Ministros explicaron en el Senado el paquete de proyectos legislativos y las medidas tomadas para mantener el equilibrio económico

Ministros del Poder Ejecutivo presentaron en el Senado los proyectos de prórroga del Presupuesto 2023 y de las leyes de Emergencia Económica provincial y de Emergencia Sociosanitaria para tres departamentos del Norte. También la autorización para la toma de un crédito internacional para desarrollo productivo. Los senadores anticiparon la decisión del cuerpo de adherir a las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo para que Salta pueda mantener el equilibrio económico.

En reunión plenaria, ministros del Poder Ejecutivo explicaron este jueves en el recinto de sesiones los principales detalles del paquete de proyectos enviados a la Legislatura Provincial, además de las medidas adoptadas por el gobierno para que la Provincia pueda mantener el equilibrio económico en el actual contexto de ajuste nacional.

El encuentro fue encabezado por el presidente del cuerpo, vicegobernador Antonio Marocco y contó con la participación de los ministros, de Infraestructura, Sergio Camacho; de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Salud Pública, Federico Mangione y de Desarrollo Social, Mario Mimessi.

Asistieron los senadores, Jorge Soto, Walter Cruz, Esteban D’Andrea, Dani Nolasco, Javier Mónico, Manuel Pailler, Walter Wayar, Alejandra Navarro, Walter Abán, Sonia Magno, Héctor Calabró, Leopoldo Salva, Sergio Saldaño, Juan Cruz Curá, Héctor D’Auría, Leonor Minetti, Luis Altamirano, Enrique Cornejo, Diego Cari, Gonzalo Caro Dávalos y Carlos López.

Los proyectos son la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023; así también de la Ley de Emergencia Económica Provincial y de la Ley de Emergencia Sociosanitaria para los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, además de la autorización para la toma de un crédito internacional por 50 millones de dólares para obras de desarrollo productivo.

Asimismo, los funcionarios explicaron el alcance de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para mantener el equilibrio fiscal y económico de la Provincia en el actual contexto de ajuste nacional y solicitaron la adhesión del Poder Legislativo, entre otros poderes del Estado.

Al respecto, desde el Senado se anticipó la decisión de plasmar la adhesión a las medidas de austeridad, entre las que aplican el congelamiento salarial por 180 días para legisladores y personal de agrupamiento político, congelamiento de incorporaciones, suspensión de adquisición de bienes de uso, entre otras.

Analizar el impacto de las últimas medidas

La presentación del Ejecutivo ocurrió a escasas horas de conocido el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por Nación y con la poca información disponible de todo el plexo normativo, por lo que los ministros apelaron a la cautela hasta tanto se conozca la “letra chica” y la magnitud del impacto de las medidas adoptadas en materia económica.

En esa línea el ministro Camacho dijo que el paquete de proyectos legislativos, más las medidas adoptadas por el Ejecutivo tienen por objeto mantener el equilibrio fiscal que posee la provincia desde hace 4 años, continuando la ejecución de obras como viviendas, honrando deudas en tiempo y forma e intentando mantener los salarios por encima de la inflación, que al mes noviembre estaban un 9% arriba del IPC que mide el INDEC.

Explicó que la provincia financia su infraestructura a través de tres fuentes: internacional, nacional y local; aclarando que las obras con financiamiento internacional, como la planta depuradora de la zona sur, la de Cafayate, el camping de Coronel Moldes, las obras de la Circunvalación Oeste y el Centro de Convenciones de Cafayate, están garantizadas en su continuidad. Respecto a las obras con financiamiento nacional se espera la resolución del Ejecutivo nacional y entre ellas se encuentran las de pavimentación de rutas nacionales, construcción de viviendas, el puente de Vaqueros, el alteo del dique El Limón, 16 de 19 CDI y otras, a las cuales se busca alternativas que garanticen su continuidad. Finalmente, garantizó la prosecución de las más de 1.200 obras financiadas con fondos provinciales.

Agregó que el modelo a la chilena puede ser viable para rutas, terminales y aeropuertos, obras donde se puede recuperar la inversión, no así para áreas como salud o educación.

Sobre las medidas adoptadas dijo que el congelamiento de vacantes no implica riesgo para quienes venían trabajando, que se promoverá un régimen de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, se congelan sueldos de funcionarios y personal de planta política y se congela la pauta publicitaria por 180 días. Además, se suspende la asistencia financiera a municipios, salvo causas debidamente justificadas, se incrementan los controles de gastos, viajes al exterior, protocolo, homenaje y cortesía; se prorrogarán por 6 meses licitaciones en marco del presupuesto provincial y se invertirán $3.500 millones en el plan de puesta a punto de escuelas a partir del 1 de enero.

“Queremos que el achique cause el menor impacto en la gente que menos tiene y no mermar ritmo de trabajo del estado provincial” afirmó.

Dib Ashur planteó la necesidad de aprobación de la prórroga del Presupuesto y la prórroga de la Emergencia Económica, además de la autorización para lo toma de un crédito internacional por US$ 50 millones, con 7 años de gracia, tasa blanda y plazo de pago a 23 años, para desarrollar un polo tecnológico en la Puna y otro en la Capital, considerados sectores estratégicos, entre los que se incluyen la economía del conocimiento, el turismo, las energías renovables, la agroindustria y la minería.

Dijo que la deuda de la provincia bajó 124 millones de dólares en estos 4 años y que en junio se deberá afrontar un vencimiento por US$ 40 millones, pese a lo cual Salta nunca cayó en default.

Agregó que, si se descuenta que la llegada de recursos coparticipables debería seguir siendo normal, se esperan novedades sobre las transferencias no automáticas que implican $47 mil millones en ítems como incentivo docente, Plan Sumar, Fondo compensador del transporte público, programa de mejoramiento barrial, Renabap, etc. A los que se suman los ATN por valor de $1.000 millones.

A su turno, los ministros Mangione y Mimessi solicitaron la aprobación de la prórroga de la Ley de Emergencia sociosanitaria para los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, para continuar atendiendo aspectos como la lucha contra la mortalidad infantil y materna, cuyos indicadores presentan bajas de 2020 a la fecha. Del 10.6 por mil al 8.5 por mil en el caso de la mortalidad infantil y del 8.5 por mil al 5.4 por mil la materna.

Mangione agregó que preocupa al sector la liberación de las prepagas por el DNU nacional, considerando que los aumentos en los valores, estimados en un 40%, repercutirán en forma directa sobre el sistema de salud pública; sumado al último aumento de los medicamentos.

También destacó la puesta en marcha de Salud Federal Salta (SAFESA) y las obras de infraestructura y de provisión de equipamiento realizadas con carácter federal en todo el territorio provincial.

Mimessi destacó que es importante que el paquete sea aprobado por Ley del Poder Legislativo y dijo que se trabaja en forma coordinada con otros ministerios, para afrontar emergencias por efectos del clima.

A su turno los legisladores ahondaron sobre distintos aspectos de los proyectos, sobre el impacto de las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional y sobre los recaudos adoptados para asegurar el funcionamiento de la provincia, coincidiendo en la necesidad de concretar con premura el análisis de cada proyecto, con vistas a otorgar las herramientas conducentes a garantizar el equilibrio fiscal, la estabilidad y la contención de los salteños en este difícil momento por el que atraviesa el país.