/2026. Del señor Senador Gonzalo Caro Dávalos, declarando de Interés, la “IV Edición de Tranqueras Abiertas”, organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Expte. Nº 90-34.817/2026. Del señor Senador Gonzalo Caro Dávalos, declarando de Interés de esta Cámara, la celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Martín de Tours, en el paraje El Huaico, jurisdicción del municipio de La Merced.
Expte. Nº 90-34.801/2026. De la señora Senadora Leonor Minetti, declarando de Interés de esta Cámara, las actividades a realizarse con motivo de conmemorarse la fiesta patronal en honor a San Bernardo de Abad y la Virgen del Valle, en Campo Quijano.
Expte. Nº 90-34.806/2026. Del señor Senador Manrique Burgos, declarando de Interés de esta Cámara, el “30° Aniversario del Parque Nacional los Cardones”, departamento Cachi.
Expte. Nº 90-34.807/2026. Del señor Senador Manrique Burgos, declarando de Interés de esta Cámara, el 15° Aniversario del grupo Musical “Los kjarkis” Fuerza Joven, por su destacada trayectoria y aporte a la música del Noroeste Argentino y por su contribución al acervo cultural de Cachi.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración el tratamiento sobre tablas. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado.
Si algún Senador quiere hacer mención a estos proyectos, pida la palabra.
En consideración los proyectos. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobados.
Corresponde considerar los asuntos incluidos en el Orden del Día Nº 27/2026.
10
AUTORIZAR LA ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES DE TITULARIDAD DE SALTA FORESTAL S.A.
Sr. Secretario (López Mirau).- Exptes. Nros 90-34.763/2026 y 90-34.653/2026 – acumulados. Dictamen de Comisión.
La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, ha considerado el proyecto de ley de la señora Senadora Alejandra Navarro, por el cual se autoriza en el marco del régimen de regularización dominial establecido por Ley 8500, a efectuarse las adjudicaciones en propiedad de los inmuebles de titularidad de Salta Forestal S.A. a favor de los ocupantes beneficiarios; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la acumulación del Expte. Nº 90-34.653/2026, y su aprobación.
Sala de la Comisión, 4 de noviembre de 2026.
Dani Nolasco – Jorge Soto – Daniel Moreno Ovalle – Diego Cari – Mashur Lapad – Alejandra Navarro
Miembro informante: Senadora Alejandra Beatriz Navarro.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Tiene la palabra la señora Senadora por el departamento Anta.
Sen. Navarro.- Señor Presidente: parecía hace unos años imposible estar tratando el proyecto que hoy nos convoca a todos en esta Cámara de Senadores. Y mire, por muy presuntuoso que esto parezca, hoy nos convoca la vida de diecisiete familias que durante generaciones han cuidado un territorio que el Estado primero les reconoció como ocupantes y que luego la lógica de la especulación y la desidia transformaron en una deuda moral y jurídica en el interior más profundo de Salta.
Aprobar esta primera ley de transferencia de dominio no es un acto de generosidad, es el cumplimiento estricto de un mandato que esta misma Legislatura se impuso hace un año al sancionar la Ley 8500, y es fundamentalmente el primer paso real para saldar una historia de despojo que comenzó mucho antes de que la empresa existiera y que hoy nos convoca.
Para entender por qué estas diecisiete familias deben recibir sus títulos, es necesario remontarse a un tiempo anterior, a 1974. El territorio que hoy administra Salta Forestal S.A. -y hablamos de los lotes fiscales 35 y 36 del departamento Anta- ya estaba habitado por familias criollas dedicadas a la ganadería de monte, mucho antes de que el Estado provincial decidiera crear una sociedad anónima para explotar sus bosques.
Los registros y los propios funcionarios de la empresa reconocen que hay familias que ocupan estos puestos hace más de cien años. Algunos incluso hablan de la década de 1920. Es decir que cuando en 1974 se sanciona la ley que crea Salta Forestal, el Estado no partió de un lote baldío, partió de un territorio vivo, habitado por puesteros que producían, como lo siguen haciendo hasta el día de hoy, producían con su trabajo, sin títulos formales, pero con una posesión pacífica y continuada que la propia empresa reconoce.
La creación de la Sociedad Anónima estatal, primero, y la posterior entrega de estas mismas tierras en concesiones a grandes grupos privados, después, no hicieron más que consolidar una injusticia preexistente, la de tratar a los habitantes históricos como intrusos en tierras en las que sus abuelos ya vivían y que ya ocupaban.
La empresa estatal pasó por un proceso de vaciamiento y privatización de hecho. A fines de los años 90 y comienzos de los años 2000, la explotación de sus tierras fue cedida a concesionarios privados, y fue en ese marco donde la violencia del despojo se hizo carne. Como lo denuncié en varias oportunidades en la Cámara de Diputados y también en esta Legislatura, hubo momentos en que las topadoras arrasaban con las casas y con los animales y las familias eran expulsadas de sus campos. Esa es la historia que hoy vivimos y que hoy, en este acto, comenzamos a reparar.
Frente a esta realidad, la Legislatura de Salta sanciona en julio del año 2025 la Ley Provincial Nº 8500, que en su artículo 1º fija un objetivo inequívoco “consolidar la situación dominial de los ocupantes de predios de Salta Forestal S.A.” En su artículo 2º establece el mecanismo con una claridad que no admite dilaciones, “Salta Forestal debe relevar a los ocupantes y formalizar los acuerdos de transferencia de dominio, la que quedará sujeta a la aprobación por ley”. Hoy iniciamos este camino. El artículo 4º agrega que “los convenios que reúnan las condiciones serán ratificados por ley”.
Lo que hoy tenemos ante nosotros es precisamente el primer fruto de esos relevamientos y de la labor técnica y jurídica que la ley ordenó. Diecisiete familias han sido debidamente relevadas, sus actas certificadas y sus situaciones verificadas por la Escribanía de Gobierno y los equipos técnicos de la empresa.
Señor Presidente, no se trata de un acto discrecional del Poder Ejecutivo ni de un privilegio. Se trata de la primera etapa de un universo mucho mayor. Hablamos de ciento diez puestos, pero es una etapa que para existir necesita de esta sanción legislativa. Sin la ley de esta Cámara, estos convenios no tienen validez. Con ella, diecisiete familias dejan de ser ocupantes para convertirse en propietarias con títulos y con seguridad jurídica. Esa seguridad que tanto se pregona, no a favor de los puesteros, sino a favor de las empresas que no cumplieron con las concesiones y los pagos de cánones estipulados.
Quienes tenemos responsabilidad legislativa no podemos ignorar que la cuestión de la tierra interpela las convicciones más profundas de nuestro pueblo. El Papa Francisco, cuya voz nos sigue interpelando, ha enseñado que “la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos”. No se trata de una consigna ideológica, sino de una verdad de nuestro pueblo. La tierra fue dada para el conjunto de la humanidad y no es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios.
Francisco ha sido aún más preciso: “todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde puede establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino real”. Y ha sintetizado el horizonte de la justicia social. Sí, señor Presidente, hablamos de justicia social, en una frase que debería resonar en cada banca de esta Cámara: “ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo”.
Hace unos días recibimos en nuestro País la feliz visita del Papa León XIV, quien ha reafirmado que “la tierra, el techo y el trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar” y ha denunciado con una crudeza evangélica la lógica que ha regido durante demasiado tiempo en territorios como el nuestro, “la riqueza de la tierra está en manos de unos pocos, demasiado pocos, cada vez más concentrada injustamente en manos de quienes a menudo no quieren escuchar el gemido de la tierra y de los más pobres”. Frente a esta realidad, León XIV ha recordado el destino universal de los bienes, “Dios ha destinado a todos los bienes de la creación para que todos participen de ellos. Nuestra tarea es generarlos.”
A la luz de esas palabras, la aprobación de la transferencia de dominio a estas diecisiete familias no es un acto de sacarle al Estado ni a los concesionarios, es un acto de generar seguridad jurídica para quienes producen, para quienes viven, para quienes están arraigados en esas tierras y evitar la expulsión hacia los cordones de pobreza. Esto genera condiciones para que la tierra cumpla su función social, que no es otra cosa que la de sostener la vida de quienes la trabajan. “La tierra es de quienes la trabajan.”
La ley establece además la superficie que no puede superar las mil doscientas hectáreas, la tierra debe constituir el principal medio de vida y mantenerse en producción personal y rige una cláusula de no enajenación por diez años para impedir que la especulación inmobiliaria se apropie del fruto de este acto de justicia. Esta ley impide la indiferencia estructural, esa que hace mención León XIV cuando refiere a que “no se debe ignorar el drama de los pueblos despojados, robados, saqueados y condenados a la pobreza.”
Las diecisiete familias que hoy esperan esta ley, no nos están pidiendo un favor, piden que el Estado de Salta haga lo que debió hacerse hace décadas: reconocer que estaban allí antes, que su trabajo sostuvo el territorio y que tienen derecho a un título que los garantice y que garantice esa posesión.
Esta Cámara tiene una oportunidad histórica, y es lo que estamos haciendo, dar el primer paso de un proceso que la Ley 8500 diseñó para reparar una deuda histórica. Aprobar esta ley es honrar la palabra empeñada en el año 2025, es escuchar el gemido de la tierra y de los pobres, que nos recordaba León XIV, y es sobre todo generar con hechos, como esta ley, las condiciones para que la justicia social deje de ser un discurso y se convierta en un título de propiedad en manos de quienes hicieron de ese monte su hogar.
La tierra no debe ser un bien de renta ni de especulación financiera, sino un bien de trabajo, y pertenece a quien la fecunda con su esfuerzo cotidiano.
Pasaron muchos años, señor Presidente, hasta que pudimos llegar a esta instancia, donde una decisión del Ejecutivo Provincial, a cargo del señor Gobernador el Doctor Gustavo Sáenz, tomó la decisión de sanear esta deuda histórica que tenemos con nuestros pobladores de Salta Forestal en el departamento Anta.
Hoy seguramente es un día de celebración. Hoy es un día de festejo para nuestro Departamento. Hoy inicia una etapa, como lo decía al principio de mi alocución, que no pensamos que iba a ocurrir y lo estamos haciendo realidad. Quiero reconocer también el trabajo del Directorio de Salta Forestal en el relevamiento que se hizo a lo largo de este año, al Ministerio de la Producción, encabezado por el Doctor Lupión, que a lo largo de todo este tiempo hicieron el trabajo que la Ley 8500 estipulaba.
Hace dos semanas, en el marco también de este relevamiento, se firmaron diez nuevos convenios que están justamente para su tratamiento y armado de las diez, o más pueden ser, carpetas que llegarán nuevamente a esta Legislatura para su tratamiento.
Cuando hago referencia a Salta Forestal siempre digo que es una historia muy dolorosa para nuestro Departamento y empezamos a enmendar estos errores de décadas. Por eso es que le pido a mis pares que hoy acompañemos con nuestro voto. Hay diecisiete puestos, son más de diecisiete familias porque en los puestos vive más de una familia.
Permítame, señor Presidente, voy a nombrar los puestos. Creo que es importante saber de qué puestos estamos hablando exactamente, cuáles son esos diecisiete puestos con más de, obviamente, diecisiete familias que viven ahí. Son los puestos Campo Grande, La Toldería, Fraile Pintado, Buena Esperanza, La Tradición, El Simbolar, Bella Flor, Santa Rita, Santo Domingo, Nolasco, El Vencido, Las Guachanas, Las Tres, La Esperanza, Las Guampas, Santa Silvina y El Sesenta. Estos diecisiete puestos se van a entregar, en algunos de ellos, 1.000 hectáreas, en otros 480, 128, 308, 475, 720 hectáreas.
Les agradezco profundamente a ellos el haber confiado en este proceso que iniciamos hace un año con la Ley 8500 y ahora empezamos a desandar otra etapa estipulada en esta ley. Así que pido a todos mis pares el acompañamiento, hay diecisiete puestos que están esperando que nosotros hagamos realidad una esperanza y un sueño que tienen hace muchísimos años.
Gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Tiene la palabra el señor Senador por el departamento Capital.
Sen. Cornejo Avellaneda.- Señor Presidente: voy a solicitar un cuarto intermedio hasta tanto aparezca el Anexo 1, del que hace mención el proyecto, porque en el boletín acompañado el proyecto refiere Anexo 1 y 2. No estaban adjuntados por mail ni bajo ninguna forma. Sí pedí yo que se suministre el Anexo 1 y 2 vía WhatsApp, sin necesidad de ninguna formalidad, pero solamente me ha llegado el Anexo 2, que es una planillita mínima que refiere a dos, tres, cuatro datos nada más, indicativos, pero estaría faltando material suficiente para poder evaluar la legalidad del presente dictamen.
Muchas gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración el pedido de cuarto intermedio. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado. Pasamos a cuarto intermedio.
– Es la hora 14 y 34.
– A la hora 14 y 45:
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Se reanuda la sesión.
En consideración el dictamen. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado por unanimidad.
En consideración el proyecto de ley en general. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado.
En consideración en particular. Se va a votar.
– Sin observaciones se aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.
– El artículo 7º es de forma.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado por unanimidad. Pasa a la Cámara de Diputados en revisión.
11
DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 8444
Sr. Secretario (López Mirau).- Exptes. Nros. 90-34.488/2026, 90-34.248/26 y 90-34.785/2026 – acumulados. Con dictamen de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, que ha considerado el proyecto de ley de los señores Senadores Dani Raúl Nolasco, Enrique Cornejo Saravia, Diego Cari, Gonzalo Guaymás, Sergio Saldaño, Esteban D’Andrea Cornejo, y la señora Senadora Alejandra Navarro, por el cual se deroga la Ley Provincial 8444; y, por las razones que dará el miembro informante aconseja la acumulación del Expte N° 90-34.248/2026 de autoría del señor Senador Enrique Cornejo Saravia, como asimismo en sesión del 5 de noviembre se aprueba la acumulación del Expte. Nº 90-34.785/2026 de autoría del señor Senador Roque Cornejo Avellaneda.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Pasamos a cuarto intermedio.
– Es la hora 14 y 49.
– A la hora 14 y 52.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Se reinicia la sesión.
Sr. Secretario (López Mirau).- Este expediente tiene dictamen de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, que ha considerado el proyecto de ley de los señores Senadores Dani Raúl Nolasco, Enrique Cornejo Saravia, Diego Cari, Gonzalo Guaymás, Sergio Saldaño, Esteban D’Andrea Cornejo, y la señora Senadora Alejandra Navarro, por el cual se deroga la Ley Provincial 8444; y, por las razones que darán los miembros informantes aconseja la acumulación del Expte N° 90-34.248/2026 de autoría del señor Senador Enrique Cornejo Saravia y Expte. Nº 90-34.785/2026 del señor Senador Roque Cornejo Avellaneda; y aconseja la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Tiene la palabra el señor Senador por el departamento La Poma.
Sen. Nolasco.- Señor Presidente, señores Senadores, señoras Senadoras: la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional ha analizado el proyecto de ley que tiene por objeto derogar la Ley Provincial N° 8.444, mediante la cual se creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta, y establecer un procedimiento especial para su disolución y liquidación, garantizando la protección de los derechos adquiridos, el cumplimiento de las obligaciones pendientes, la determinación de los créditos y deudas existentes y la distribución del patrimonio remanente, si lo hubiere, entre los profesionales que efectivamente realizaron aportes, conforme a las condiciones previstas, aconsejando su aprobación conforme a las siguientes razones.
La Ley N° 8444, sancionada el 8 de agosto del año 2024, instituyó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta como una persona jurídica de derecho público no estatal, con autonomía institucional y autarquía financiera, destinada a administrar un sistema previsional y de seguridad social basado en los principios de solidaridad profesional y equidad.
El régimen comprendió inicialmente a los profesionales matriculados en el Colegio de Graduados en Nutrición y en el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social de la provincia de Salta, contemplando asimismo la posibilidad de incorporación de otras profesiones bajo determinadas condiciones.
Sin desconocer la finalidad de protección social que motivó su creación, la aplicación del sistema ha dado lugar a diversas dificultades y cuestionamientos por parte de los profesionales alcanzados, principalmente relacionados con el carácter obligatorio de la afiliación, la cuantía de los aportes, la capacidad económica de los matriculados para poder afrontar las obligaciones impuestas y las condiciones de sustentabilidad del régimen previsional.
En efecto, la legislación vigente establece la afiliación automática y obligatoria de los profesionales que registren matrícula activa en los Colegios comprendidos, aun cuando se encuentren incorporados a otros sistemas previsionales. Asimismo, dispone aportes personales periódicos y otras obligaciones económicas destinadas al financiamiento y funcionamiento institucional de la Caja.
Esta situación ha generado preocupación entre numerosos profesionales, quienes han manifestado que la obligación de contribuir a un régimen previsional adicional constituye una carga económica de difícil cumplimiento, particularmente para quienes se encuentran en los primeros años del ejercicio profesional, desarrollan actividades independientes, perciben ingresos variables o deben afrontar simultáneamente otras obligaciones previsionales, tributarias y de mantenimiento de su matrícula.
Debe considerarse que las profesiones involucradas presentan realidades laborales diversas, con profesionales que se desempeñan en relación de dependencia, otros que ejercen de manera independiente y quienes combinan distintas modalidades de contratación. Por ello, la imposición de aportes obligatorios cuya determinación no necesariamente guarda relación directa con los ingresos efectivamente percibidos puede generar situaciones de desigualdad material y dificultades para el sostenimiento de la actividad profesional.
A ello se suman los cuestionamientos vinculados a la sustentabilidad económica y financiera del sistema. La viabilidad de un régimen previsional requiere una adecuada correspondencia entre la cantidad de aportantes, los recursos efectivamente recaudados, las obligaciones presentes y futuras, los gastos de funcionamiento y las prestaciones comprometidas. Cuando un sistema enfrenta dificultades de cumplimiento o una proporción significativa de sus destinatarios cuestiona su obligatoriedad, resulta necesario revisar si las condiciones que justificaron su creación continúan siendo suficientes para garantizar su funcionamiento a largo plazo.
En este sentido, la persistencia de dificultades para afrontar los aportes, sumada a los conflictos institucionales y profesionales derivados de su exigibilidad, puede terminar desvirtuando la finalidad protectoria originalmente perseguida, convirtiendo un instrumento concebido para brindar seguridad social en una fuente adicional de preocupación económica y conflictividad para sus propios destinatarios.
Frente a esta realidad, durante el tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley N° 8444 se han desarrollado distintas gestiones. reuniones institucionales, instancias de diálogo y planteos de los sectores involucrados, destinados a analizar la situación y procurar alternativas que permitan superar las dificultades advertidas.
Sin embargo, las diferencias existentes en torno al carácter obligatorio de la Caja, la razonabilidad de los aportes y las posibilidades de continuidad del sistema evidencian la necesidad de adoptar una solución legislativa integral, que otorgue certeza jurídica a los profesionales y a la propia entidad, evitando que la prolongación del conflicto genere nuevas obligaciones, reclamos administrativos, procesos judiciales o mayores costos para los involucrados.
Participación y Pronunciamiento de los Colegios Profesionales.
Con el propósito de conocer formalmente la posición de los profesionales directamente alcanzados por la Ley N° 8444, y de dotar al tratamiento legislativo de una mayor participación y respaldo institucional. se promovieron consultas ante los Colegios Profesionales involucrados solicitando que la cuestión fuera sometida a consideración de sus respectivos matriculados mediante los mecanismos asamblearios previstos en sus normas de organización y funcionamiento.
Esta iniciativa responde a la convicción de que una decisión legislativa de semejante trascendencia debe considerar especialmente la opinión de quienes se encuentran obligados a integrar y sostener económicamente el régimen cuya continuidad se analiza.
En tal sentido, la participación de los Colegios Profesionales permite conocer, mediante procedimientos institucionales y verificables, el grado de aceptación o rechazo del sistema, así como las razones y circunstancias que fundamentan la posición adoptada por sus matriculados.
Respecto del Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Salta, mediante presentación que efectuaron en fecha 19 de agosto de 2026, informó a este Cuerpo que convocó al órgano soberano de la institución estructurando un procedimiento de doble instancia asamblearia para garantizar legalidad del acto y representatividad territorial. A tales efectos, celebraron Asamblea Extraordinaria en fechas 10 de septiembre y 10 de octubre de 2026.
Conforme surge de las Actas de Asambleas Nº 02 y 03, se sometió a consideración de los matriculados la propuesta de derogación de la referida ley, registrándose la participación de ciento cincuenta y tres colegiados en total, profesionales habilitados para intervenir y votar, de los cuales ciento treinta y dos se pronunciaron a favor de la derogación.
Por su parte, el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social de la Provincia de Salta realizó presentación en fecha 25 de agosto de 2026 informando que celebraron Asamblea Extraordinaria en fecha 1 de agosto de 2026, en la que se manifestó que los profesionales matriculados se expidieron de manera contundente y por amplia mayoría a favor de la derogación de la Ley 8444.
De acuerdo con el Acta de Asamblea Nº 37, participaron setenta y cinco profesionales habilitados, registrándose setenta y tres votos favorables a la derogación.
Asimismo, rola presentación de fecha 22 de octubre de 2026 efectuada por el Colectivo Profesional de Nutrición y Trabajo Social, denominados “Autoconvocados”, manifestando su postura a favor de la derogación del sistema previsional actual, adjuntado planillas con ciento noventa firmas de matriculados de Nutrición y con ciento sesenta y nueve firmas de trabajadores sociales.
Por su parte, la propia Caja Interprofesional presentó un informe en el que da cuenta que su padrón registra un total de mil trece matriculados de ambos Colegios, de los cuales solo cuatrocientos sesenta y dos realizan aportes, correspondiendo doscientos cincuenta y uno del área de Nutrición y doscientos once a Trabajo Social. Además, al día de fecha ochenta y cuatro afiliados se encuentran bajo el régimen de Suspensión Temporaria de pago de Aportes que prevé dicha Caja.
Los pronunciamientos institucionales obtenidos constituyen antecedentes de especial importancia para el tratamiento del presente proyecto, por cuanto permiten contar con elementos objetivos sobre la posición de los sectores directamente afectados y contribuir a una decisión legislativa fundada en la participación de sus destinatarios.
Alcance y Procedimiento de Disolución y Liquidación.
Ahora bien, corresponde señalar que la derogación de la Ley 8444 no puede limitarse a dejar sin efecto el régimen previsional obligatorio, toda vez que su aplicación dio origen a una persona jurídica con patrimonio propio, aportes recaudados, eventuales créditos, obligaciones, contratos, relaciones jurídicas y situaciones previsionales que deben ser debidamente considerados.
Una derogación que omitiera contemplar estas circunstancias podría generar incertidumbre sobre el destino de los recursos existentes, los derechos de quienes realizaron aportes, la situación de los acreedores, las obligaciones asumidas y las responsabilidades derivadas del funcionamiento de la entidad.
Por ello, el presente proyecto establece un procedimiento especial de disolución y liquidación, destinado a ordenar el cese de las actividades de la Caja, determinar su situación patrimonial y garantizar que su extinción se concrete mediante mecanismos legales, verificables y transparentes.
En primer término, se dispone que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, cesará la afiliación obligatoria a la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta y dejarán de generarse nuevos aportes, contribuciones, multas, recargos o intereses a cargo de los profesionales comprendidos en la Ley 8444.
Esta disposición resulta fundamental, dado que evita la continuidad de obligaciones económicas futuras derivadas de un régimen cuya derogación se propone, otorgando certeza respecto del momento a partir del cual cesará su exigibilidad.
Debe distinguirse, sin embargo, entre las obligaciones futuras, que dejarán de generarse, y aquellas que pudieran haberse originado con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley, cuya existencia, legitimidad y exigibilidad deberán ser determinadas en el procedimiento de liquidación.
Asimismo, el proyecto resguarda expresamente los derechos previsionales adquiridos, las prestaciones otorgadas o causadas y los créditos legítimamente incorporados al patrimonio de afiliados, beneficiarios, acreedores o terceros.
Esta previsión responde a la necesidad de garantizar que la derogación no produzca una afectación arbitraria de situaciones jurídicas consolidadas. Por el contrario, las meras expectativas previsionales, entendidas como aquellas situaciones que todavía no hubieran configurado derechos adquiridos, quedarán sujetas a las disposiciones del régimen especial de liquidación.
De esta manera, se procura armonizar la facultad legislativa de modificar o derogar un régimen previsional con la protección constitucional de los derechos patrimoniales y la seguridad jurídica de quienes mantuvieron relaciones legitimas con la entidad.
Para ejecutar el procedimiento, se establece que el Poder Ejecutivo Provincial deberá designar, dentro del plazo de treinta días de promulgada la ley, un Liquidador con idoneidad profesional acreditada en materia jurídica, contable, previsional o económico-financiera.
La iniciativa contempla, además, impedimentos e incompatibilidades para su designación, con el propósito de preservar la independencia y objetividad de quien tendrá a su cargo la administración del proceso. En particular, se excluye a quienes hubieran integrado órganos de administración o fiscalización de la Caja, mantengan intereses económicos comprometidos con su liquidación, se encuentren vinculados por determinados grados de parentesco con sus autoridades o registren inhabilitaciones.
La intervención de un Liquidador con tales condiciones constituye una garantía para los profesionales, los beneficiarios y los acreedores, en tanto permiten encomendar la ejecución del procedimiento a una persona con responsabilidad específica, facultades delimitadas y deber de actuación conforme a la ley.
Una vez designado, el Liquidador deberá asumir la representación legal, administrativa y judicial de la Caja en liquidación, tomar posesión de su documentación, libros, registros, cuentas bancarias, sistemas informáticos, bienes y demás activos, y proceder al relevamiento integral de su situación económica y patrimonial.
A tales efectos, dentro de los sesenta días de su designación deberá confeccionar un inventario general y un balance especial de liquidación, individualizando la totalidad de los activos, pasivos, contratos vigentes, créditos, deudas, procesos judiciales, reclamos administrativos, aportes efectivamente ingresados y aportes devengados.
Esta etapa reviste particular importancia, porque permitirá establecer con precisión cuáles son los recursos disponibles, qué obligaciones deben ser atendidas, cuáles son los derechos invocados por terceros y qué sumas fueron efectivamente aportadas por cada profesional.
El inventario y el balance constituyen, de esta manera, instrumentos esenciales para evitar decisiones arbitrarias, asegurar la trazabilidad de los recursos y proporcionar una base objetiva para determinar el resultado final de la liquidación.
Posteriormente, el proyecto prevé la apertura de un procedimiento de verificación de créditos, cuya convocatoria deberá publicarse durante tres días en el Boletín Oficial de la Provincia y en el sitio web oficial que se determine.
A partir de dicho procedimiento, los afiliados, beneficiarios, acreedores y terceros interesados podrán formular sus reclamos observaciones o pedidos de reconocimiento dentro del plazo previsto de sesenta días hábiles administrativos.
El objetivo de esta instancia es garantizar que todas las personas que invoquen derechos o créditos relacionados con la Caja tengan la oportunidad de presentarse, acompañar la documentación correspondiente y obtener una decisión expresa sobre sus pretensiones.
Las resoluciones que adopte el Liquidador deberán ser fundadas y podrán ser recurridas conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta, preservando así las garantías de defensa, debido procedimiento y control de legalidad.
Asimismo, se contempla que el Liquidador pueda revisar actos administrativos o liquidaciones manifiestamente improcedentes, con respeto al procedimiento legal correspondiente, y percibir aquellos créditos legítimos que deban integrar el patrimonio sujeto a liquidación.
En relación con las acciones de cobro, la iniciativa dispone la suspensión de las actuaciones administrativas, extrajudiciales o judiciales vinculadas con aportes, contribuciones, multas, recargos e intereses derivados de la Ley 8444, hasta tanto el liquidador determine fundadamente la existencia, legitimidad, exigibilidad y destino de cada crédito o deuda.
Esta medida procura evitar que, mientras se desarrolla el proceso de determinación patrimonial, continúen generándose actuaciones de cobro sobre obligaciones cuya procedencia debe ser previamente examinada, sin que ello implique por sí mismo desconocer créditos legítimamente existentes.
Los Destinos de los Fondos y Protección de los Aportantes.
Otro de los aspectos centrales del proyecto es el establecimiento de reglas precisas para la aplicación de los fondos y activos líquidos que integren el patrimonio de la Caja al momento de su liquidación.
En este sentido, se fija un orden de prelación destinado a garantizar que los recursos disponibles sean utilizados de manera razonable y jurídicamente ordenada.
En primer lugar, deberán atenderse los gastos necesarios y razonables que demande el procedimiento de liquidación, toda vez que su ejecución requiere realizar tareas administrativas, contables, jurídicas y patrimoniales indispensables para determinar y cancelar las obligaciones pendientes.
En segundo término, se dispone la atención de las obligaciones laborales, fiscales, contractuales y judiciales exigibles, de acuerdo con su reconocimiento y el régimen jurídico aplicable.
Seguidamente, se contempla el cumplimiento de las prestaciones previsionales otorgadas o causadas, si las hubiere, y de los créditos reconocidos a afiliados y aportantes.
De este modo, el proyecto procura asegurar que la extinción Institucional de la Caja no importe desconocer derechos legítimos ni trasladar injustificadamente a sus beneficiarios o acreedores las consecuencias patrimoniales de su disolución.
Asimismo, se prevé la constitución de un fondo transitorio de garantía por el plazo de veinticuatro meses, destinado a atender aquellos reclamos pendientes que pudieran subsistir durante el procedimiento.
La finalidad de esta previsión es evitar que la totalidad de los recursos disponibles sea distribuida sin contemplar la existencia de contingencias, reclamos o créditos que requieran resolución posterior, resguardando así la integridad patrimonial necesaria para responder por las obligaciones que legalmente correspondan.
Una vez atendidas las obligaciones y reservas previstas, el remanente que eventualmente existiere será destinado a su devolución proporcional entre los profesionales que hubieran efectuado aportes a la Caja.
Debe destacarse que esta devolución no implica el reconocimiento de un derecho automático a recuperar la totalidad de las sumas individualmente ingresadas, sino el derecho a participar en la distribución del remanente efectivamente disponible, una vez satisfechas las obligaciones y condiciones establecidas por la ley.
El criterio adoptado procura garantizar un tratamiento equitativo entre los aportantes, considerando los importes efectivamente ingresados por cada uno y aplicando una metodología objetiva y auditada.
Para ello, se reconoce el derecho a participar en la distribución a los profesionales que hubieran abonado aportes personales, iniciales, adicionales u otros pagos efectivamente percibidos por la Caja, cualquiera sea su situación matricular al momento de entrada en vigencia de la nueva ley.
Esta disposición resulta especialmente importante, ya que permite incluir a aquellos profesionales que, habiendo contribuido al sostenimiento de la entidad, hubieran suspendido, cancelado o modificado posteriormente su situación matricular.
También se contempla expresamente el supuesto de fallecimiento del profesional aportante, reconociendo el derecho que pudiere corresponder a sus herederos declarados o derechohabientes acreditados.
Por otra parte, se establecen exclusiones destinadas a evitar reconocimientos improcedentes o duplicaciones de pagos. En particular, no se considerarán para la devolución las sumas meramente devengadas pero no abonadas, las deudas intimadas y no canceladas, los aportes condonados o bonificados, los recargos o intereses no ingresados y aquellos importes cuya devolución ya hubiera sido efectuada.
Igualmente, se prevé el tratamiento de las sumas correspondientes a prestaciones, subsidios, beneficios o servicios efectivamente percibidos, en la proporción que determine la auditoría.
Estas reglas responden al propósito de garantizar que la distribución del patrimonio se efectúe de manera justa, proporcional y sustentada en antecedentes verificables.
Cabe señalar, además, que la Ley N° 8444 estableció originalmente un régimen de afectación especifica del patrimonio previsional, prohibiendo su distribución entre los afiliados.
Por tal motivo, el presente proyecto dispone expresamente que la eventual distribución del remanente constituirá un régimen legal especial de liquidación, aplicable exclusivamente como consecuencia de la derogación y extinción de la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta.
Esta solución encuentra fundamento en la necesidad de que sea la propia Legislatura Provincial, mediante una nueva norma de igual jerarquía, la que determine el tratamiento jurídico del patrimonio de la entidad frente a su disolución, sin desconocer las obligaciones previamente constituidas ni los derechos que deban ser resguardados.
Plazos, Responsabilidades y Control del Procedimiento.
A fin de evitar que la liquidación se prolongue indefinidamente. el proyecto establece un plazo de un año para su conclusión, contado desde la designación del Liquidador, con posibilidad de una única prórroga de hasta seis meses mediante resolución fundada del Poder Ejecutivo, con comunicación a ambas Cámaras Legislativas.
La fijación de un plazo concreto procura imprimir celeridad, previsibilidad y responsabilidad al procedimiento, evitando que la disolución de la Caja derive en una situación institucional indefinida que prolongue la incertidumbre de los profesionales y demás interesados.
Asimismo, se impone a las autoridades salientes de la Caja, empleados, asesores, mandatarios, entidades bancarias, Colegios Profesionales, organismos públicos y demás personas vinculadas el deber de colaborar con el Liquidador, proporcionando la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Esta obligación resulta indispensable para asegurar la integridad del relevamiento patrimonial, la correcta individualización de los aportes y la determinación de los derechos y obligaciones existentes.
El incumplimiento injustificado del deber de colaboración podrá dar lugar a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondieren.
Por otra parte, el Liquidador deberá remitir informes trimestrales a las autoridades de control correspondientes, detallando el estado de avance del procedimiento, los ingresos y egresos, las deudas verificadas, los créditos reclamados, los gastos de liquidación, los procesos judiciales, las contingencias y las observaciones de auditoría.
De este modo, se procura dotar al procedimiento de mecanismos de información y seguimiento que permitan conocer la evolución de la liquidación y controlar la administración de los recursos involucrados.
En lo referente al financiamiento, el proyecto determina que los gastos derivados de la liquidación deberán ser atendidos con recursos propios de la Caja, sin generar nuevas obligaciones presupuestarias para el Presupuesto General de la Provincia, salvo que una ley especial disponga expresamente lo contrario.
Esta previsión procura evitar que el procedimiento de disolución implique, por sí mismo, una nueva carga financiera para el Estado Provincial y, consecuentemente, para el conjunto de la sociedad.
En definitiva, el proyecto procura alcanzar una solución jurídica integral, que no se limite a suprimir las obligaciones previsionales futuras. sino que ordene responsablemente la extinción de la entidad, determine el destino de sus recursos, proteja los derechos adquiridos, permita verificar los créditos y deudas existentes y contemple la devolución proporcional del patrimonio remanente a quienes efectivamente contribuyeron a su formación.
Se busca así evitar que una decisión destinada a superar una situación de conflictividad termine generando nuevas controversias o perjuicios patrimoniales, estableciendo para ello un procedimiento de liquidación con reglas claras, plazos determinados, responsabilidades identificables y garantías para los profesionales, beneficiarios, acreedores y terceros interesados.
La intervención legislativa que se propone encuentra, en consecuencia, su justificación en la necesidad de preservar la seguridad jurídica, restablecer condiciones de previsibilidad y otorgar una respuesta razonable a los sectores directamente alcanzados, procurando armonizar el interés general, la protección de los derechos individuales y el cumplimiento de las obligaciones legítimamente constituidas.
Señor Presidente, la necesidad de adoptar la medida que analizamos, resulta inevitable además, porque los propios destinatarios, nutricionistas y trabajadores sociales nos dijeron que no pueden pagar la cuota mínima y que el sistema no es económicamente viable.
Hoy son más los profesionales que dejaron de aportar que los que continúan aportando. Mantener una ley que la propia sociedad destinataria rechaza, no es defender el Estado de derecho. Es debilitarlo.
No venimos a dejar a nadie desamparado. Este proyecto protege expresamente los derechos previsionales adquiridos, las prestaciones otorgadas y las prestaciones causadas. Nadie que ya tiene un derecho consolidado lo pierde.
Señor Presidente, la Provincia creó esta Caja. La Provincia tiene la competencia constitucional para disolverla. Y la Provincia tiene la responsabilidad política de no sostener una ficción legal que solo genera conflicto.
Y decimos que la Provincia puede disolverla por los principios que rigen esta materia.
Principio de paralelismo de las competencias: quien crea, puede derogar. En derecho público rige el principio de paralelismo de las formas. El mismo órgano que tiene competencia para crear una persona jurídica pública, tiene competencia para extinguirla.
La Caja no es un ente federal, no es un ente privado, no es un derecho natural. Es una persona jurídica de derecho público creada por ley provincial. Nació por ley de esta Legislatura y muere por ley de esta Legislatura. (Aplausos del público)
Autonomía provincial, artículos 5º y 123 de la Constitución Nacional. Salta conserva todo el poder no delegado a la Nación. La regulación de las profesiones, de los colegios profesionales y de los sistemas de seguridad social de base provincial no delegados es competencia provincial.
La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que las provincias conservan la facultad de organizar sus instituciones y de dictar su legislación previsional para sus ámbitos no transferidos.
La Caja no es una empresa privada expropiada. No hay accionistas con derecho de propiedad sobre la institución. Es un ente público creado para un fin público. Cuando el fin público ya no se cumple, el Estado puede y debe extinguirlo.
Los aportes no son un depósito privado intocable. Son aportes de un sistema solidario de reparto. Por eso el proyecto no los confisca: los liquida, los audita y devuelve el remanente en proporción a lo efectivamente ingresado.
Eso es más garantista que lo que exige la Constitución.
Proporcionalidad y Razonabilidad.
La derogación no es arbitraria. Está fundada en hechos objetivos:
Falta de adhesión de otros colegios.
Imposibilidad económica manifestada por los propios beneficiarios.
Caída de aportantes.
Intentos de conciliación fracasados.
Conflictividad creciente.
Falta de conducción de la Caja por parte de los Colegios conforme al artículo 26 de la Ley 8444.
Señor Presidente, esta es una decisión difícil pero no es una decisión caprichosa. Es una decisión fundada, razonable y proporcional al fracaso del sistema.
Porque después de dos años, no se sumó ningún otro colegio profesional. Los mismos profesionales que debían aportar dijeron que no pueden pagar la cuota mínima y que no creen que el sistema sea económicamente viable.
Hoy son más los que dejaron de aportar que los que siguen aportando.
Mantener una ley “abrogada en los hechos” debilita el Estado de derecho, genera conflictividad y desgaste judicial. Y que hubo gestiones y hasta instancias conciliatorias formales que solo aumentaron el enfrentamiento entre quienes conducen la Caja y sus afiliados.
La Comisión ha tenido en cuenta otros proyectos alternativos, entre los cuales están la afiliación voluntaria de los profesionales a la Caja Interprofesional incluyendo la posibilidad de retiros pactados. Ello, entendemos imposible en el actual sistema jurídico que nos rige por lo siguiente:
Primero, porque una Caja de afiliación y aportes voluntarios no es parte del sistema de seguridad social.
Pero hay un segundo argumento, y es aún más fuerte.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que el Estado -Nación o Provincia según corresponda- otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
La seguridad social, por definición constitucional, es: obligatoria, solidaria, universal dentro de su colectivo e irrenunciable.
Si es voluntaria, deja de ser seguridad social. Se convierte en otra cosa, en un ahorro privado, en una mutual, en un club de aportes. Y ahí chocaríamos con otro gran problema, la Provincia no puede crear un sistema de ahorro privado o de seguro privado disfrazado de seguridad social. Eso es materia regulada por la Nación, por la Ley de Entidades de Seguros, por la Superintendencia de Seguros, por el sistema financiero.
Una caja voluntaria sufre lo que en derecho previsional se llama selección adversa.
Aporta solo el que cree que le conviene, se va el que no le conviene, queda el de mayor riesgo, y el sistema quiebra. Es matemáticamente inviable.
Y si quiebra ¿quién paga? ¿La Provincia? ¿El resto de los salteños que nunca estuvieron en esa Caja?
Por eso la Corte Suprema y toda la doctrina previsional sostienen que un sistema de seguridad social no puede ser voluntario. Porque si es voluntario, no hay solidaridad intergeneracional, no hay sustentabilidad, no hay sistema.
Por eso mismo los propios profesionales dijeron en los fundamentos: no pueden pagar la cuota mínima y el sistema no es viable. Si ni siquiera obligatorio fue viable, voluntario es directamente una ficción.
Las Cajas Profesionales, en el actual sistema existen o no existen. No hay término medio. Y si existen habrán de suscribir a la solidaridad intergeneracional para poder llamarse Cajas de Previsión Social.
Las Cajas de seguridad social tienen -aunque a algunos les choque por su ideología o cosmovisión- una esencia solidaria no solo en el sistema de aportes, sino también en el hecho de que mi aporte puede y debe beneficiar a otro profesional. No aporto para mí. Aporto para el sistema.
Se ha dicho del peligro que esta ley de disolución de una Caja profesional pueda iniciar un efecto de imitación en otras cajas profesionales. Pero en Salta este riesgo no existe, y no solo porque se daría solo en los casos de Cajas que como estas resultan obvia y evidentemente inviables. Sino porque el sistema de previsión social de profesionales en la Provincia está consolidado, y las cajas salvo esta que tratamos en el año 2024 y las inmediatamente anteriores son Caja de Seguridad Social para Odontólogos y Bioquímicos de Salta, del año 1998, Ley Nº 6757, la Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Si bien su origen es previo, año 1983, fue transformada formalmente por la Ley 7144 en septiembre de 2001 -modificatoria de la Ley Nº 6188-. Es decir, que salvo la Caja Interprofesional, cuya viabilidad hemos analizado, las demás Cajas tienen por lo menos un cuarto de siglo y cumplen acabadamente con los objetivos propuestos en las normas de creación.
Pero, señor Presidente, si faltaran argumentos para dejar sin efecto la Ley 8444, debemos decir que los Colegios de los Profesionales involucrados, son absolutamente ajenos al manejo de la Caja de Previsión. Se incumple así con el artículo 26 de la norma en crisis, que manda que la condición del ente estará a cargo de un directorio de ocho miembros, representando cuatro de ellos a los trabajadores sociales y cuatro a los nutricionistas. Estos representantes no han sido designados, de manera que el destino de la Caja es hoy absolutamente ajeno a los profesionales comprendidos en ella. Menos aún se realizan las asambleas, órgano que de facto dejo de tener legitimidad atenta a la falta de interés de los colegios y la negativa de los profesionales a realizar los aportes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto, que podamos dar solución y una respuesta a una sociedad, a una gran parte de profesionales que hoy están en una crisis y que en cada uno de los departamentos se desempeñan en su área correspondiente.
Gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Tiene la palabra el Senador por el departamento Capital.
Sen. Cornejo Avellaneda.- Señor Presidente: el Senado se encuentra ante un dilema. Son posibilidades de decisiones que tiene que tomar y se encuentra ante un dilema denominado trágico cuando la decisión que se adopte sea una decisión que torne un perjuicio, que produzca un perjuicio. Tanto derogar como no derogar la presente ley es un perjuicio, causa un perjuicio y está causando un perjuicio, tanto para aquellos que quieren su derogación como aquellos que pretenden que no se derogue. Entonces, ante un dilema denominado trágico, lo que manda la prudencia es adoptar el mal menor, es tomar una decisión cuyo perjuicio que produzca o que resulte sea el menor de todas las decisiones posibles para adoptar. Sin embargo, también la prudencia marca que las decisiones que se tienen que adoptar muchas veces tienen que tener un grado de prudencia. ¿Qué es la prudencia? El justo medio. Y cómo se llega al justo medio. Tratando de equilibrar las posiciones. Hay oportunidades donde las posiciones se pueden equilibrar casi de manera matemática o aritmética, y hay otras veces donde las decisiones que se tienen que tomar para ser prudentes tienen que ser absolutas.
Hoy hemos llegado, luego de varios meses de discusión en la Comisión de Legislación, luego de haber recibido a todas las partes en varias oportunidades, yo mismo he participado en distintas reuniones de todos los sectores, prácticamente desde el mes de febrero, recuerdo. Hemos escuchado a todas las partes.
Creo humildemente que las dos decisiones que hemos encontrado hoy, de derogar o no derogar, hay una tercera vía que sea más ajustada, a mi criterio, como prudente, que es el dictamen que forma parte integrante unificado que rola bajo el número 34.785, mediante el cual lo que hemos tratado de hacer es tomar los reclamos y las opiniones de los dos bandos, por decirlo de alguna manera, de los sectores. Por un lado, sin duda alguna, que la ley como está no goza de gran parte del apoyo de una mayoría de afiliados, sobre todo del Colegio de Trabajadores Sociales.
Lo que proponemos nosotros quizás sea sui generis, pero creo que no podemos no darle la posibilidad a pensar fuera de la Caja y a buscar alternativas que sean lo más razonable posible. Por ejemplo, estoy convencido que la obligatoriedad de afiliación hoy no es positivo. La libertad siempre va a ser el mejor camino en las decisiones de cualquier persona y de cualquier sector, pero la posibilidad no solamente de estar afiliado o no a una Caja, sino debemos abrir la posibilidad a que cualquier profesional pueda afiliarse a la Caja de su preferencia, relacionado a que estamos hablando, en definitiva, de la propiedad privada y del futuro del profesional y de su familia, lo cual es sagrado. La jubilación o el retiro, sobre todo bajo los parámetros que nos plantea el decrecimiento demográfico a corto y mediano plazo, en donde cada vez nacen menos personas y cada vez la expectativa de vida se ha incrementado, no podemos pensar soluciones que fueron a medias en el pasado, porque las cajas profesionales de hoy en día, en gran medida, lamentablemente, por diversos motivos no solucionan el retiro, la jubilación de profesionales que ejercieron de manera exitosa o medianamente exitosa, una profesión durante treinta años. Los fondos que se les provee en la mayoría de las cajas previsionales no son suficientes. Y eso es una verdad que no podemos tapar con un dedo.
Ahora, la pregunta que nos queda es el sinceramiento de reconocer que los sistemas previsionales en el mundo están en seria duda ante, como decíamos recién, el decrecimiento demográfico y el crecimiento de expectativa de vida. Y no es solamente un crecimiento de expectativa en cuanto a cantidad de años, sino en cuanto a calidad de vida. La expectativa no es solamente vivir más, sino la expectativa también es vivir mejor, y eso es un costo.
Todos los argentinos debemos reconocer que no pensamos en nuestro retiro o en el futuro de nuestra familia exclusivamente a partir de un aporte previsional, sea público, estatal o privado. Pensamos en tener mejor calidad de vida, la mayor cantidad de años, con la mayor disponibilidad libre de criterios, es decir cómo invertir nuestros ahorros. En ese sentido, la libertad de elección no es un tema menor. Son las decisiones que permitimos que los ciudadanos adopten a fin de administrar su patrimonio de la mejor manera posible, conforme a su propia conciencia y libertad así lo dispongan y no un burócrata de turno le fije límites a su ahorro o a su inversión. Posibilidades de mejorar, hay muchísimas. Reconozco la tarea del Senado en este caso, doy fe de que a los senadores realmente les preocupa este tema y que ha sido interpelado en nuestras conciencias y que hemos tratado de trabajar lo mejor posible.
Lamentablemente hoy nos encontramos ante dos caminos que causan un grave perjuicio. Por eso exhorto para que reveamos este tercer camino, que además de proponer la libertad de afiliación a toda Caja propone también la posibilidad de la suspensión en la ejecución de los cobros, en razón al daño apremiante que manifiesta la gran mayoría de los afiliados. Pero también es cierto, que establece la propia Constitución Nacional, la libertad de asociarse con fines lícitos, y por la libertad de asociarse con fines lícitos ha sido promulgada la ley por este mismo Senado hace poco tiempo. Esta Caja es reciente y ha tenido el aval político, legislativo, técnico y jurídico hace muy poco tiempo, por lo cual es entendible aquellos sectores que pretenden su persistencia en razón de que tienen un derecho adquirido y tienen también, sí, la pretensión de aportes realizados de manera efectiva y la pretensión de haber planeado o planificado su vida bajo este sistema. Todo lo que no está prohibido está permitido.
Entonces, la actual ley es lícita, su discusión no es en cuanto a su ilicitud o no, es en cuanto a su conveniencia o no. Esa conveniencia va a depender de cada sector, qué tan fuerte levante su voz y qué tantos argumentos viertan de un lado y del otro. Corresponde entonces a los representantes del pueblo escuchar a ambas partes y trabajar en conjunto para que ambos sectores puedan tener un mejor resultado. Creo yo que decidir el camino como está, de persistir la ley como está, sin duda alguna no es el mejor de los caminos, pero también creo humildemente que la derogación le va a dar solución a ninguno de los sectores.
Quizás sea momento de rever un poco las posibilidades y pensar, como decía recién, fuera de la Caja, para que pensando soluciones sui generis o nuevas soluciones se pueda trabajar en algo nuevo que pueda traer, porqué no, solución a otras Cajas que también están fracasando, porque hoy ningún profesional, salvo algunas excepciones, viven 100% en su retiro de lo que perciben por su jubilación.
Debemos entender que el sistema previsional, entonces, nos plantea un desafío a aquellos que nos ocupamos de la cosa pública, tanto las jubilaciones, los retiros estatales como de manera privada, pero no podemos resignarnos a pensar que solamente una decisión trágica de derogar o no derogar es la única solución, porque también el antecedente legislativo que estamos dejando no va a ser el mejor para las próximas asociaciones que planteen un problema similar. Sin embargo, debo reconocer también que el sistema actual previsional como está planteado no viene a traer soluciones.
Entonces, voy a pedir que se revea o se fije un cuarto intermedio o se acompañe el dictamen en minoría, que incluso puede ser mejorado y trabajado, pero siempre voy a exhortar al diálogo entre las partes para que haya una solución que beneficie a todas las partes.
Acá no puede haber ganadores ni perdedores. Todos los integrantes de esta discusión tienen que ser los ganadores y entender también que el sistema previsional va a requerir realmente de mucho tiempo para su saneamiento, y de pensar soluciones que sean nuevas soluciones para los nuevos desafíos.
Muchas gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Hay un pedido de cuarto intermedio. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado. Pasamos a cuarto intermedio.
– Es la hora 15 y 42.
– A la hora 15 y 46:
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra la señora Senadora por el departamento Rosario de Lerma.
Sen. Minetti.- Señor Presidente: estamos aquí tratando la derogación o no de la ley que crea la Caja de Jubilación, la Caja Interprofesional de Seguridad Social que fuera creada mediante Ley 8444.
Hace dos años, miembros del Colegio de Nutrición y Asistentes Sociales se presentaron ante este Senado planteando la importancia, la urgencia y relevancia de que esta ley exista. Por motivos lógicos, las trabajadoras y los trabajadores necesitan tener a futuro una mayor previsibilidad en cuanto a su jubilación.
Casi dos años después, la Comisión integrada por otras personas y otro colectivo de profesionales, tanto asistentes sociales como del Colegio de Nutrición, plantea que esto se derogue porque, entre varias cuestiones, la cuota termina siendo muy elevada, y en esta situación de precariedad por parte de la situación económica del país, estos egresos en cuotas representan una gran cantidad de sus ingresos.
Considero que la solución a esta problemática no es la derogación de esta normativa. Entiendo que existen soluciones alternativas a esta problemática que no hay que desconocer. La situación económica es compleja, los ingresos no alcanzan y el reclamo es legítimo, pero la derogación de una norma que viene a proteger el futuro, de que dé la seguridad social a quienes luego serán jubilados. La institucionalización de una Caja puede brindar una serie de beneficios a los afiliados o mejor dicho a los que la integran, como ocurre con otras Cajas en el ámbito de la Provincia, que otorgan préstamos, que permiten, por ejemplo, la compra de inmuebles y construyen un salón de usos múltiples para que cada uno de los profesionales pueda disfrutar, que generan distintos convenios con otras instituciones.
Señor Presidente, hay soluciones alternativas, como por ejemplo mejorar los planes de pago, disminuir el valor de algunas cuotas, establecer planes de pago para las personas que tengan deudas, no disponer la ejecutabilidad hacia aquellas personas que sean deudores, hay una serie de alternativas de medidas que pueden ser empleadas a los fines de brindar una solución legítima a estos reclamos que las personas de los distintos grupos, tanto del Colegio de Nutrición como de los Asistentes Sociales, presenten.
Soy una convencida de que derogar y erradicar una normativa de raíz, que tiene como finalidad la seguridad social de los profesionales, no es lo adecuado.
Quiero dejar sentada mi postura y a aquellas personas que se han comunicado conmigo y me han enviado mensajes exigiendo la derogación de esta normativa, les agradezco la postura que me han planteado, pero sepan bien que estoy convencida que existen soluciones alternativas a esa cuestión.
Señor Presidente, como ustedes saben, yo soy Licenciada en Nutrición. Muchos de mis colegas no han tenido aportes y es complejo cuando uno piensa en sus últimos años.
Soy una convencida que el fortalecimiento institucional de las cajas es una herramienta fundamental. No me parece coherente que se derogue esta ley. Sé profundamente cómo se ha trabajado a lo largo del 2024 para poder concretar esta tan ansiada ley y también estoy convencida que existen numerosas alternativas que se podría tener en cuenta.
Por eso, señor Presidente, anticipo mi voto negativo a la derogación de la presente ley.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Tiene la palabra el señor Senador por departamento General Güemes.
Sen. Cornejo Saravia.- Señor Presidente: nos encontramos tratando un proyecto de ley que tuvo un importante recorrido administrativo, tal como lo fundamentó claramente el miembro informante del dictamen de mayoría. Nosotros hemos analizado, valorado, nos hemos reunido con los afiliados en forma directa. Igualmente hemos recibido a las autoridades de la Caja Interprofesional, institución que fue creada allá en agosto del año 2024.
Debo de reconocer la buena voluntad, las buenas intenciones de los autores del proyecto, pero creo que lo que ha fallado es el informe económico. Seguramente allá en la instancia que fue presentado había una expectativa económica, había una expectativa de una integración de recursos mayores.
Decía un argentino que fue tres veces Presidente de la Nación, “la única verdad es la realidad”. Y en función de la documental que hemos recibido, claramente hay una imposibilidad de pago. Digo esto porque el 70% de los afiliados no están pudiendo pagar las prestaciones que por ley hoy se les exige. Y no lo hacen por una cuestión caprichosa, lo hacen por una imposibilidad económica. Sus ingresos no les permiten poder pagar las prestaciones que la ley les obliga.
Ante esto, no podemos desconocer que por más buena administración que tuvieran las actuales autoridades de la Caja, es una institución inviable. Una entidad para brindar los beneficios de la seguridad social debe de tener esencialmente un patrimonio, porque los beneficiarios, en este caso los potenciales, deben de cobrar en el momento oportuno una prestación justa y debida. Y es aquí el inconveniente. No hay posibilidad alguna que un régimen de esta naturaleza funcione con una morosidad tan alta.
Hemos visto que hay dos posturas, dos posiciones. Nosotros hemos realizado lo que se denomina los pasos del acto prudente, la deliberación, el juicio y el mandato. Y hoy a mí eso me indica que se debe derogar la Ley 8444.
Aquí es importante manifestar una nota típica. Es la única caja profesional de la provincia de Salta que hoy podemos derogar. Y digo esto porque es la única que no tiene derechos adquiridos a favor de sus potenciales beneficiarios.
Hay un distingo sustancial, esencial con Cajas, como puede ser mi Caja, la de los abogados, la de los médicos, la de los contadores. Estas Cajas tienen una amplia trayectoria, se han consolidado, tienen reserva, ya tienen derechos adquiridos.
Por lo tanto, lo que hoy vamos a implementar, de ser acompañado por la mayoría de los integrantes de este Cuerpo, para nada genera un precedente.
Mañana ante medios de comunicación social saldrán a decir a los salteños que hemos derogado una caja de previsión social. Sí, lo hicimos, en el caso de que así acontezca, pero con la diferencia sustancial que esta Caja está en la instancia de formación, de consolidación de recursos y allí está el problema esencial. El problema es que no están los fondos, no están los recursos para que el día de mañana se puedan pagar las jubilaciones, pensiones y haberes. Entonces, no nos tenemos que seguir engañando, no tenemos que correr el riesgo por parte de esos afiliados y de futuros beneficiarios que cuando lleguen a la edad de cobrar los beneficios, los recursos no van a estar. Tenemos que ser muy responsables con lo que hoy vamos a resolver.
Legislar también es analizar el impacto de las normas que hemos sancionado con anterioridad. Entonces hoy creo que la mejor alternativa es la derogación de este régimen. Y eso no significa que en el pasado hemos actuado de una manera equivocada. Lo hicimos porque había otra realidad económica, había una expectativa en los informes económicos que se iban a conformar los recursos. Pero, como lo dije, la realidad nos indica que esto es imposible.
Aquí, quiero resaltar una constante en todas aquellas afiliadas y afiliados que hemos podido analizar, dialogar en todos estos meses, todos ellos quieren tener su régimen de previsión social, y quién no, pero desgraciadamente la capacidad económica de muchos de ellos se los impide. Entonces nuevamente digo, no tenemos que seguir engañando y no tenemos que seguir perjudicando a todas aquellas y aquellos afiliados que hoy siguen generando una deuda. Tenemos que avanzar.
Yo anticipo mi voto afirmativo hacia la derogación de la Ley 8444, como también me pongo a disposición de aquellos afiliados que quieran seguir en el régimen de la seguridad social privada, a que si tienen una propuesta alternativa al margen de esta ley, que la planteen. Estoy dispuesto a escucharlos, de poder trabajar y de buscar una alternativa al margen de esta ley, la que considero que es totalmente inviable.
Muchas gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- En consideración el dictamen de Comisión. Se va a votar.
– Votan dieciocho señores Senadores por la afirmativa.
– Vota una señora Senadora por la negativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado con el voto negativo de la Senadora por el departamento Rosario de Lerma.
En consideración el proyecto en general. Se va a votar.
– Votan dieciocho señores Senadores por la afirmativa.
– Vota una señora Senadora por la negativa.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado con el voto negativo de la Senadora por el departamento Rosario de Lerma.
En consideración en particular. Se va a votar.
– Sin observaciones se aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10,11, 12, 13, 14, 15 y 16, con el voto negativo de la señora Senadora por el departamento Rosario de Lerma.
– El artículo 17 es de forma.
Sr. Presidente (D’Andrea Cornejo).- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados en revisión. (Aplausos)
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DECLARAR A CORONEL MOLDES “CAPITAL PROVINCIAL DEL PEJERREY”
Sr. Secretario (López Mirau).- Expte. Nº 90-34.762/2026. Dictamen de Comisión.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de ley del señor Senador Jorge Soto y del señor Diputado Esteban Amat Lacroix, por el cual se declara “Capital Provincial del Pejerrey” al municipio de Coronel Moldes, departamento La Viña, y; por las razones que dará el miembro informante, aconseja su Aprobación.
Sala de la Comisión, 4 de noviembre de 2026.
Dani Nolasco – Alejandra Navarro – Leonor Minetti – Manrique Burgos
Miembro Informante: Senador Jorge Pablo Soto.
– Ocupa el sitial de la Presidencia el señor Vicepresidente Tercero, Senador Enrique Cornejo Saravia.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- Tiene la palabra el señor Senador por el departamento La Viña.
Sen. Soto.- Señor Presidente: el presente proyecto de ley tiene por objeto declarar al municipio de Coronel Moldes como “Capital Provincial del Pejerrey”.
Quién de aquí no fue a pescar en alguna oportunidad al Dique Cabra Corral y practicar la pesca deportiva del pejerrey. Pero no solo se trata en este caso de reconocer la identidad, la tradición de nuestra localidad, que es de público conocimiento e innegable su vínculo estrecho con lo que significa la pesca de esta especie, del pejerrey, sino también que representa fortalecer el desarrollo de nuestra localidad, fomentar e incentivar el turismo. Y no solamente mirando para afuera lo que significa la actividad turística, gastronómica que implica, digamos, el circuito económico, sino también que es una actividad arraigada en nuestro pueblo. Casi el 100% de los moldeños vamos y en alguna oportunidad hemos pescado en el Dique Cabra Corral esta especie, el pejerrey.
De acuerdo a la impronta y a los antecedentes de esta Cámara, que siempre ha buscado fortalecer, distinguir y reconocer las actividades de cada uno de los municipios, en este caso del pejerrey, es que pido el acompañamiento de mis pares, y declarar a mi querido Coronel Moldes como Capital Provincial del Pejerrey.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- En consideración el dictamen. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- Aprobado.
En consideración, en función que es un solo artículo, el proyecto de ley en general y en particular. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.
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DECLARAR DE INTERÉS LA PLATAFORMA DE TURISMO
DEL NORTE SALTEÑO
Sr. Secretario (López Mirau).- Expte. N° 90-34.748/2026. Con dictamen de la Comisión de Turismo y Deporte. Proyecto de Resolución del señor Senador Manuel Pailler, declarando de Interés del Senado, “La Plataforma de Turismo del Norte Salteño”, como herramienta digital de promoción, difusión, integración y fortalecimiento de la actividad turística de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- En consideración el proyecto. Se va a votar.
– Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- Aprobado.
Pasamos a Sesión Especial.
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ACUERDO PARA LA DESIGNACIÓN DE
JUEZ DE LA CORTE DE JUSTICIA
Sr. Secretario (López Mirau).- Expte. N º 90-34.791/2026. Dictamen de Comisión.
La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, proponiendo el acuerdo para la designación del Dr. Sergio Fabián Vittar, D.N.I. Nº 17.308.788, en el cargo de Juez de la Corte de Justicia de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja prestar el acuerdo solicitado.
Sala de la Comisión, 12 de noviembre de 2026.
Jorge Soto – Dani Nolasco – Enrique Cornejo Saravia – Sergio Saldaño – Juan Cruz Curá
Miembro informante: Senador Juan Cruz Curá.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- Tiene la palabra el señor Senador por el departamento Orán.
Sen. Curá.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo ha remitido a este Cuerpo el pliego por el que se solicita se preste acuerdo para la designación del Doctor Sergio Fabián Vittar en el cargo de Juez de la Corte de Justicia de Salta.
Todo ello con arreglo a lo dispuesto por los articules 101, 144 inciso 7 y 156 de nuestra Constitución Provincial.
Asimismo, se ha dado cumplimento a lo establecido por la Ley 8311 que establece un procedimiento participativo previo, por medio del cual la ciudadanía pudo manifestar sus posturas, observaciones y circunstancias que consideró de interés expresar respecto del Doctor Vittar.
Mediante Decreto 682/26 se instruyó al Ministerio de Gobierno у Justicia, -en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley-, para que dé inicio al procedimiento establecido en dicha norma, posibilitando la participación de los ciudadanos, colegios profesionales, asociaciones académicas y organizaciones no gubernamentales con interés en el tema, para que expongan sus razones, puntos de vista y observaciones al nombramiento propuesto.
Por Resolución 763/26 del Ministerio de Gobierno y Justicia, de fecha 13 de octubre de este año, se procedió a dar amplia difusión a los antecedentes curriculares del Doctor Vittar, por lo cual fue publicado en el Boletín Oficial, en diarios de circulación provincial y en páginas web oficiales, a los efectos de la presentación de adhesiones, opiniones u observaciones por un plazo de quince días hábiles administrativos, el que finalizó el 6 de noviembre próximo pasado, todo ello con la finalidad de otorgar transparencia y facilitar la participación de la ciudadanía en la preselección del candidato, en un marco de respeto al buen nombre y honor del mismo, la correcta valoración de sus aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y, fundamentalmente, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
El ciudadano propuesto aceptó participar del procedimiento de valoración antes mencionado, el cual ha arrojado como resultado dos mil seiscientas veinticinco adhesiones personales, quince opiniones favorables y una observación fundada, la cual fue respondida por el candidato propuesto, todo difundido en dichas páginas web.
Es de destacar que el Doctor Vittar recibió opiniones favorables de las siguientes personas e instituciones:
- Dra. Teresa Ovejero Cornejo, Presidenta de la Corte de Justicia de Salta; quien destaca su rol como representante del Poder Judicial de Salta y Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que ha contribuido de manera sostenida al fortalecimiento de federalismo judicial.
- Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, Jueza de la Corte de Justicia de Salta, quien expresó que “…en el ámbito de la formación judicial, cabe destacar su labor come Director Académico y Presidente del Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, junto con su participación en la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales, el Instituto de Derecho Constitucional y el Instituto de Capacitación Judicial REFLEJAR. Tales funciones expresan una sostenida dedicación a la capacitación y al perfeccionamiento de quienes integran el sistema de justicia”.
- Dr. Pablo López Viñals, Juez de la Corte de Justicia de Salta.
- Dr. Javier Dario Muchnik, Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con quien compartió espacios de trabajo comunes en el ámbito de la Junta Federal de Cortes de las Provincias Argentinas.
- Dr. Santiago Otamendi, Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Dr. Germán Darío Martin Aimar, Fiscal para Delitos Juveniles de Neuquén.
- Dr. Manuel J. García Mansilla, Profesor de Grado y Posgrado y Ex Decano de la Universidad Austral.
- Escribana María Fabiana Nordera y Escribana Mariana Ivetich, autoridades del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta.
- Dr. Ronaldo Robles, Juez del Trabajo del Distrito Judicial Sur.
- Dr. Eduardo Barrionuevo, Juez del Tribunal de Impugnación, que pone de resalto su trabajo para la modernización del servicio de justicia y el respeto que brinda a la judicatura y a la carrera judicial.
- Dr. Santiago María Castro Videla, Subprocurador del Tesoro de la Nación.
- Dr. Javier Wajntraub, Profesor regular Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
- Dr. Rodolfo Luis Vigo, Director del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral.
- Dra. Verónica Rapela, Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
- Dr. Mariano Hernán Borinsky, Juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
En cuanto a su dilatada trayectoria profesional y académica haremos mención de alguna de las funciones y roles que desempeñó hasta hoy el profesional propuesto.
El Doctor Vittar se recibió de Abogado en el año 1987 en la Universidad Católica de Salta. Desde el año 2022 es, además, Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia.
Desde su matriculación en el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta desempeñó el ejercicio independiente de la profesión hasta el año 2008.
Realizó los siguientes cursos de posgrado:
Posgrado en Gobernabilidad y Construcción de Escenarios Prospectivos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Académica Argentina y PNUD.
Becado en Estados Unidos por la Universidad de Estados Unidos Information Agency, para los programas de estudios de Austin -Texas, en la Universidad Lyndon Johnson School of Public Affairs y Richmond en la Universidad de Virginia, Washington, Programa Political Economics and Social Processes in the U.S.A., año1992.
Becado en Alemania y Rusia por la Fundación Universitaria Río de la Plata para participar en el 1er Seminario Internacional “Política, Economía y Sociedad” realizado en la ciudad de Berlín, Alemania, y Moscú y San Petersburgo, Rusia, en el año 1993.
Becado en la República Federal Alemana por la Fundación Friederich Naumann, para sus programas de estudios en Sttutgart y Berlín, 2006.
Becado por la Academia de Intercambios y Estudios Judiciales para participar en la Universidad de DUKE, Raileigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América en el Seminario “Cuestiones Modernas de la Litigación”, en mayo de 2014.
Entre sus antecedentes académicos, podemos mencionar:
Profesor de la Cátedra de “Derecho Comercial Contratos Comerciales”, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Salta, período 1988 y 1992.
Docente del Programa de Formación Inicial de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta desarrollando temáticas vinculadas a “Principios de la Teoría del Estado e Instituciones Judiciales”, período 2014 a 2026.
Docente de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Judicial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Salta, período 2023 y 2026, y Miembro Titular de la Academia de Derecho Constitucional de la UCASAL.
El Doctor Vittar desempeñó los siguientes cargos públicos:
- Prosecretario del Senado de la provincia de Salta, desde el año 1991 hasta diciembre de 1995.
- Vicepresidente de la Cooperadora Asistencial del municipio Capital de la provincia de Salta, desde el período ‘94 al ‘95.
- Concejal Municipal de la Capital de Salta, en dos períodos.
- Vicepresidente de la Fundación Roberto Briones, 1990.
- Director de la Cámara de Comercio Exterior. Titular de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas.
- Diputado de la provincia de Salta, en dos períodos.
- Vicepresidente 1º de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta entre los años. 2003 y 2005.
- Presidente de la Comisión de Justicia y Culto de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta.
- Vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
- Miembro del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia, en el período 2005 y 2007.
- Miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia, en los períodos 2002, 2004 y 2007-2011.
- Miembro titular del Parlamento del NOA.
- Miembro titular del Consejo Consultivo Judicial de la provincia de Salta.
En el año 2008 es designado Juez de la Corte de Justicia de Salta. ejerciendo los siguientes cargos vinculados a su función:
- Director Académico y Presidente del Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, períodos 2019 al 2027.
- Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Vicepresidente de la Corte de Justicia, período 2021 a 2025.
- Supervisor de la Dirección de Tecnología e Innovación.
- Miembro Titular del Consejo de la Magistratura de la provincia de Salta.
- Miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Salta.
- Vicepresidente del Tribunal Electoral de provincia de Salta.
- Director Académico y miembro permanente de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales.
- Presidente del Instituto de Derecho Constitucional de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta.
- Vocal del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Miembro del Tribunal de Superintendencia del Notariado.
- Representante del Poder Judicial de Salta ante la Comisión Provincial para la Prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.
- Representante permanente del Poder Judicial de Salta ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Miembro del Consejo Consultivo Permanente para la Política Judicial de la Provincia de Salta, período 2008 a 2012.
En definitiva, señor Presidente, de la entrevista realizada por la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, se concluye que el Doctor Vittar reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el cargo para el cual se lo postula, demostrado ello con su continua prestación de servicio y trayectoria en la función judicial, la solvencia jurídica de sus decisiones y la responsabilidad asumida en las funciones que le ha tocado desempeñar denotando eficiencia y contracción al trabajo en claro compromiso con los valores democráticos y la optimización del servicio de justicia; por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente pliego.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- Tiene la palabra el señor Senador por el departamento Capital.
Sen. Cornejo Avellaneda.- Señor Presidente: en definitiva, un poco vamos a reiterar conceptos, porque el Senado se empeña en reiterar pésimos antecedentes y en vulnerar la Constitución Provincial. No vamos a innovar para nada en la argumentación porque durante este año ya hemos dicho todo. Pero no podemos dejar pasar por alto que la presente postulación viola flagrantemente la Constitución Provincial en su artículo 156, ya que al momento de establecer los requisitos, las incompatibilidades y la modalidad de la designación de los integrantes de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, claramente establece un mandato y una prohibición.
Anteriormente, recordaremos en el año 1998, luego de la reforma, en el 2013 se mantuvo, se elegían Jueces de Corte que iban a durar un período de seis años y que iban a poder ser reelectos. En ese sentido, el Doctor Vitar fue elegido Juez de Corte en el año 2008, ‘en el año 2008’. Luego fue reelecto Juez de Corte en el año 2014, seis años después. Luego fue re reelecto en el año 2020. Ahora pretende ser re re reelecto. Siendo que la Constitución Provincial claramente establece en su artículo 156 que los Jueces de Corte de Justicia de la Provincia de Salta “duran diez años en sus funciones, no pudiendo ser nombrados nuevamente”.
Entonces, el Doctor Vittar tenía derecho en el año 2021 a finalizar su mandato, al cual había ingresado mediante la manda constitucional del artículo 156 que establecía que su duración iba a ser de seis años.
Ahora bien, la posibilidad de su reelección la fija o no la Constitución a partir del 2021, donde claramente establece la prohibición de la reelección, no puede ser nombrado nuevamente. Eso está claro. La interpretación en el derecho tiene que hacerse, en primer lugar, conforme a la letra de la ley. Una vez que la letra de la ley deja algún tipo de duda o laguna, se apunta al espíritu de la ley. La ley es clara. El Doctor Vittar no tiene derecho, ningún derecho adquirido o una pretensión a ser re re reelecto. No lo tiene, no está dentro de su patrimonio, de sus posibilidades ni de su pretensión como ciudadano ser nuevamente reelegido.
La propia Constitución al ampliar la cantidad de años, de llevarla de seis a diez, lo hace por el motivo de que se entiende que un Juez de Corte tiene que tener cierta perdurabilidad en el tiempo que le asegure el ejercicio libre de su función y que va a perdurar en ese cargo más allá de un gobierno provincial. Pero esa extensión en el tiempo, de llevarlo de seis a diez, inexorablemente viene con la misma manda constitucional de limitar la reelección, “vas a durar diez años, pero termina y te vas a la casa”.
Llegado el caso, como va a ser que ustedes van a aprobar la postulación del Doctor Vittar, vamos a tener un caso de un integrante de la Corte que va a durar veintiocho años. Y eso no lo prevé, no lo establece ni lo permite la Constitución Provincial. Es un absoluto exceso llevar esta interpretación, y cuando se comete un exceso en la interpretación de la norma, estamos ante un abuso del derecho. Y este abuso del derecho es de tal gravedad que torna el mismo acto en sí nulo de nulidad absoluta e insanable, porque desde su origen se está cometiendo un abuso en admitir desde el Senado que un ciudadano tiene un derecho adquirido a ser nuevamente reelegido Juez de la Corte, lo cual no existe.
Se ha manifestado en distintas oportunidades públicamente, en los pasillos del Senado, aquí mismo en el recinto lo ha manifestado un Senador incluso, que había una cierta duda y que esa duda de que si podía ser reelecto o no estaba salvada por las expresiones vertidas de algunos convencionales en el momento del tratamiento. Incluso el propio Doctor Vittar, en la entrevista realizada hoy, dijo que al no haber una cláusula transitoria tenía derecho. La cláusula transitoria tiene que estar redactada justamente para darle, en todo caso, el derecho, para decir “se aplica la ley para todos menos para él”, para él no se aplica la ley.
Entonces, la ausencia de cláusula, justamente, viene a perjudicar esa postulación, porque si tuvieron la mayoría en la Convención para hacer y deshacer como quisieran, si tuvieron incluso la oportunidad, según dicen ustedes, no me consta, que algunos convencionales se manifestaron a favor de interpretar que tenían, aquellos que estaban transcurriendo su mandato, la posibilidad de ser re reelegidos, las veces que se les cante, tenían que haber implementado la cláusula transitoria, pero no lo hicieron. Y hay un principio del derecho, que “nadie puede alegar la propia torpeza”.
Si fueron torpes al momento de legislar, mal pueden invocar que esa torpeza los beneficiaría. Pero aun así, si ustedes dicen “bueno, la Constitución al momento que asumió el Doctor Vittar era del año 2020”, él asumió en el año 2020, estaba la Constitución del 98/2003 y ustedes consideran que él tiene derecho por esa manda constitucional a ser reelegido, esa cláusula constitucional establece que puede ser reelegido las veces que quiera. Podríamos llegar a la interpretación incluso de decir que el Doctor Vittar puede ser reelegido las veces que quiera, o que quieran ustedes, porque cuando él fue nombrado Juez por primera vez estaba la anterior Constitución y él tiene un derecho adquirido, una pretensión real de ser elegido Juez de Corte.
Primero, ningún ciudadano tiene esa pretensión y ese derecho adquirido a ser Juez de Corte, para empezar. Entonces, si no la tiene ningún ciudadano, mal puede tenerlo un ciudadano en particular, menos un ciudadano que ya viene ejerciendo la magistratura, menos un ciudadano que debería ser el ejemplo del respeto a la Constitución, aún en daño propio.
Hay un versículo de la Biblia que establece quién nunca va a fallar en su obrar. Y uno de los párrafos dice “no va a fallar nunca aquel que no retracta lo que juró aún en daño propio”. Esto nos manda la Biblia. No fallará en su obrar, entre otras cuestiones, aquel que no retracte lo que juró, aun cuando no retractarse le cause un perjuicio.
Y va, no en contramedida a lo que establece El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, que tiene mala fama, pero él simplemente se limita a decir lo que sucedió en su época y lo que él veía, sin ánimos de dar lecciones de moral, pero incluso en El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, reconoce que es admirable que un príncipe conserve la palabra dada, que la viva con integridad y que la cumpla, pero, siempre hay un pero, también reconoce Maquiavelo que han hecho grandes cosas superando al final aquellos que se han basado en la lealtad, pero más todavía aquellos que han vulnerado esa lealtad. Por lo tanto, dice Maquiavelo “un señor prudente no puede, ni debe, mantener la palabra dada cuando tal cumplimiento se vuelva en contra suya y hayan desaparecido los motivos que le obligaron a darla”. Es decir, cuando se impulsó la reforma de la Constitución Provincial, era conveniente decir que se iban a reducir los mandatos, que se iban a acortar los mandatos, que se iba a buscar eliminar las reelecciones indefinidas o las re reelecciones o los tres mandatos, y a la casa, pero después desaparecieron aparentemente esas circunstancias y ciertos dirigentes políticos entienden que la palabra empeñada ya no tiene valor y que es positivo, a los fines políticos, volver pasos atrás respecto a la propia palabra empeñada.
El tema es que eso puede tener resultados a corto plazo y puede vulnerar, incluso imponerse a lo que la población salteña piense. Dice la gente “bueno, a todos se nos aplica la Constitución, menos a un sector privilegiado”. Y seguramente le va a ir muy bien en el corto plazo en cuanto a la obtención de resultados políticos a corto plazo, pero a largo plazo le están haciendo un daño tremendo a la sociedad salteña. Están lacerando gravemente las instituciones de Salta. Ya no es una provincia al margen de la ley, es “una provincia patas para arriba de la ley”, porque gran parte de la población no va a valorar este tipo de actitudes que está teniendo la mayoría de la clase dirigente salteña, más tarde o más temprano le va a dar la espalda, pero el antecedente que dejan de que la ley es para algunos y para otros no, es un antecedente peligrosísimo para los próximos dirigentes políticos que vengan, los cuales ustedes no saben quiénes son los que van a venir, ni que van a aceptar quizá de buen grado el antecedente que están dejando ustedes, que vulnerar la Constitución de manera reiterada no tiene ningún tipo de consecuencias, al contrario, es aplaudido por cierta clase de la dirigencia política y avalado por cierta clase de la dirigencia judicial. En definitiva, ni el Doctor Vittar tiene derecho a ser re reelegido, ni ustedes pueden vulnerar la manda constitucional. Por más que lo hagan ahora, no va a pasar nada, no se va a caer la Legislatura, pero sí están dañando de muerte las instituciones de Salta. Y esto no lo van a ver ustedes al corto plazo, se va a notar y lo vamos a sufrir, lamentablemente, a mediano y largo plazo.
Así que, señor Presidente, sabiendo ya el resultado, que las cartas están echadas y resultado es claro, igualmente desde La Libertad Avanza vamos a votar en contra y no vamos a callar la verdad, mucho menos en la semana en la cual la propia Corte de Justicia de Salta, de manera muy pobre, ha avalado la inconstitucionalidad de la Ley de Lemas, diciendo que es constitucional la Ley de Lemas. Todo tiene que ver con todo. No hay casualidades en esto, hay causalidades. Y entendemos perfectamente hacia qué rumbo quieren llevar la provincia, que es el mismo rumbo que ha llevado a que Salta sea una de las provincias que tenga mayor pobreza crónica de la República Argentina, la tercera, siendo que por el contrario es la cuarta Provincia con más presión tributaria de la República Argentina, la sexta más insegura. Están realmente destrozando la provincia. y destrozando a sus instituciones.
Queda pensar quizá que en algún lugar de sus conciencias puedan, el año que viene, hacer una renuncia histórica y aceptar lo que manda la Constitución, “dos mandatos y a la casa”.
Muchas gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- Tiene la palabra el señor Senador por el departamento La Viña.
Sen. Soto.- Señor Presidente: voy a tratar de ser breve, destacando que no es la primera vez que me toca expresarme con respecto a este tipo de acuerdos que se le da a aquellos que son propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar el máximo Tribunal. Pero tampoco puedo dejar pasar que se pretenda confundir a los salteños, aludiendo a que se está violando el orden constitucional, el marco legal que nos rige.
Fue muy claro el miembro informante. El proceso con respecto al Doctor Fabián Vittar empieza con un procedimiento participativo previo que tiene lugar en el Poder Ejecutivo, ahí hay un plazo, en el cual cualquier ciudadano puede plantear objeciones, observaciones o adhesiones. No he visto, “no he visto” que los que plantean acá observaciones lo hayan hecho en donde previamente correspondía o lo podrían haber hecho.
También quiero destacar que más allá del acuerdo que se le otorgue, como así lo pide el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, no pueda ser objeto de un análisis judicial. También les queda expedita esa vía, si también quieren intentarlo.
Decía al principio y reitero los argumentos que he vertido en acuerdos anteriores al presente, fui Convencional en la reforma allá por el año 2021 y yo sugiero que se remitan a las Versiones Taquigráficas de esa Convención cuando los convencionales Roberto Gramaglia y Pamela Caletti fueron expresamente claros cuando dijeron que el mandato que estaban llevando adelante los actuales miembros de la Corte no debían ser considerados como un primer mandato. El Doctor Fabián Vittar se sometió y aceptó ser valorado en este procedimiento administrativo previo como un ciudadano más por el cual fue propuesto, es decir que estaba y está plenamente habilitado para ocupar de nuevo este cargo de Juez de la Corte, donde sí se va a aplicar la actual Constitución Provincial que establece un plazo de diez años en su cargo sin posibilidades de ser reelegido.
Quiero aclarar esto porque no puedo permitir que se pretenda confundir a los salteños trayendo una interpretación personal, que judicialmente ya ha sido descartada por la Justicia, y también tranquilidad a mis padres porque la Comisión de Justicia ha realizado la valoración de los antecedentes, ha realizado también la entrevista personal al doctor Fabián Vittar y en consecuencia suscrito el dictamen, con un trabajo a conciencia, responsable y dentro del marco constitucional permitido. Así que por eso también voy a pedirle a mis padres que acompañen el dictamen.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- En consideración el dictamen. Se va a votar.
– Votan por la afirmativa catorce señores senadores.
– Vota por la negativa un señor Senador.
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- Aprobado, con el voto negativo del señor Senador por el departamento Capital. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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ARRÍO DE BANDERAS
Sr. Presidente (Cornejo Saravia).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor Senador por el departamento La Viña Jorge Pablo Soto, a arriar la Bandera Nacional y al señor Senador por el departamento Santa Victoria Luis Altamirano, la Bandera Provincial; posteriormente queda levantada la sesión.
– Puestos de pie los presentes, los señores Senadores Jorge Pablo Soto y Luis Altamirano proceden a arriar las Banderas Nacional y Provincial, respectivamente.
– Es la hora 16 y 39.
