Expte. N° 91-53.894/2026 – 01/10/26 – Regular el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales pertenecientes al Estado de la Provincia
Autor: Cámara de Diputados
Proyecto de Ley en Revisión, por el cual se regula el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales pertenecientes al Estado de la Provincia de Salta, asegurando la continuidad institucional, la transparencia y la preservación del patrimonio digital público. (Expte. N° 91-53.894/2026, a la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional).
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales pertenecientes al Estado de la provincia de Salta, asegurando la continuidad institucional, la transparencia y la preservación del patrimonio digital público.
Art. 2°.- Las disposiciones de esta Ley son de aplicación obligatoria en el ámbito del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público de la provincia de Salta, comprendiendo asimismo a los organismos descentralizados, entes autárquicos, organismos de control y entes de derecho público no estatal que ejerzan funciones públicas delegadas.
Art. 3°.- Se consideran activos digitales gubernamentales a los bienes de dominio público en formato digital generados, adquiridos, administrados o financiados por los organismos comprendidos en la presente Ley, incluyendo sistemas, plataformas, cuentas institucionales, bases de datos, registros digitales, dominios, credenciales de acceso y cualquier otro recurso tecnológico utilizado para el cumplimiento de funciones públicas.
Las cuentas personales de funcionarios o agentes públicos no se considerarán activos digitales gubernamentales.
A los efectos de la presente Ley, se considerarán institucionales las cuentas creadas, registradas, administradas o utilizadas oficialmente en nombre de un organismo público, cualquiera sea la plataforma o servicio digital en el que se encuentren alojadas.
Art. 4°.- Los activos digitales son patrimonio del Estado Provincial y tienen carácter exclusivamente institucional. Su administración por parte de funcionarios o agentes no genera derechos personales sobre los mismos, debiendo garantizarse en todo momento su disponibilidad y continuidad.
Art. 5°.- La aplicación de la presente Ley se rige por los principios de continuidad del Estado, transparencia, responsabilidad funcional, uso institucional exclusivo y seguridad de la información, debiendo en todos los casos privilegiarse la prestación ininterrumpida de los servicios públicos y la adecuada custodia del patrimonio digital.
Art. 6°.- Cada organismo deberá identificar y mantener actualizado un inventario de sus activos digitales, asegurando su administración institucional y la adecuada gestión de accesos, conforme a los lineamientos que establezca la Autoridad de Aplicación correspondiente.
Art. 7°.- Cada organismo designará un Responsable Digital Institucional, encargado de la actualización del inventario, la custodia de los accesos y la coordinación de los procesos de transferencia, debiendo asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
Art. 8°.- Los organismos deberán adoptar medidas adecuadas para la protección de los activos digitales, asegurando su integridad, disponibilidad y recuperación ante incidentes, así como la correcta administración de accesos y credenciales.
Art. 9°.- Los activos digitales gubernamentales deberán ser utilizados exclusivamente para el cumplimiento de fines institucionales y funciones públicas. Constituyen usos o conductas contrarias a la presente Ley su utilización para fines ajenos al interés público, la retención indebida de activos, accesos o credenciales, la alteración no autorizada de información, así como cualquier acción u omisión que comprometa su integridad, disponibilidad o continuidad institucional.
Las conductas previstas en el párrafo precedente darán lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan de conformidad con el régimen aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren resultar procedentes.
Art. 10.- En todo cambio de autoridades o responsables, deberá garantizarse la transferencia íntegra y documentada de los activos digitales, incluyendo accesos, credenciales y documentación asociada, mediante acta suscripta por las partes intervinientes.
Art. 11.- Las cuentas institucionales utilizadas en redes sociales, plataformas digitales, servicios de mensajería, correos electrónicos y demás medios digitales pertenecen institucionalmente al organismo público al cual identifican o representan, con independencia de la persona que tenga a su cargo su administración.
Las cuentas institucionales deberán vincularse, siempre que las características técnicas de la plataforma lo permitan, a direcciones de correo electrónico, números telefónicos u otros mecanismos de autenticación y recuperación bajo control institucional. Asimismo, deberá procurarse la existencia de más de un responsable autorizado para su administración cuando ello resulte técnicamente posible.
El cese de funciones de una autoridad, funcionario, agente o responsable que administre una cuenta institucional determinará la inmediata revocación de sus accesos, sin afectar la continuidad de la cuenta ni la conservación del contenido institucional generado durante su gestión.
La reglamentación establecerá los procedimientos de administración, custodia, recuperación y transferencia de las cuentas y credenciales comprendidas en el presente artículo.
Art. 12.- Los contratos que celebren los organismos comprendidos en la presente Ley con proveedores de servicios tecnológicos, de infraestructura, almacenamiento, alojamiento, plataformas, sistemas o cualquier otro servicio vinculado con activos digitales gubernamentales deberán contener cláusulas que garanticen la titularidad y disponibilidad estatal de los activos y de la información que corresponda, su recuperación y portabilidad, la continuidad del servicio y la colaboración del proveedor en los procesos de transferencia o recuperación de accesos.
Asimismo, deberán prever las condiciones de restitución, entrega, migración o disponibilidad de los activos digitales y de la información asociada al finalizar la relación contractual, conforme a los estándares y requisitos que establezca la reglamentación.
Art. 13.- Ante la falta de entrega o pérdida de control de activos digitales, la Autoridad de Aplicación correspondiente podrá intervenir a fin de restablecer el acceso, pudiendo requerir la colaboración de proveedores de servicios y de la Escribanía de Gobierno, cuando corresponda.
Art. 14.- Cada Poder del Estado y el Ministerio Público designarán la Autoridad de Aplicación de la presente Ley en el ámbito de sus respectivas competencias y autonomías.
Respecto de los organismos descentralizados, entes autárquicos y demás entidades comprendidas en el artículo 2° de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación será determinada de acuerdo con la jurisdicción o ámbito institucional al que correspondan.
Las Autoridades de Aplicación deberán coordinar entre sí los lineamientos, estándares y procedimientos necesarios para asegurar criterios compatibles de identificación, protección, resguardo y transferencia de los activos digitales gubernamentales, sin menoscabo de las competencias y autonomías de cada Poder u organismo.
Art. 15.- Los órganos de control de la Provincia podrán requerir información vinculada a los activos digitales y verificar el cumplimiento de la presente Ley en el ámbito de sus competencias.
Art. 16.- Invítase a los Municipios de la provincia de Salta a adherir a la presente Ley.
Art. 17.- La presente Ley se aplicará en forma complementaria con la normativa vigente en materia de acceso a la información pública, seguridad de la información y empleo público.
Art. 18.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será imputado a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio vigente.
Art. 19.- La reglamentación de la presente Ley será dictada, en el ámbito de cada Poder del Estado y del Ministerio Público, por la autoridad que resulte competente conforme a sus respectivas normas de organización y autonomía, dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.