Avanza la ronda de consultas por el Proyecto de Ley para frenar el corte de servicios esenciales a sectores vulnerables

Como un aporte más para paliar la difícil situación socioeconómica que vive el país y atender la creciente morosidad en los servicios esenciales, el Senado continúa trabajando en un proyecto de ley que busca prohibir los cortes de energía eléctrica y de agua a familias vulnerables. En continuidad con la ronda de consultas iniciada con directivos de EDESA, legisladores recibieron a las autoridades del Ente Regulador.

Para continuar con el análisis del proyecto de ley que busca suspender los cortes de energía eléctrica y agua potable a sectores vulnerables, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP). El encuentro implicó un avance en la ronda de consultas iniciada tiempo atrás con directivos de EDESA, en un contexto marcado por la difícil coyuntura socioeconómica que vive el país y el consecuente incremento en los índices de morosidad en los servicios que se registran en la provincia.

La reunión ampliada fue encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y por el presidente de la comisión, Dani Nolasco, contando con la participación de los senadores, Jorge Soto, Enrique Cornejo, Walter Cruz, Daniel Moreno, Juan Cruz Curá, Roque Cornejo, Leonor Minetti, Alejandra Navarro, Luciano Elvira (autor), Diego Cari, Gonzalo Guaymas, Manrique Burgos y Rolando Guaimás.

Por el organismo regulador asistieron su presidente, Carlos Saravia; el vicepresidente, Abdo Omar Esper; el gerente de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial, Pedro de los Ríos y el gerente Jurídico, Marcelo Careccio.

La iniciativa prohíbe en el territorio provincial el corte de suministro, retiro de conexiones domiciliarias y de medidores de energía eléctrica y agua potable a usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, establece la suspensión temporal de ejecuciones judiciales por deudas de servicios, fija un período de protección especial durante los meses de invierno (mayo a septiembre) extensible mediante planes de pago y obliga a las prestatarias a ofrecer financiamiento en un mínimo de seis cuotas con tasa pasiva del Banco Nación, contemplando un esquema prioritario para comedores comunitarios, merenderos y centros de jubilados.

Amplio esquema de subsidios

Durante su intervención, Saravia trazó un diagnóstico del escenario tarifario provincial, que comprende a 345 mil usuarios residenciales y 38 mil no residenciales. Señaló que, según estudios técnicos de la Universidad de Buenos Aires, la incidencia de los servicios esenciales pasó de representar entre el 6% y el 10% de los ingresos de los hogares al 15%, lo que incrementó los índices de morosidad. Asimismo, abordó la problemática de las más de 30 mil familias con conexiones irregulares, cuyo costo se prorratea entre la totalidad de los usuarios. En relación al proyecto en debate, coincidió en la necesidad de atenuar el impacto social, aunque remarcó la importancia de delimitar con precisión técnica el universo a beneficiar para resguardar la estabilidad operativa y contractual del sistema.

Saravia detalló los instrumentos de contención en vigencia, tales como la tarifa de Zonas Cálidas que abarca a 106 mil familias de tres departamentos del norte provincial —con previsiones de ampliarse a ocho departamentos y llegar a 150 mil familias—, más 28 mil subsidios para sectores carenciados y el bono eléctrico para jubilados.

Asimismo recordó que en Salta rige una ley que impide que los incrementos tarifarios superen el índice de inflación (IPC). Al respecto, contrastó que mientras el componente de distribución provincial se actualizó un 17,1% en 2026, el costo de abastecimiento mayorista fijado por la Nación —la compra de energía a CAMMESA— subió más del doble, con un 36,7%; mientras que en el caso del agua, la revisión tarifaria de Aguas del Norte fue fijada en un 47,7% para 2026 frente al 70,5% solicitado inicialmente por la empresa; todo esto en un contexto donde la cobertura de subsidios nacionales cayó del 95% al 65% en el camino hacia un esquema de tarifa plana.

Llevar servicios a todos los rincones de Salta

Por su parte, los legisladores trasladaron inquietudes puntuales de sus departamentos. El senador Curá consultó sobre las previsiones para evitar interrupciones de suministro ante el período estival en el norte y el alcance de los operativos territoriales de subsidios, ante lo cual Saravia anticipó que el servicio mejorará a partir del ingreso de energía de Bolivia; el senador Roque Cornejo planteó la necesidad de promover el uso racional de la energía, punto en el que el funcionario remarcó la importancia de unificar criterios frente a las nuevas urbanizaciones para evitar que los desarrolladores trasladen la infraestructura privada de agua y cloacas al Estado, anticipando que trabaja en una iniciativa para la creación de un área metropolitana en esa materia.

Asimismo, el senador Guaimás advirtió sobre la alta incidencia de la tarifa de agua en parcelas rurales de gran superficie, recomendándose desde el organismo la instalación de medidores para ajustar el cobro al consumo real; en tanto que los senadores Burgos, Navarro y Gonzalo Guaymas coincidieron en requerir precisiones sobre el mantenimiento, cobertura y recambio de paneles solares administrados por ESED S.A. mediante el programa PERMER en parajes aislados, explicándose que el sistema atiende a 12 mil usuarios bajo un esquema de tarifas bajas pero con alta morosidad, previéndose complicaciones en el recambio de equipos que perdieron capacidad de prestación.

En otro orden, Saravia se refirió a la inclusión del cobro de tasas municipales y del servicio de agua en la factura de EDESA —esquema al que están adheridos 34 municipios— y la incidencia del alumbrado público. Frente a las disposiciones del orden nacional que buscan prohibir este mecanismo de percepción conjunta, se destacó la iniciativa provincial que cuenta con media sanción legislativa para respaldar la continuidad del sistema. Asimismo, respecto a la problemática de las familias con conexiones irregulares, se planteó la aplicación de la tarifa diferencial del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) como una alternativa para incorporarlas al esquema formal.

Al cierre del encuentro, el senador Elvira agradeció los aportes técnicos de las autoridades del Ente Regulador, remarcando que la iniciativa busca dar una respuesta urgente a la realidad que viven miles de familias salteñas: “Muchos hogares hoy no llegan a fin de mes y se ven forzados a elegir entre comprar alimentos y medicamentos o pagar la boleta de luz y agua. Como legisladores tenemos la responsabilidad de defender a la gente y garantizar que nadie quede privado de un servicio esencial por motivos de vulnerabilidad económica” afirmó.