La viabilidad de la Caja previsional de Nutricionistas y Trabajadores Sociales en debate en el Senado
Profesionales autoconvocados expusieron ante senadores la crisis de sustentabilidad del sistema y respaldaron un proyecto de Enrique Cornejo para transformarlo en un seguro de retiro voluntario. La postura se contrapone a lo manifestado la semana pasada por las autoridades de la Caja, quienes defendieron la continuidad de la Ley 8.444.
Para analizar el impacto en la aplicación de la Ley 8.444, de Creación de la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta, sancionada hace dos años, la cual amenaza generar una situación de crisis en la sustentabilidad del sistema y deudas en los matriculados, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado recibió este miércoles en plenario a representantes de profesionales autoconvocados de las áreas de Nutrición y Trabajo Social.
La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión, Dani Nolasco y el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, contando con la presencia de los senadores, Jorge Soto, Enrique Cornejo, Juan Cruz Curá, Leonor Minetti, Daniel Moreno, Luciano Elvira, Carlos Guitián, Roque Cornejo, Manrique Burgos, Gonzalo Guaymás, Sergio Saldaño, Arnaldo Altamirano y Alejandra Navarro.
Por los autoconvocados expusieron la abogada, Ana Inés Rosa y las licenciadas, Betina Gómez, Belén Cabrera, Ana Mastronardi y María Eugenia Vargas, quienes representan a profesionales de Trabajo y Social y Nutrición.
La Ley 8.444 vigente desde febrero de 2025 instituye un sistema de seguridad social para nutricionistas y trabajadores sociales como un complemento de la jubilación ordinaria. Establece un sistema basado en la solidaridad donde la afiliación y el aporte son obligatorios para todos los profesionales matriculados en Salta. Bajo este esquema, la Caja administra un fondo común para otorgar beneficios predefinidos (o “módulos previsionales”) que son decididos por una asamblea, funcionando como un sistema de reparto donde los profesionales activos sostienen a los pasivos.
El proyecto de reforma presentado por los senadores Cornejo y Pailler busca derogar estos pilares para instaurar un sistema de capitalización individual y voluntario, donde cada profesional es dueño de su propio ahorro. La reforma elimina la obligación de afiliarse para ejercer la profesión y suprime los beneficios predeterminados, reemplazándolos por prestaciones que dependen exclusivamente del capital acumulado por cada individuo en su cuenta personal. Asimismo, se quita la garantía estatal y se derogan los aportes de la comunidad vinculada, transformando a la Caja en una administradora de fondos privados con estrictos criterios de transparencia y libertad de desafiliación.
En defensa de la Ley actual
En una reunión previa, realizada el miércoles 4 de mayo, los senadores recibieron a la Presidenta del Directorio Transitorio de la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta, Graciela Leal, junto la Vicepresidenta Mariela Agüero y prosecretario Gustavo Villa acompañados de asesores contables y abogados.
La titular de la Caja explicó que el organismo nació a partir de la Ley 8444, sancionada en 2024, a instancias de los propios profesionales, y subrayó que el objetivo central es mejorar la calidad de vida en una etapa donde las jubilaciones tradicionales resultan insuficientes. “Es una previsión social que se suma a la jubilación del Estado y que está respaldada por una ley, que fue trabajada y consultada con los Colegios y además con ambas cámaras antes de su sanción”.
Por otra parte, agregó que en actualidad hay aproximadamente unas 450 afilidos que aportan y unos 40 o 50 que se han acogido al Artículo 8 de la ley, que establece la suspensión transitoria de los aportes totales o parciales. Asimismo se proponen diferentes planes de pago. “La normativa contempla excepciones y alternativas para quienes atraviesan situaciones laborales adversas. Los profesionales pueden solicitar la baja temporaria mientras dure la inestabilidad laboral y reincorporarse más adelante, accediendo a planes de pago y facilidades.”
Nosotros defendemos el esquema vigente, ya que se trata de un sistema solidario, creado por ley provincial, que busca garantizar un ingreso complementario en la etapa jubilatoria del profesional.
En cuanto al proyecto de los Senadores Enrique Cornejo y Manuel Pailler, que se encuentra en análisis en la Comisión de Legislación de derogación de la Ley 8444, manifestaron su rechazo, porque se tiraría por la borda lo trabajado y consultado en 2024. “Consideramos que el aporte no puede ser voluntario, es inviable. Ya sabemos que ocurrio en el país con los sitemas de capitalización, al final no llegan a buen puerto”.
Además, los asesores que acompañaron a las autoridades explicaron que el monto del aporte mensual varía de acuerdo con la edad del afiliado. Las contribuciones parten de alrededor de $40.000 para las categorías más jóvenes y alcanzan valores superiores a los $120.000 en los tramos cercanos a la edad jubilatoria. A cambio, el haber estimado actualmente ronda los $680.000 mensuales, con el agregado de medio aguinaldo en junio y diciembre, un beneficio no es habitual en otras cajas previsionales provinciales.
Finalmente, negaron que se hayan registrado bajas en los aportantes asegurando que, por el contrario, hubo un incremento de afiliaciones por la posibilidad de financiar deudas y aportes. “Queremos que se encuentre una solución a este problema. Creemos que hay mucha desinformación y eso dificulta el diálogo”, finalizaron
Una caja inviable
En la reunión de este miércoles Rosa indicó que, según estudios de viabilidad, con solo 1.200 afiliados y una alta tasa de morosidad, la caja quebraría en un plazo de 16 años, lo que derivaría en un aumento de los aportes tornándolos cada vez más insostenibles. Sostuvo que la representatividad del sector está garantizada al contar con el respaldo de 550 profesionales y enfatizó que el objetivo es alcanzar una solución conjunta.
Por su parte, Vargas advirtió sobre un inminente colapso de la institución debido a factores como la falta de previsibilidad, la caída en la tasa de natalidad, el aumento de la longevidad y la creciente precarización e intermitencia laboral. En concordancia, Cabrera señaló que, tras descontar gastos obligatorios como la matrícula de 11.000 pesos, los ingresos actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los colegiados.
Los profesionales detallaron que la morosidad supera el 23% en el Colegio de Trabajadores Sociales y el 14% en el de Nutricionistas, con deudas individuales que alcanzan los 2 millones de pesos, que llevaron a muchos a pedir la baja de la matrícula profesional. Además, señalaron que los aportes actuales van desde los 50 mil hasta los 127 mil pesos, lo que dificulta cubrir necesidades básicas ante la precarización e informalidad laboral que vive el sector a nivel nacional.
Expresaron su adhesión al proyecto de ley impulsado por Cornejo, que busca transformar el sistema en un modelo de capitalización individual y voluntario, bajo la modalidad de seguro de retiro. El senador Cornejo destacó que, si bien la norma original tuvo una intención positiva, actualmente un grupo mayoritario no puede afrontar los pagos, por lo que planteó esta alternativa como un complemento que no obligue a la baja de las matrículas.
Durante el intercambio, Vargas lamentó la falta de acuerdo con las autoridades de la Caja en instancias previas de mediación. Por su parte, la senadora Minetti subrayó la importancia de arribar a un acuerdo con las autoridades de la Caja para resolver un problema que se multiplica en otras provincias argentinas, mientras que el senador Nolasco enfatizó la necesidad de buscar el bien común escuchando a todas las partes involucradas para encontrar un término medio.
En ese sentido, anticipó que se formulará una nueva convocatoria para sentar en una misma mesa de trabajo a los representantes autoconvocados, autoridades de la Caja de Seguridad Social y de los colegios profesionales, con el fin de acercar posiciones.