Educación inició consultas para analizar la viabilidad de incluir carreras terciarias en contextos de encierro
Legisladores y especialistas del área educativa y penitenciaria abrieron una mesa técnica para evaluar los requerimientos operativos, presupuestarios y de infraestructura del Proyecto Fénix, orientado a la reinserción social de personas privadas de la libertad a través de la educación pública.
Una mesa de trabajo preliminar abrió este miércoles el debate técnico en torno al Proyecto Fénix, iniciativa que promueve la oferta de educación superior pública en unidades penitenciarias de la provincia. En ese marco, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado convocó a supervisores y coordinadores del área para evaluar los alcances de la propuesta y diagramar una agenda de articulación interinstitucional.
Del encuentro participaron los senadores Alejandra Navarro, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Gonzalo Guaymas y Walter Cruz. Por el área educativa asistieron el supervisor de Educación Superior, Luis Colque; la supervisora, Carina Puente; la coordinadora de Educación en Contextos de Encierro, Adriana Liendro y la licenciada Judith Liendro.
La iniciativa busca garantizar el acceso a la educación superior pública y gratuita para personas privadas de la libertad como un eje central para su reinserción social y laboral. El esquema proyectado contempla la apertura de tecnicaturas de tres años de duración mediante convenios interinstitucionales, priorizando especialidades orientadas a la autogestión y el empleo, que no presenten impedimentos legales para el posterior ejercicio profesional de los egresados.
Al fundamentar la necesidad de la propuesta, Colque sostuvo que la educación y el trabajo constituyen los principales propósitos para construir una sociedad mejor y destacó la importancia de abrir ofertas formativas gratuitas para las personas privadas de la libertad. En ese sentido, señaló que la mayoría de los internos provienen de familias de muy bajos recursos, por lo que brindarles una oportunidad concreta de capacitación es una responsabilidad colectiva para garantizar su reinserción y evitar que queden condenados a reincidir.
Durante la reunión Puente planteó las complejidades técnicas y operativas que demandará la implementación del proyecto. Entre los puntos analizados, evaluó la necesidad de contar con planes de estudio con validez nacional, la asignación presupuestaria y la disponibilidad edilicia para las cursadas y las prácticas profesionalizantes. Asimismo, se contemplaron particularidades propias del contexto de encierro, como los costos que implica proveer bibliografía impresa ante la imposibilidad de utilizar dispositivos digitales conectados, además de los criterios de selección de postulantes y la capacidad áulica frente a la demanda de matrícula.
Educación en contexto de encierro
Al describir el esquema vigente, Liendro explicó que el servicio educativo funciona tanto en cárceles provinciales como nacionales, alcaidías y granjas penales de Salta y el interior. Detalló que, si bien la primaria y secundaria están garantizadas en las unidades carcelarias —donde además se dictan cursos de oficios a través de la educación no formal—, en las alcaidías solo se cubre el nivel primario, a excepción de Tartagal que cuenta con oferta secundaria mediante un anexo de BSPA, mientras que en los dispositivos de menores interviene un equipo itinerante que asiste a los distintos centros del Valle de Lerma.
Asimismo, puntualizó que en el penal de Villa Las Rosas funcionan cinco aulas donde este año egresarán unos 50 alumnos, mientras que para el ingreso a primer año hubo 70 inscriptos con lista de espera, además de un aula anexa en la Unidad Carcelaria N° 4 que asiste a 20 mujeres. En cuanto al nivel superior, remarcó que no existen tecnicaturas públicas: la oferta formal se limita a un aula satélite sobre ciencias de la comunicación acordada con la Universidad Nacional de Salta y a 25 internos que costean estudios a distancia en universidades privadas.
A su turno los legisladores ahondaron en torno a la complejidad que presenta articular el proyecto con autoridades educativas y de seguridad y al cierre del encuentro, el senador Nolasco señaló que la mesa de trabajo constituyó un disparador necesario para analizar todas las aristas técnicas, presupuestarias y pedagógicas que plantea la iniciativa, con el objetivo de brindar herramientas efectivas que permitan a las personas privadas de la libertad forjar su futuro y evitar la reincidencia en el delito. En ese marco, los legisladores y los equipos técnicos acordaron continuar con las rondas de articulación interinstitucional con las áreas competentes antes de avanzar en el tratamiento del dictámen del proyecto.