El Senado analizó la política de seguridad provincial y propuso articular una mesa de trabajo con la Justicia
Para debatir los ejes de la política de seguridad que se instrumenta en el territorio provincial la Cámara de Senadores llevó a cabo una reunión plenaria con el ministro de Seguridad, junto a la cúpula de la fuerza policial. Durante el encuentro, se evaluaron los planes operativos en ejecución, la optimización de recursos humanos y logísticos y la necesidad de modernizar los esquemas de prevención del delito.
En el transcurso del encuentro el cuerpo propuso la conformación de una mesa de trabajo articulada que integre al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal. El objetivo de esta iniciativa es generar herramientas normativas y procesales que eviten que el trabajo investigativo y operativo de la Policía se vea neutralizado por la rápida liberación de los aprehendidos en sede judicial.
Además los legisladores intercambiaron opiniones con los funcionarios sobre la planificación operativa, la optimización de los recursos humanos y logísticos, la modernización de la fuerza policial, la seguridad vial, la lucha contra el narcotráfico y las principales problemáticas planteadas por cada departamento.
El plenario fue encabezado por el vicepresidente primero, Mashur Lapad y contó con la participación de los senadores Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Arnaldo Altamirano, Luciano Elvira, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá, Gonzalo Guaymás, Manuel Pailler, Sergio Saldaño, Manrique Burgos, Leonor Minetti, Alejandra Navarro, Dani Nolasco, Roque Cornejo y Enrique Cornejo.
En representación del Poder Ejecutivo asistieron el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez; el jefe de Policía, Comisario General Lic. Walter Toledo; el subjefe de Policía, Comisario General Lic. Guido Burgos y miembros de la plana mayor policial.
Política de seguridad
El secretario de Seguridad sostuvo que alrededor del 80% de las intervenciones policiales responden en la actualidad a situaciones vinculadas con conflictos de convivencia social, por lo que la política pública del área prioriza incrementar la presencia preventiva en las calles mediante operativos integrales de seguridad que ya se ejecutan en distintos puntos de la provincia, particularmente en el norte salteño.
En materia de seguridad vial, indicó que en lo que va del año se registraron 85 víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales, con mayor incidencia en zonas urbanas y durante las primeras horas de la mañana, por lo que se continúa fortaleciendo el trabajo preventivo y los controles en rutas y ciudades.
También se refirió a las acciones de prevención previstas frente a la posible incidencia del fenómeno climático denominado “Super Niño”, detallando que se trabaja coordinadamente con los municipios de las cuencas de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Juramento, habiéndose conformado treinta nuevas divisiones de Defensa Civil municipales.
En el plano ambiental destacó que la superficie afectada por incendios forestales disminuyó en más de diez mil hectáreas respecto del año anterior, como consecuencia de una temporada de menor intensidad.
Modernización policial
A su turno, el jefe de Policía expuso los principales lineamientos de gestión, estructurados sobre los ejes de prevención y represión del delito.
Explicó que la fuerza desarrolla un proceso de modernización y sistematización destinado a optimizar los tiempos de respuesta a los requerimientos ciudadanos y reducir la carga administrativa del personal para incrementar la cantidad de efectivos en las calles.
En ese sentido señaló que se trabaja en la descentralización de unidades especiales como Infantería y en el fortalecimiento del patrullaje preventivo en distintos sectores de la provincia.
Respecto de la actividad investigativa informó sobre procedimientos recientes que permitieron desarticular una organización integrada por seis personas dedicada a la reducción de motopartes en el norte capitalino, además de otros operativos desarrollados en la zona sudeste, vinculados con el consumo de estupefacientes en la vía pública.
Por su parte, el subjefe de Policía, presentó el avance del Plan Integral de Seguridad implementado inicialmente en Salvador Mazza, estrategia orientada a consolidar un modelo de policía preventiva, proactiva y de proximidad.
Explicó que el programa contempla auditorías permanentes sobre el trabajo territorial y un esquema de abordaje comunitario que promueve una mayor interacción con los vecinos.
Indicó que este modelo ya se aplica en Aguaray, Tartagal, General Mosconi y en la zona sudeste de la ciudad de Salta, con la participación coordinada de Drogas Peligrosas, la Brigada de Investigaciones y otras áreas operativas de la fuerza.
Asimismo, adelantó que el plan continuará extendiéndose al Valle de Lerma, General Güemes, Anta y Metán, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y la prevención del delito en todo el territorio provincial.
Consultas de los legisladores
Durante el intercambio, los senadores formularon consultas vinculadas con las distintas realidades de sus departamentos y realizaron aportes para fortalecer las políticas públicas de seguridad.
El senador D’Andrea planteó la problemática de las consignas policiales ordenadas judicialmente y consultó sobre las herramientas legales que permitan optimizar el empleo del personal policial.
El ministro explicó que actualmente se trabaja junto al Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para revisar los criterios de asignación de consignas, al considerar que en muchos casos resultan innecesarias o se extienden durante períodos excesivos, afectando la capacidad operativa de la fuerza.
Como ejemplo señaló que existen situaciones en las que jueces disponen arrestos domiciliarios con custodia permanente de personal perteneciente a Brigada de Investigaciones, especialmente en el norte provincial, lo que implica distraer recursos destinados a combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico.
En ese marco, anticipó que la problemática será planteada próximamente ante la Corte de Justicia, señalando además que la utilización de tobilleras electrónicas constituye una alternativa eficaz para disminuir este tipo de custodias.
El funcionario recordó que la Provincia llegó a registrar alrededor de dos mil consignas policiales y sostuvo que esa situación, sumada a licencias y otras afectaciones administrativas, reduce considerablemente la disponibilidad operativa de una fuerza integrada por aproximadamente doce mil efectivos.
Por su parte, la senadora Navarro consultó sobre el funcionamiento del sistema de denuncias web anónimas, particularmente en las pequeñas comunidades donde el conocimiento entre vecinos muchas veces desalienta la realización de denuncias. Al respecto, el ministro Avellaneda ratificó que la herramienta garantiza la reserva de identidad de los denunciantes y consideró necesario profundizar su difusión para promover una mayor participación ciudadana.
La legisladora también planteó la situación de los aspirantes a la Escuela de Suboficiales, señalando el elevado costo que representa la realización de los exámenes físicos en instituciones privadas y recordando el compromiso asumido para revisar ese esquema. En respuesta, el ministro anunció que este año volverá a implementarse el sistema de evaluaciones médicas gratuitas en hospitales públicos, acompañado de mayores controles para garantizar transparencia durante el proceso de ingreso.
Asimismo, Navarro consultó sobre la posibilidad de extender el Plan Güemes a otros departamentos, entre ellos Anta. El titular de la cartera de Seguridad explicó que se trata de un programa cuya implementación depende del Gobierno Nacional y señaló que la Provincia ya realizó el planteo correspondiente. No obstante, indicó que, independientemente de ello, se viene reforzando la presencia policial y los controles preventivos en distintos sectores del territorio provincial, especialmente frente a maniobras vinculadas con el narcotráfico que utilizan pistas clandestinas en los departamentos Anta, Rosario de la Frontera y Metán.
El senador Pailler expresó su preocupación por los hechos de violencia que continúan registrándose en algunos barrios del departamento San Martín, particularmente aquellos asociados al consumo problemático de drogas por parte de jóvenes. Asimismo, remarcó la importancia de continuar fortaleciendo las políticas de seguridad vial, considerando que los siniestros de tránsito constituyen una de las cuatro principales causas de mortalidad en Argentina.
En respuesta, el ministro informó que la Subsecretaría de Seguridad Vial continúa ampliando los convenios de cooperación con los municipios para reforzar las tareas preventivas y explicó que parte de los recursos provenientes del cobro de multas son destinados a la adquisición de equipamiento para la Policía Vial.
El senador Burgos solicitó profundizar las acciones contra el narcotráfico y fortalecer las investigaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes. Sobre este punto, Avellaneda señaló que las denuncias anónimas constituyen una herramienta fundamental para iniciar tareas investigativas y solicitar posteriormente las correspondientes órdenes judiciales de allanamiento, destacando además la importancia de continuar fortaleciendo las acciones preventivas en los barrios.
La senadora Minetti manifestó su preocupación por el crecimiento del consumo de drogas y sostuvo la necesidad de promover campañas de concientización y capacitación dirigidas a la comunidad. También consultó sobre la incorporación de nuevos móviles policiales para reforzar el patrullaje en distintas localidades.
Al responder, el ministro anunció que próximamente la Provincia recibirá 120 motocicletas y 30 cuatriciclos que serán distribuidos estratégicamente para fortalecer la presencia policial en distintos departamentos.
El senador Roque Cornejo planteó la situación que atraviesan numerosas dependencias policiales debido a la acumulación de motos y bicicletas secuestradas en causas judiciales, situación que reduce los espacios operativos y agrava los problemas edilicios existentes. También expresó su preocupación por las condiciones de alojamiento de personas detenidas en comisarías.
El titular de la cartera de Seguridad informó que se encuentra en marcha un plan de erradicación y compactación de vehículos secuestrados, precisando que unas 200 motocicletas ya fueron incorporadas al proceso de compactación y que el objetivo es liberar progresivamente los espacios ocupados en las dependencias policiales.
Asimismo, indicó que continúa avanzando el proceso de licitación de nuevas unidades carcelarias, lo que permitirá trasladar al Servicio Penitenciario a personas que actualmente permanecen alojadas en comisarías, mejorando tanto las condiciones de detención como la disponibilidad operativa de las dependencias policiales.
Durante el intercambio también se abordó la creación de fiscalías rurales y la posibilidad de avanzar hacia una Policía Judicial. Sobre ambos temas, el ministro manifestó su respaldo, señalando que las fiscalías especializadas han demostrado resultados positivos en la investigación de delitos rurales y en la desarticulación de bandas dedicadas al abigeato.
En relación con las guardias urbanas municipales, el funcionario explicó que su función debe concentrarse en tareas preventivas y de colaboración con la comunidad, mientras que la Provincia puede brindar asistencia técnica, capacitación y formación del personal para su funcionamiento.
Finalmente, dijo que se vienen realizando mejoras en el sistema de emergencias 911, intimando a la empresa prestataria para optimizar el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y la atención de los requerimientos ciudadanos, invitando a los legisladores a recorrer el centro de monitoreo para conocer las inversiones y mejoras implementadas.
Por último, el senador Dani Nolasco consultó sobre la posibilidad de destinar al servicio de seguridad vehículos secuestrados una vez cumplidos los procedimientos judiciales correspondientes, propuesta que quedó incorporada entre los temas a evaluar en futuras instancias de trabajo conjunto.
Al cierre del encuentro, el senador Lapad, destacó el carácter constructivo del intercambio y sostuvo que la seguridad constituye una política pública que requiere el compromiso y la coordinación permanente entre los distintos poderes del Estado.
En ese marco, propuso institucionalizar una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, para analizar mecanismos que permitan optimizar los procedimientos judiciales vinculados con la actividad policial, mejorar la utilización de los recursos disponibles y avanzar en las reformas normativas que resulten necesarias para fortalecer la prevención del delito y brindar una respuesta más eficiente a las demandas de seguridad de la gente.
