Expte. Nº 90-34.819/2026 – 19/11/26 – Creando 4 Defensorías Oficiales
Del señor Senador ENRIQUE ANTONIO CORNEJO SARAVIA, creando 4 Defensorías Oficiales especializadas en Derechos de las Personas Mayores en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Salta, que tendrán por finalidad facilitar el acceso efectivo a la justicia y brindar defensa jurídica especializada en los términos de la presente Ley. (Expte. Nº 90-34.819/2026, a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones).
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO I: OBJETO Y PRINCIPIOS
Art. 1o.- Creación. Créanse cuatro (4) Defensorías Oficiales Especializadas en Derechos de las Personas Mayores en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Salta, que tendrán por finalidad facilitar el acceso efectivo a la justicia y brindar defensa jurídica especializada en los términos de la presente Ley.
Art. 2°.- Personas destinatarias. A los fines de esta Ley se entiende por persona mayor a aquella de sesenta (60) años o más, de conformidad con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El servicio atenderá asuntos que correspondan a la jurisdicción provincial o que admitan gestiones de orientación y articulación ante otras autoridades, sin alterar las competencias de estas últimas.
Art. 3o.- Principios. La actuación de las Defensorías Especializadas se regirá por los principios de dignidad, autonomía, independencia, igualdad y no discriminación por edad, accesibilidad, consentimiento informado, respeto de la voluntad y las preferencias, confidencialidad, trato preferente, tutela judicial efectiva, intervención interdisciplinaria y no revictimización. La edad no constituirá por sí sola causa de restricción de la capacidad jurídica ni habilitará representación obligatoria.
Art. 4°.- Servicios comprendidos. Las Defensorías Especializadas prestarán orientación jurídica inicial, información accesible sobre derechos, evaluación de necesidades de asistencia y derivación responsable a los organismos competentes. Asimismo, brindarán patrocinio y representación jurídica en los casos y bajo las condiciones establecidos por esta Ley, por la Ley 7.328 y por la legislación procesal y de fondo aplicable.
Art. 5o.- Acceso al patrocinio y a la representación. La orientación jurídica inicial será accesible a toda persona mayor, sin exigencia de acreditación previa de insuficiencia de recursos. El patrocinio y la representación estarán disponibles: a) para las personas comprendidas en los supuestos de asistencia jurídica pública previstos en la Ley 7.328 y su reglamentación; y b) excepcionalmente, aun cuando no acrediten insuficiencia de recursos, ante situaciones fundadas de violencia, abuso patrimonial, abandono, discriminación u otros obstáculos graves que impidan el acceso efectivo a la justicia, siempre que no cuenten con una asistencia letrada efectiva para el asunto. La admisión excepcional será motivada, revisable y sujeta a pautas objetivas de evaluación sociojurídica establecidas por la reglamentación.
TÍTULO II: COMPETENCIAS Y MODALIDADES DE ACTUACIÓN
Art. 6°.- Funciones. Corresponde a las Defensorías Especializadas, dentro de la competencia de la Defensa Pública:
- Brindar asesoramiento y, cuando corresponda, patrocinio o representación en asuntos judiciales y administrativos provinciales vinculados con derechos personales, familiares, patrimoniales, habitacionales, de salud, de consumo y de protección frente a la violencia.
- Solicitar, en nombre de la persona asistida y con la legitimación requerida, medidas judiciales o administrativas urgentes para prevenir o hacer cesar lesiones a sus derechos.
- Asistir en la formulación de reclamos y denuncias y orientar sobre los derechos de las víctimas, sin sustituir al Ministerio Público Fiscal ni a los órganos de asistencia a la víctima.
- Promover ajustes de procedimiento y medidas de accesibilidad ante las autoridades competentes, con arreglo a las normas aplicables.
- Prestar asistencia jurídica en casos de presunto abuso económico, manipulación, captación fraudulenta de ingresos, estafas y disposición patrimonial obtenida mediante engaño o coacción.
- Requerir informes y documentación necesarios para los casos a su cargo, con los alcances de la Ley 7.328 y demás normas pertinentes.
- Propiciar vías adecuadas de solución de conflictos cuando sean legalmente procedentes, exista consentimiento libre e informado y no se comprometa la seguridad de la persona asistida.
- Articular derivaciones y actuaciones con los organismos competentes, evitando la multiplicación innecesaria de trámites y entrevistas.
Art. 7o.- Intervención procesal. La intervención judicial de las Defensorías Especializadas se producirá conforme a las normas de legitimación, personería, patrocinio y representación aplicables al caso y al fuero correspondiente. La sola circunstancia de que una persona tenga sesenta (60) años o más no dará lugar a intervención procesal obligatoria ni convertirá a la Defensoría en parte necesaria de todos los juicios. No se modifican por esta Ley las reglas sustantivas de capacidad, representación, apoyos ni cúratela.
Art. 8°.- Voluntad y consentimiento. La asistencia se prestará con respeto a las decisiones de la persona mayor, quien podrá aceptar, rechazar o finalizar el patrocinio conforme a derecho. Toda actuación que requiera mandato o autorización deberá contar con la manifestación de voluntad correspondiente y con los instrumentos exigidos por la legislación aplicable. La Defensoría no podrá disponer bienes, celebrar actos jurídicos, decidir lugares de residencia ni consentir tratamientos en sustitución de la persona por el solo hecho de su edad.
Art. 9°.- Situaciones urgentes. Cuando se conozcan hechos que puedan comprometer de manera grave e inmediata la integridad o los derechos de una persona mayor, la Defensoría ofrecerá asistencia prioritaria y, según corresponda, promoverá las peticiones que esté legitimada para formular o pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad competente. Se observarán los deberes legales de denuncia y las excepciones legalmente previstas al consentimiento y a la confidencialidad. Esta disposición no confiere potestades de internación, alojamiento compulsivo ni restricción de capacidad.
Art. 10°.- Conflictos de intereses. En casos de presunto abuso o conflicto de intereses con familiares, cuidadores, apoyos, apoderados o representantes, la Defensoría procurará una entrevista directa, accesible y reservada con la persona mayor, cuando ello sea posible y apropiado. Si surgieran cuestiones relativas a medidas de apoyo, restricción de capacidad o representación legal, se dará intervención a los órganos judiciales y del Ministerio Público que correspondan conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 11°.- Establecimientos de cuidado. Ante denuncias de maltrato o vulneración de derechos en residencias u otros establecimientos de cuidado, la Defensoría podrá asistir jurídicamente a la persona afectada y requerir la intervención de los organismos con facultades de habilitación, inspección, fiscalización y sanción, sin sustituirlos. Podrá participar en actuaciones conjuntas cuando exista habilitación normativa y se respeten los derechos de las personas residentes.
Art. 12°.-Trámites digitales y financieros. Las Defensorías orientarán a las personas mayores sobre los mecanismos jurídicos disponibles frente a estafas digitales, barreras de acceso a prestaciones y servicios, prácticas abusivas y conflictos financieros. Cuando intervengan organismos nacionales, entidades sometidas a regulación federal o tribunales federales, brindarán orientación y articulación con las autoridades competentes, sin atribuirse potestades de supervisión, sanción o representación procesal ajenas a su competencia.
TÍTULO III: ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Art. 13°.- Cobertura territorial. Las Defensorías tendrán asiento, respectivamente, en la ciudad de Salta para el Distrito Judicial del Centro, en San Ramón de la Nueva Orán para el Distrito Judicial Orán, en Tartagal para el Distrito Judicial Tartagal y en San José de Metán para el Distrito Judicial del Sur. El Colegio de Gobierno, conforme a sus competencias y a propuesta del Defensor General, establecerá mecanismos de atención itinerante, remota y descentralizada, incluidas las circunscripciones y sedes que corresponda atender.
Art. 14°.- Titulares y designación. Cada Defensoría Especializada estará a cargo de un Defensor Oficial, perteneciente al Ministerio Público. Créanse a ese efecto cuatro (4) cargos de Defensor Oficial, cuya cobertura se realizará de conformidad con los artículos 164 y 165 de la Constitución Provincial y con el procedimiento de selección, designación y requisitos establecidos en la Ley 7.328 y normas aplicables. La especialidad funcional no altera las garantías, incompatibilidades ni responsabilidades propias del cargo.
Art. 15°.- Equipos de apoyo. El Ministerio Público de la Defensa dispondrá de apoyo interdisciplinario adecuado para el servicio, mediante profesionales propios o equipos compartidos, según las necesidades verificadas y los recursos asignados. Podrán intervenir, entre otras disciplinas pertinentes, profesionales de trabajo social, psicología, medicina y ciencias económicas, dentro de sus incumbencias. La intervención profesional no importará facultad para practicar evaluaciones, tratamientos o medidas coercitivas sin fundamento legal.
Art. 16°.- Atención y accesibilidad. El servicio establecerá canales presenciales, telefónicos y digitales de consulta; procurará lenguaje claro, formatos accesibles, asistencia para trámites y mecanismos de atención en zonas alejadas. Se asegurarán pautas de trato respetuoso, privacidad, atención prioritaria ante situaciones de riesgo y adecuación cultural y lingüística cuando corresponda.
Art. 17°.- Régimen de sustituciones y apartamiento. Las sustituciones, excusaciones y recusaciones de los defensores especializados se regirán por los artículos 22 y 23 de la Ley 7.328, las disposiciones procesales aplicables y el Reglamento General del Ministerio Público. No se establece por esta Ley la subrogación automática por asesores de incapaces ni la intervención decisoria del Procurador General en cuestiones propias de la Defensa Pública.
Art. 18°.-Gratuidad y gastos procesales. La orientación jurídica prevista en el artículo 4o será gratuita para las personas destinatarias. El patrocinio jurídico público se prestará sin exigencia de pago anticipado a la persona asistida en los supuestos admitidos conforme al artículo 5° La imposición de costas, la regulación y percepción de honorarios, los gastos y la prueba pericial se regirán por la legislación vigente, en particular por el artículo 51 de la Ley 7.328 y las normas procesales aplicables. La presente Ley no establece exención automática de costas ni impone prestaciones gratuitas a terceros.
TÍTULO IV: ARTICULACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Art. 19°.- Coordinación institucional. El Ministerio Público de la Defensa, a través de los órganos que correspondan, promoverá mecanismos de coordinación con la autoridad de aplicación de la Ley 8.221, el Consejo Provincial de los Mayores creado por Ley 7.006, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar, el Poder Judicial, las autoridades sanitarias y los municipios. La cooperación con organismos nacionales o entidades privadas se instrumentará por las vías legalmente procedentes y respetará las competencias de cada institución.
Art. 20°.- Registro y protección de datos. Las Defensorías registrarán las consultas, derivaciones y actuaciones con fines de gestión, continuidad del servicio y evaluación. Los registros se sujetarán a los principios de finalidad, proporcionalidad, seguridad, confidencialidad y acceso limitado, de conformidad con la Ley nacional 25.326 y demás normas aplicables. No se crearán sistemas de intercambio generalizado de datos personales ni se comunicarán historias clínicas, antecedentes familiares o patrimoniales sin habilitación jurídica suficiente.
Art. 21°.- Evaluación del servicio. La Defensoría General elaborará anualmente un informe público de gestión con datos estadísticos agregados sobre consultas, intervenciones, cobertura territorial, tiempos de respuesta y dificultades de acceso. El informe no incluirá datos que permitan identificar a personas asistidas ni información amparada por secreto profesional. Se remitirá al Colegio de Gobierno y a ambas Cámaras legislativas a efectos informativos, sin interferencia en los casos concretos.
TÍTULO V: MODIFICACIÓN ORGÁNICA Y DISPOSICIONES FINALES
Art. 22°.- Incorporación a la Ley 7.328. Incorpórase como artículo 49 bis de la Ley 7.328 el siguiente texto:
«Art. 49 bis – DEFENSA ESPECIALIZADA DE PERSONAS MAYORES. En el ámbito de la Defensoría General funcionarán Defensorías Oficiales Especializadas en Derechos de las Personas Mayores, con el número, sedes y competencias establecidos por su ley de creación. La prestación de asesoramiento, patrocinio y representación jurídica se regirá por la Ley Orgánica del Ministerio Público, por la ley especial y por la legislación procesal y de fondo aplicable. La edad de la persona asistida no determinará, por sí sola, representación legal ni intervención procesal obligatoria».
Art. 23°.- Reglamentación. El Colegio de Gobierno del Ministerio Público dictará, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales y a propuesta del Defensor General en lo que corresponda, la reglamentación operativa necesaria dentro de los ciento veinte (120) días de entrada en vigencia de la presente Ley. Establecerá pautas objetivas para la admisión excepcional del patrocinio, distribución de casos, coordinación territorial, protocolos de derivación, resguardo de datos y evaluación del servicio.
Art. 24°.- Implementación progresiva. El servicio de orientación inicial deberá comenzar a prestarse dentro de los ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia de la presente Ley, utilizando las estructuras existentes del Ministerio Público de la Defensa. La cobertura de las cuatro Defensorías Especializadas se implementará progresivamente, priorizando los territorios según demanda, distancia y vulnerabilidad, con una meta de puesta en funcionamiento dentro de los veinticuatro (24) meses, sujeta a la incorporación de los cargos y recursos en los presupuestos pertinentes. Hasta su efectiva cobertura, las actuaciones serán asignadas a los defensores oficiales existentes conforme a sus competencias legales y a la reglamentación de servicio.
Art. 25°.- Previsión presupuestaria. Los gastos que demande la presente Ley se atenderán con las partidas que se asignen al Ministerio Público en el Presupuesto General de la Provincia.
Art. 26°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
