Plantearán al ENRESP determinar la responsabilidad de EDESA en el corte de energía que afectó al Hospital Materno Infantil
La medida se formalizará tras la reseña del Ministerio de Salud Pública sobre el apagón del pasado 19 de mayo. El pedido de informes buscará determinar las responsabilidades de la prestataria por la interrupción del servicio eléctrico que afectó áreas críticas, exponiendo a una situación de vulnerabilidad a los pacientes internados y obligando al equipo de salud a activar protocolos de emergencia.
El Senado avanzará en un pedido de informes ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) para determinar las responsabilidades de la empresa prestataria EDESA tras los cortes de suministro eléctrico ocurridos en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) el pasado 19 de mayo.
La decisión se tomó este miércoles luego de una reunión ampliada de la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social con autoridades del área donde se analizó el informe técnico sobre la contingencia y el protocolo de emergencia aplicado en el nosocomio.
El encuentro contó con la participación de los senadores, Manuel Pailler, Mashur Lapad, Jorge Soto, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Gonzalo Guaymas, Carlos Guitián, Walter Cruz, Rolando Guaimás, Alejandra Navarro, Carlos López, Manrique Burgos, Esteban D’Andrea, Juan Cruz Curá, Daniel Moreno, Luciano Elvira, Enrique Cornejo y Roque Cornejo. Por el Ejecutivo asistieron el ministro de Salud Pública, Federico Mangione y el subsecretario de Salud, Luciano Giasso.
Mangione expuso la cronología del incidente y remarcó que el origen de la falla no se localizó en las instalaciones del hospital, sino que se registraron dos cortes de energía eléctrica en un lapso de 15 minutos en la red externa.
Ante la interrupción del suministro, los dos grupos electrógenos del HPMI se activaron en diez segundos, abasteciendo a las áreas críticas como la terapia intensiva, la guardia y los pasillos principales. Sin embargo, la repetición de los cortes generó una avería al ingresar dos cargas simultáneas, lo que afectó un sistema interno y prolongó la falta de energía en sectores del establecimiento por un lapso de 12 horas.
Mangione criticó la postura de EDESA, que argumentó no registrar variaciones de voltaje pero omitió informar sobre la interrupción efectiva del servicio, afectación que según se documentó, también alcanzó a vecinos de la zona y a un centro comercial cercano. Asimismo desestimó las declaraciones del titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, que a su criterio vinculó el corte con una deuda con la empresa EDESA de 700 millones de pesos, e indicó que los daños tecnológicos ocasionados al nosocomio por esta contingencia equivalen a esa misma cifra.
Con respecto a la difusión de imágenes del incidente, el ministro cuestionó la actitud de determinados sectores durante la emergencia e informó el inicio de investigaciones administrativas en el nosocomio. “Esto se mediatiza y se utiliza por gente sin escrúpulos. No se puede exponer a los pacientes; vamos a hacer sumarios”, aseveró Mangione, al referirse a personas que se dedicaron a filmar la situación dentro de las instalaciones en lugar de colaborar con el personal de salud en las tareas de contingencia.
En respuesta a las consultas del senador Moreno sobre el funcionamiento de los quirófanos, las autoridades sanitarias aclararon que el protocolo de urgencias se ejecutó de manera correcta y articulada. Las áreas afectadas derivaron a los pacientes internos hacia la mitad del hospital que sí disponía de energía y el uso de baterías de soporte garantizó hasta seis horas de autonomía en equipos esenciales. Al respecto, Mangione enfatizó que “fue una catástrofe”, pero remarcó que durante la contingencia se realizaron cesáreas y cirugías programadas y no se registraron víctimas fatales.
Por su parte, el senador Elvira destacó la operatividad de los equipos de traslado que derivaron a dos pacientes de Rosario de la Frontera ese mismo día, mientras que el senador Burgos señaló que inconvenientes similares con el servicio eléctrico se registraron también en la localidad de Cachi. En tanto, el senador Nolasco valoró la celeridad de los servicios de emergencia del ministerio para salvar la vida de un adulto mayor en el paraje Mesada.
Finalmente el senador Curá, ratificó que el cuerpo formalizará el pedido de informes al ENRESP con el objetivo de esclarecer las responsabilidades técnicas del incidente y sancionar los perjuicios ocasionados a la infraestructura sanitaria provincial.
Balance de la gestión sanitaria
Posteriormente, la Comisión de Salud relevó los principales indicadores de la gestión del Ministerio de Salud Pública, abordando el estado patrimonial, la inversión en equipamiento tecnológico y la situación de los programas de financiamiento nacional y obras sociales.
En materia de infraestructura, Mangione destacó la implementación del sistema de historia clínica digital única en la provincia como un avance clave para la trazabilidad y optimización en la distribución de medicamentos.
Más adelante señaló la necesidad de actualizar el equipamiento de diagnóstico por imágenes, dado que varios tomógrafos cumplieron su vida útil. Para revertir esta situación, se trabaja en un esquema de articulación público-privada que permitirá renovar nueve tomógrafos de alta complejidad distribuidos en Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Embarcación, Joaquín V. González, General Güemes, Cafayate, el Hospital San Bernardo y el HPMI. Asimismo, ponderó el premio obtenido por la Red de ACV de la provincia e informó el próximo lanzamiento de la Red Cardiovascular bajo el mismo estándar operativo.
Respecto al parque automotor, reconoció el deterioro de las ambulancias y habló del proceso para la adquisición de nuevas unidades y dispuso, de forma paliativa, el alquiler de vehículos con chofer asignado para asegurar la cobertura de emergencias en zonas críticas del interior como Alto La Sierra, Santa Victoria Este, Morillo y Carboncito.
En lo relativo a los programas federales y convenios de financiamiento, indicó que la provincia registró un depósito de 500 millones de pesos por parte de la Nación por el plan Sumar. En cuanto al Plan Remediar, ante los recortes de partidas nacionales, se garantizó el suministro de 22 medicamentos esenciales no interrumpibles mediante acuerdos específicos.
Finalmente, se analizó la relación financiera con las obras sociales y el incremento de la demanda en el sector público. Los funcionarios explicaron que Salta mantiene un sistema de gestión de cápitas diferenciado con el PAMI donde la provincia administra los recursos, existiendo actualmente una deuda de 1.700 millones de pesos en proceso de recuperación.
A su vez, en respuesta a una intervención del senador Moreno sobre la atención en centros de salud del interior a empleados municipales que cuentan con la cobertura de IPS, el Ministerio de Salud Pública ratificó la instrucción de optimizar los mecanismos de facturación y recupero de costos a las obras sociales para sostener operativamente el sistema público.
