Comenzó en el Senado el análisis de un Proyecto de Ley que busca prohibir el autodespacho de combustibles
La iniciativa fue presentada por el senador Miguel Calabró y se basa en cuestiones de seguridad y defensa de fuentes laborales. En la apertura, los legisladores escucharon la opinión de los principales actores del sistema.
Para conocer la visión de los principales actores del sistema respecto del Proyecto de Ley que busca prohibir el autodespacho de combustibles en la provincia de Salta, el Senado recibió este miércoles a directivos de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustible y Afines de Salta (CESECA) y a dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE).
Los encuentros fueron encabezados por el presidente de la comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, Javier Mónico y el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, junto a los senadores, Miguel Calabró, Jorge Soto, Dani Nolasco, Gonzalo Caro Dávalos, Walter Cruz y Esteban D’Andrea. Por CESECA participaron su gerente, Edgardo Romero y el asesor legal, Dardo Ossola; mientras que por SOESGyPE lo hicieron el secretario gremial, Fabricio Pintado y el tesorero, Manuel Albornoz.
El autodespacho de combustible en Argentina es una modalidad optativa que se autorizó mediante el Decreto 46/2025 del gobierno nacional.
En la apertura el autor de la iniciativa, Miguel Calabró planteó su preocupación por la seguridad de quienes intervienen en el proceso de autodespacho y por las fuentes laborales de los trabajadores de estaciones de servicio, indicando que el proyecto busca ser un disparador sobre el tema.
En el caso del sector empresario, Romero dijo que hoy Salta cuenta con 225 puestos de abastecimiento de combustible de distinto tipo, de los cuales 102 son estaciones servicio, que contemplan 1.250 puestos de trabajo, con dotaciones de entre 8 y 30 personas en cada una. También dijo que existen 3 módulos de abastecimiento, que consisten en un contenedor con un tanque aéreo de nafta y gasoil, instalados en parajes lejanos de Iruya, Rivadavia y Los Andes y a cargo de los municipios.
También se refirió a los estrictos controles de seguridad que deben atravesar las estaciones de servicio y que hacen que el índice de siniestralidad sea casi nulo, con personal altamente capacitado para afrontar incendios.
Sobre la posibilidad de implementar el autodespacho en Salta consideró que hoy es muy difícil, debiendo acondicionar los surtidores a un método de preventa. Desde el punto de vista operativo se va a seguir necesitando empleados para que realicen tarea de instrucción, docencia y control del usuario y solo es probable que lo utilicen los taxistas, remiseros y camioneros, que cargan combustible con más asiduidad, indicó.
También dijo que no se puede arriesgar grandes inversiones en manos de los usuarios, poniendo como ejemplo el costo de cada surtidor, del orden de los 40 mil dólares.
No obstante, dijo que el sistema puede funcionar en los módulos de abastecimiento social, aclarando que hoy se permite instalar módulos privados bajo de modalidad de autoservicio.
Por su parte, Ossola alertó sobre la eventual inconstitucionalidad de una ley provincial que vaya contra la legislación nacional que cambió el paradigma en la materia.
Apoyo gremial
Más explícito, el gremio de SOESGyPE respaldó el proyecto de prohibición de autodespacho al indicar que hay 70 mil trabajadores en todo el país que temen por la continuidad de sus fuentes laborales.
Indicaron que ya existen antecedentes a nivel nacional, con tres provincias que prohibieron el autodespacho: Jujuy, La Pampa y Buenos Aires.
Consideraron que el sistema no trae beneficios para los usuarios y pusieron reparos en la seguridad de la manipulación de combustibles por parte de quienes no están capacitados para ello.
Finalmente indicaron que para implementar el autodespacho se deben instalar surtidores distintos a los actuales, por lo que en un primer momento podría haber estaciones de servicio mixtas, que con el paso del tiempo terminarán siendo de autodespacho, con el consiguiente riesgo laboral para más de dos mil familias salteñas.
