El Senado trabaja en la prórroga de la ley de emergencia por violencia de género para sostener la protección a las víctimas
Con un incremento sostenido del 93% en los registros de denuncias por violencia familiar y de género respecto de 2016, para totalizar 3 de cada 10, siete femicidios contabilizados en lo que va del año y ante la falta de envío de fondos nacionales para el sector, la Comisión de la Mujer, Género y Diversidad del Senado avanzó con el análisis de la prórroga de la Ley de Emergencia por violencia de género y tras reunirse con autoridades del Poder Ejecutivo y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, emitió dictámen favorable.
Durante el encuentro llevado a cabo este miércoles, los senadores evaluaron junto a las autoridades provinciales y a las representantes del organismo técnico el impacto de las políticas públicas implementadas y el estado de situación en los distintos departamentos, de cara al vencimiento de la emergencia en materia social por violencia de género previsto para el próximo 8 de septiembre. En ese marco, se analizaron requerimientos presupuestarios, demanda de asistencia legal y psicológica, y necesidad de sostener los dispositivos de contención que funcionan bajo la órbita estatal.
La reunión fue encabezada por la titular de la comisión, Leonor Minetti y contó con la participación de los senadores, Alejandra Navarro, Jorge Soto, Dani Nolasco, Manuel Pailler, Luciano Elvira, Arnaldo Altamirano, Roque Cornejo, Manrique Burgos, Gonzalo Guaymas y Juan Cruz Curá. Por el Poder Ejecutivo asistieron la subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat; el director de Gestión de Políticas contra la Violencia, Álvaro Vanetta y la directora de la Agencia de las Mujeres, María Antonia García. En representación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres concurrieron su presidenta, Ana Pérez Declercq, la representante por el Senado, Natalia Fuentes y la representante por el Poder Judicial, Pilar González Sastre.
Sancionada originariamente en 2014 ante la gravedad y el incremento de casos en Salta, la Ley 7.857 declaró la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio provincial, habilitando la creación de juzgados y fiscalías especializadas, la implementación de botones antipánico, la conformación de equipos interdisciplinarios y la coordinación entre distintas áreas del Estado para la asistencia a las víctimas. En consonancia con este marco, el proyecto de ley impulsado por las senadoras Minetti y Navarro prorroga dicha vigencia por el término de dos años a partir de su vencimiento, facultando al Poder Ejecutivo a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para sostener las medidas, programas y servicios esenciales frente a esta problemática.
Capacitación policial y merma de áreas municipales
Al fundamentar la operatividad del organismo, Valencia Donat remarcó que la prórroga de la ley resulta indispensable para respaldar las dos tareas fundamentales de la Subsecretaría: la atención de las violencias y las políticas de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad. En ese sentido, subrayó la obligación del Estado de mantenerse presente para igualar oportunidades ante el cese de partidas nacionales, al tiempo que priorizó avanzar en un esquema de capacitación policial especializada en articulación con el área de Seguridad, por constituir la fuerza de seguridad el primer contacto de auxilio de las personas damnificadas.
Por su parte, García expuso sobre las líneas de acción formativas y comunitarias impulsadas desde la Agencia, destacando la certificación de 640 personas durante 2026 en el marco de la Ley Micaela, con la próxima incorporación de un agente de inteligencia artificial para optimizar las instancias formativas. Asimismo, detalló el funcionamiento del área de Diversidad, el Programa de Intervención para Varones (PRIHO), los trayectos en perspectiva de género para organismos como concejos deliberantes y la Liga Salteña de Fútbol y la continuidad de iniciativas de inserción sociolaboral como Constructoras+.
A su turno, Vanetta explicó el funcionamiento de la Dirección General de Políticas contra la Violencia por Razones de Género y su Servicio de Orientación, Contención y Asistencia, orientado a brindar una respuesta integral, accesible y cercana a la comunidad. Al brindar las proyecciones estadísticas, el funcionario advirtió un sostenido incremento en la demanda: en lo que va de 2026 ya se cubrió el 86% de las asistencias brindadas durante todo 2025 proyectando alcanzar un 129%, mientras que los requerimientos judiciales ya se ubican en el 116% respecto del año anterior con previsión de trepar al 170% al finalizar el período.
Para atender este cuadro en territorio, el área sostiene el programa «Aquí para vos» de descentralización asistencial, la línea telefónica gratuita de contención activa de 8 a 20 horas, el dispositivo de acompañamiento psicológico «Caminando juntas» y talleres de sensibilización jurídica sobre violencia económica enfocados en cuota alimentaria. A ello se suma la iniciativa «Tejiendo redes», orientada a la capacitación de operadoras sociocomunitarias para fortalecer la detección temprana y canalización de situaciones de riesgo en los barrios y municipios.
Acompañamiento territorial integral
Por parte del Observatorio, Fuentes y Pérez Declercq presentaron los registros estadísticos que fundamentan la necesidad de sostener la emergencia, remarcando que en 2025 las denuncias registradas en la Oficina de Violencia Familiar y de Género aumentaron casi un 93% respecto de 2016, mientras que en el Sistema Único de Denuncias casi 3 de cada 10 casos corresponden a violencia familiar o de género.
A su vez, señalaron que en los primeros siete meses de 2026 se registraron 6 femicidios —alcanzando 7 en agosto e igualando el total de todo 2025— y advirtieron sobre los datos de la Unidad de Flagrancia, donde un tercio de las intervenciones corresponden a esta problemática y casi 4 de cada 10 ocurren en horario nocturno.
En ese sentido, alertaron que menos del 50% de los municipios sostienen áreas específicas de género tras haber sido absorbidas por Acción Social, y plantearon la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento integral que designe referentes territoriales para guiar a las víctimas en los trámites judiciales y sanitarios, evitando la sobreoferta estatal que se limita únicamente a la denuncia inicial y deja sin seguimiento el resto del proceso.
Llegar a toda la provincia
El senador Pailler consultó acerca del lugar físico donde se concentra la mayor cantidad de hechos denunciados, ante lo cual González Sastre precisó que la mayoría de los casos se registran dentro del ámbito doméstico. A su turno, la senadora Navarro recordó que la emergencia vence el próximo 8 de septiembre y manifestó su preocupación por la situación de las mujeres del interior provincial que quedan desprovistas de contención ante el cierre de oficinas locales, remarcando la necesidad de profundizar las políticas públicas y reforzar la difusión comunitaria de las líneas telefónicas gratuitas de asistencia. Por su parte, el senador Guaymas propuso articular mejoras operativas con el Sistema de Emergencias 911 a fin de que los operadores identifiquen con rapidez las llamadas de ese tipo y las deriven de forma directa y prioritaria a las dependencias correspondientes.
Al cierre del encuentro, la senadora Minetti agradeció el aporte de ambos sectores y los comprometió a trabajar de manera articulada en la búsqueda de políticas de estado que ofrezcan garantías a las víctimas, tras lo cual las comisiones de la Mujer, Género y Diversidad y su par de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional firmaron sendos dictámenes favorables al proyecto de prórroga. Con este paso, el Senado se encamina al tratamiento en el recinto de una norma de vital trascendencia para la provincia, que faculta al Poder Ejecutivo a asignar los recursos necesarios para mantener activas las líneas de atención y los programas interdisciplinarios de contención y protección a las víctimas en todo el territorio salteño.
