La Comisión de Agricultura indagó sobre los controles efectuados durante estos años a las concesionarias de Salta Forestal
En el cierre de la ronda de consultas en torno al proyecto de Ley de Regularización Dominial y Ordenamiento Productivo de Salta Forestal, la Comisión de Agricultura del Senado recibió el aporte de la Auditoría General y del ex presidente de la Comisión Parlamentaria que tiempo atrás investigó la temática.
En el marco del análisis del Proyecto de Ley que busca consolidar la situación dominial de los puesteros de Salta Forestal y renegociar los contratos de concesión, y con el fin de reunir información en torno a los controles efectuados a las firmas concesionarias de esas tierras productivas ubicadas en el departamento de Anta, la Comisión de Agricultura, Transporte y Ganadería del Senado recibió este miércoles a directivos de la Auditoría General y al ex presidente de la Comisión parlamentaria que, una década atrás, investigó la situación en general de Salta Forestal.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Walter Wayar, junto a los senadores, Esteban D’Andrea, Luis Altamirano, Jorge Soto, Enrique Cornejo, Alejandra Navarro, Dani Nolasco y Walter Cruz. Por la Auditoría asistieron su titular, Gustavo Ferraris, junto a Marcos Segura y por la comisión el diputado provincial, Mandato Cumplido, Claudio del Plá.
Los informes de Auditoría
Ferraris aclaró que la Auditoria es un órgano de control posterior que revisa cómo se gasta el dinero público, habiendo estado a cargo de esas actuaciones en el caso de Salta Forestal el auditor Marcos Segura.
Este último detalló que la primera auditoría incluyó el periodo 2000 a 2008, habiendo concluido tres años después con un informe que reunió observaciones y recomendaciones, dado que las concesionarias no habían cumplido objetivos trazados originalmente respecto a planes de inversión, gestión ambiental, diversificación de cultivos y trato a puesteros.
Ya en 2018 se realizó otra auditoría de seguimiento para comprobar el cumplimiento de esas recomendaciones, no habiendo encontrado respuesta por parte de las concesionarias, Cresud y Anta del Plata, estando actualmente en análisis los informes enviados el año pasado por Cresud, luego de una gran insistencia, aclaró.
Finalmente, Segura dijo que en 2024 se planteó una tercera auditoría, pero en este caso sobre el aspecto contable de Salta Forestal S.A. respecto al manejo de recursos obtenidos por cobro de canon.
Investigación Parlamentaria
Respecto a la investigación efectuada en 2011 por una comisión parlamentaria, el exdiputado Claudio Del Plá indicó que se encontraron problemas de origen y de ejecución de los contratos de concesión, con transferencias de empresas, de la original “Ecodesarrollo” a Cervera y luego al grupo Cresud en un caso y al grupo Anta del Plata en el otro, en todos los casos sin cumplir los puntos pactados en el contrato.
Sostuvo que, en vista de los incumplimientos de inversiones, en 2009 se sanciona una Ley para que las concesionarias paguen un canon del 10% de la producción y luego de una serie de acciones judiciales entre provincia y empresas se firma un acuerdo condonando deudas, mismo que es objetado or su sector político ante la justicia por entender que esa potestad corresponde a la Legislatura, más allá que tal autorización se aprobara con posterioridad.
Del Plá dijo que en aquel momento se disuelve la comisión parlamentaria, cuando la decisión política adoptada era impulsar la rescisión de los contratos.
Sobre el actual proyecto dijo que tuvo modificaciones, ya que en su paso por Diputados, se sacó el relevamiento de puesteros hecho por la UNSa y se limitó la intervención de inmuebles y escribanía de la provincia, dejando la operatoria en manos de la autoridad de aplicación y pidió que la entrega de tierras a los puesteros vaya acompañada por un plan de desarrollo sustentable para evitar su quebranto.
Finalmente, reiteró su oposición a la renegociación de contratos y estimó que a diciembre de 2024 las actuales concesionarias evitaron el pago de unos 100 millones de dólares en canon, que forman parte del patrimonio público de la provincia y de los municipios de Anta.
Al finalizar el encuentro la comisión emitió un dictamen para ser adjuntado al ya presentado anteriormente por la Comisión de Legislación General, aunque el senador Wayar optó por no firmarlo por entender que si bien está de acuerdo con la entrega de tierras a los puesteros, no comparte la renegociación de contratos de concesión con los grupos empresarios.
