El Senado avanza en un marco normativo contra estafas virtuales para proteger a los usuarios del fraude digital
Para sumar herramientas eficientes a la lucha contra el fraude virtual y proteger a la comunidad ante engaños cotidianos que se multiplican en redes sociales y servicios de mensajería, el Senado avanzó en el tratamiento de sendas iniciativas legislativas junto a la fiscal penal especializada en ciberdelincuencia y jefes policiales del área para establecer por ley un sistema integral de alertas tempranas, educación comunitaria y asistencia directa a las víctimas.
La proliferación cotidiana de falsas promociones en redes sociales, enlaces fraudulentos por servicios de mensajería y maniobras de suplantación de identidad mediante el uso de inteligencia artificial configura un escenario de vulnerabilidad constante para la ciudadanía, al que se suman delitos graves como el grooming y la vulneración de la intimidad personal. Frente a este panorama, que no solo despoja de sus ahorros a personas mayores y ciudadanos en general mediante vaciamientos de cuentas o toma involuntaria de créditos sino que quiebra la tranquilidad cotidiana de familias enteras y atenta contra la integridad de los jóvenes, el Senado asumió la tarea de articular soluciones normativas de fondo para proteger a la comunidad, romper la soledad que sufren los damnificados ante las pantallas y dar respuestas integrales en todo el territorio salteño.
En ese marco, este miércoles se llevó adelante una reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, encabezada por Dani Nolasco, con la participación de los senadores, Mashur Lapad, Jorge Soto, Alejandra Navarro, Gonzalo Guaymas, Manrique Burgos, Roque Cornejo, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Diego Cari, Daniel Moreno y Luciano Elvira, quienes recibieron a la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo; el director general de Ciberseguridad de la Policía de la Provincia, Carlos Reyes y el asesor legal de jefatura de policía, Efraín Garzón.
Una de las iniciativas en análisis, de autoría del senador Elvira, propone instituir el Programa Provincial de Prevención, Concientización y Protección contra Estafas Digitales y Fraudes Electrónicos. El proyecto establece mecanismos inmediatos de intervención ciudadana a través de una línea gratuita para denuncias urgentes y un sistema de alertas públicas sobre engaños emergentes, sumando la colaboración estratégica con plataformas digitales y entidades financieras para frenar transferencias fraudulentas a tiempo y brindar patrocinio y contención a personas que muchas veces quedan desamparadas frente a respuestas automáticas de las entidades.
Por su parte, el proyecto que llega con aprobación de la Cámara de Diputados fija un marco integral de prevención, concientización y educación frente a estafas telefónicas y virtuales. Su articulado dispone la inclusión obligatoria de contenidos pedagógicos sobre uso responsable de tecnologías y protección de datos en la currícula escolar a través del Ministerio de Educación y Cultura, a la vez que instruye a la autoridad de aplicación a conformar un registro estadístico periódico sobre la evolución de estas modalidades delictivas para perfeccionar las estrategias de prevención en el territorio salteño.
Diagnóstico, estadísticas y articulación público-privada
Durante su exposición, la fiscal Cornejo advirtió sobre el incremento sostenido del delito digital, reflejando un promedio de ocho a nueve denuncias diarias por ciberfraudes en la provincia desde finales de 2022, junto a un avance preocupante de hechos de grooming. La funcionaria judicial dimensionó la problemática en dos planos bien diferenciados: por un lado, las maniobras cotidianas que operan como una versión sofisticada del tradicional “cuento del tío”, donde la manipulación psicológica y el uso de inteligencia artificial vulneran a los usuarios, golpeando de lleno en jubilados con la pérdida de ahorros y toma forzada de créditos, o en jóvenes mediante falsas ofertas; por otro lado, un nivel de ciberdelito de mayor complejidad técnica y escala global que emplea malware y herramientas informáticas avanzadas, cuyos flujos ilícitos llegan a abastecer de fondos a organizaciones complejas e incluso a grupos terroristas, demandando coordinación permanente con fuerzas internacionales como Interpol.
Frente a este escenario, consideró prioritario definir con claridad la autoridad de aplicación de la ley, articular acciones preventivas y de educación financiera con las más de 400 empresas de la Cámara Argentina Fintech e integrar a los ecosistemas de bancos y criptoactivos. Asimismo, propuso la creación de una agencia local de protección y asistencia digital ciudadana que funcione las 24 horas para brindar respuesta, contención humana y orientación concreta a la población junto a Defensa del Consumidor.
A su turno, el comisario Reyes detalló la labor desplegada por la Dirección General de Ciberseguridad, la dependencia más joven de la Policía de la Provincia, a través de su División Docencia y Prevención. Remarcó que el trabajo en territorio ya alcanzó a 37 localidades del interior y capacitó a más de 16 mil personas durante el año, complementado por 44 contenidos audiovisuales preventivos orientados a mejorar la accesibilidad ciudadana que superaron las 776 mil visualizaciones, permitiendo detectar en campo situaciones delictivas que fueron derivadas a la Justicia bajo la premisa operativa de prevenir, asistir, investigar y detectar.
Por su parte, el comisario Garzón explicó el rol del área jurídica policial como soporte legal en las tareas de navegación y patrullaje virtual que se realizan bajo estrictos estándares de confidencialidad, adaptándose a la dinámica social y tecnológica. Garzón respaldó la unificación de los proyectos, ponderó que las medidas queden consagradas por ley y remarcó la importancia de establecer capacitaciones obligatorias en el ámbito público para fortalecer la prevención comunitaria.
Cárceles de otras provincias: claves de un delito que llega desde afuera
Durante el intercambio, el senador Moreno planteó la inquietud sobre el grado de participación de personas privadas de la libertad en estas maniobras delictivas. Al respecto, la fiscal Cornejo precisó que el 98% de las investigaciones con origen en Salta se ejecutan desde otras provincias, operadas principalmente desde establecimientos carcelarios de distritos como Córdoba, Buenos Aires o Mendoza, sin registros locales de imputados alojados en penales salteños.
Asimismo, ante el planteo sobre la posibilidad de canalizar las denuncias a través del sistema 911, los expositores desaconsejaron esa vía para no saturar un servicio crítico destinado a salvar vidas y atender delitos en flagrancia en la vía pública, recomendando la habilitación de una línea exclusiva orientada a ayudar a resolver ese tipo de operaciones dudosas.
En el cierre de la reunión se ratificó la voluntad de alcanzar un marco normativo unificado. El senador Elvira remarcó la importancia de fusionar ambas iniciativas para brindar un respaldo legal sólido a las tareas que la Policía y la Justicia ya despliegan en el territorio, mientras que el senador Nolasco confirmó que la comisión avanzará con la firma del dictamen correspondiente a partir de la próxima semana para someter el texto definitivo a la consideración del Senado.