El OVcM presentó en el Senado su informe de gestión y propuso profundizar la agenda legislativa conjunta
Para interiorizarse sobre los resultados del informe de gestión 2023-2025 y coordinar líneas de acción orientadas al fortalecimiento de políticas públicas y producción normativa basada en evidencia, la Comisión de la Mujer, Género y Diversidad del Senado mantuvo una reunión de trabajo con su representante ante el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM).
Durante la jornada, que se desarrolló este miércoles, se expusieron los ejes estratégicos del organismo técnico vinculados a la asistencia, formación y articulación interinstitucional, junto al relevamiento territorial de las distintas problemáticas que atraviesan a los departamentos de la provincia.
Participaron del encuentro los senadores; Leonor Minetti, Manuel Pailler, Alejandra Navarro, Luciano Elvira, Gonzalo Guaymas, Carlos Guitián, Dani Nolasco y Arnaldo Altamirano. Por parte del organismo asistió la directora representante del Senado en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Natalia Fuentes.
En su exposición, Fuentes remarcó la importancia de consolidar una articulación institucional permanente con el Poder Legislativo, tras señalar que los abordajes en materia de erradicación de las violencias deben sostenerse en el tiempo para profundizar sus resultados. En ese marco, explicó que entre las funciones técnicas del OVcM está la de nutrir la producción de leyes mediante diagnósticos situacionales, flujogramas de respuesta territorial y la capacitación continua en el marco de la Ley Micaela.
Asimismo, repasó la intervención técnica del organismo en diversas iniciativas y normativas provinciales y nacionales, entre las que se cuentan las leyes 7888 y 7403 de protección contra la violencia familiar y de género; la adhesión a la Ley Olimpia; el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT; regulaciones sobre guardias durante la lactancia; el régimen de deudores alimentarios; el abordaje de obstructores de vínculos familiares; la implementación de consejerías integrales y la Ley 8534 de prevención y visibilización de crímenes de odio, sobre la cual avanza el proceso de reglamentación. Además, detalló que se trabaja en el relevamiento de denuncias por violencia familiar asociadas a consumos problemáticos para tener otro punto de vista sobre el tema.
En cuanto al diagnóstico institucional en los municipios, la funcionaria advirtió una marcada retracción en la estructura local, ya que solo el 50 por ciento de las comunas mantiene áreas específicas de Mujer, Género y Diversidad, mientras que en años anteriores la cobertura alcanzaba al 70 por ciento. Al respecto, precisó que según el relevamiento actual, 29 municipios cuentan con área propia, 7 carecen de ella y 24 aún no remitieron respuesta, quedando la temática relegada en muchos casos a referentes dentro de áreas de Desarrollo Social, que necesitan ser apuntalados para poder brindar una asistencia básica.
Por otra parte, destacó las acciones de articulación público-privada a través del sello SEI (Espacios Igualitarios y Libres de Violencia), iniciativa que ya cuenta con la certificación de siete empresas mineras y una tabacalera, junto a la adhesión de quince compañías proveedoras del sector minero. También valoró el posicionamiento del organismo salteño como el único observatorio subnacional que representa a la Argentina en espacios de articulación a nivel de Latinoamérica y el Caribe.
Hacia el cierre del encuentro, Fuentes acercó una serie de propuestas para la agenda parlamentaria del Senado, que incluyen la modificación del Código Procesal Civil y Comercial con el fin de simplificar los procedimientos judiciales en materia de alimentos, la presentación de un protocolo de prevención y abordaje de la violencia laboral y doméstica, el intercambio de insumos con el Observatorio del Congreso Nacional sobre legislación de igualdad y la profundización de medidas frente a la violencia política por motivos de género.
Por su parte los senadores coincidieron en la relevancia de utilizar los datos y estadísticas territoriales como herramienta estratégica para diseñar respuestas normativas acordes a la realidad de cada departamento, comprometiéndose a evaluar las iniciativas planteadas para dinamizar el trabajo legislativo en la provincia.