La reforma del Código Procesal Penal garantizará una justicia más cercana, eficiente y constituirá un hito histórico en Salta
El Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal tiene como objetivo garantizar una justicia más rápida, transparente y equitativa para la sociedad salteña y constituirá un hito histórico en el sistema judicial provincial. Así lo expresó la Corte de Justicia, en el epílogo de la ronda de consultas del Senado a los operadores del sistema judicial.
Completando la ronda de consultas sobre el proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia, que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, las comisiones de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, en conjunto con la de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado, recibieron en reunión ampliada a representantes de la Corte de Justicia.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, en conjunto con los presidentes de la Comisión de Justicia, Jorge Soto y de Legislación General, Javier Mónico, contando con la participación de los senadores, Esteban D’Andrea, Diego Cari, Enrique Cornejo, Gonzalo Caro Dávalos, Manuel Pailler, Dani Nolasco, Leopoldo Salva, Gustavo Carrizo, Leonor Minetti, Miguel Calabró y Sergio Saldaño. Por la Corte asistieron su presidenta, Teresa Ovejero y el juez Pablo López Viñals.
La presencia los jueces de la Corte cerró una amplia ronda de consultas que incluyó a los diversos operadores del sistema, tales como abogados, magistrados y ministerio de Seguridad y Justicia. En ese marco, los magistrados del alto tribunal coincidieron en destacar las ventajas del nuevo código por considerar que la oralidad aportará mayor agilidad y transparencia a la justicia.
López Viñals calificó la reforma como un momento histórico, señalando que, al completar la transición iniciada en 2011, el nuevo Código Procesal Penal constituirá un cambio radical en la administración de justicia de Salta. Subrayó que este es un código absolutamente nuevo, que reemplaza el uso del acta de papel como soporte principal del proceso, una práctica que a menudo causaba demoras innecesarias debido a las formalidades en la redacción. Según López Viñals, la incorporación de video grabaciones no solo mejora la eficiencia, sino que también garantiza transparencia en los procedimientos judiciales.
Por su parte, Ovejero destacó que la reforma es una herramienta útil para brindar un mejor servicio de justicia, orientada siempre a mejorar la experiencia del justiciable, con un enfoque en la agilidad y eficacia del sistema, buscando hacer la justicia más accesible y transparente para la ciudadanía.
Horizontalidad y plazos
Entre los temas que generaron observaciones de abogados y magistrados se destacaron el plazo de tres días para resolver la prisión preventiva y la revisión horizontal de los recursos.
Los jueces de Corte expresaron su apoyo a la medida, reconociendo que la reducción de los tiempos de espera es fundamental para garantizar la celeridad y la transparencia en los procesos. López Viñals consideró que, en la práctica 72 horas son suficientes y argumentó que se deben eliminar los modos burocráticos que provocan demoras innecesarias. En casos de mayor complejidad, aclaró, el plazo podría extenderse, pero solo de forma excepcional.
En cuanto a la revisión horizontal de recursos, el juez destacó su valor como mecanismo para agilizar las respuestas judiciales. Este cambio evita la concentración del poder en un solo órgano, garantizando una mayor democratización de la justicia. De acuerdo con el modelo ya vigente a nivel federal, la horizontalidad en la revisión permitirá mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
La reforma también refuerza la oralidad en los procesos y potencia el uso de la tecnología para mejorar el acceso a la justicia. La doctora Ovejero destacó el éxito del plan piloto de oralidad implementado durante los últimos dos años y medio, que arrojó resultados positivos con estadísticas comprobables.
Anticipó que con 20 salas de audiencia equipadas y listas para su puesta en marcha, el sistema de oralidad podría implementarse en febrero, sin necesidad de expandir significativamente la infraestructura edilicia, gracias a la virtualidad.
Dictamen favorable
A su turno, los senadores expresaron sus valoraciones sobre distintos aspectos del proyecto; Soto destacó la importancia de acercar la justicia a la ciudadanía, Mónico subrayó que la transparencia y la inmediatez de los procesos judiciales son claves para una administración de justicia más eficiente y Curá hizo hincapié en la necesidad de incrementar la transparencia en todos los procesos públicos.
Caro Dávalos coincidió con Cornejo en la importancia de la presencialidad de las audiencias por aspectos tales como el lenguaje corporal como información que transmiten ante el juez los actores del proceso, sin menoscabo del uso de la tecnología en audiencias remotas, que también ofrecen ventajas como ahorro de tiempo, evitan traslados y contacto entre víctimas y victimarios, entre otras.
Cruz se refirió al acceso a la justicia en las zonas más alejadas de la provincia, reconociendo los esfuerzos para garantizar que las reformas lleguen a todos los ciudadanos y finalmente, Lapad destacó la actitud de la justicia para asumir el riesgo de modificar el Código Procesal Penal con el fin de mejorar la calidad de la justicia.
Con posterioridad al encuentro se firmó el dictamen de Comisión con lo que el proyecto quedó habilitado para ser tratado en las próximas sesiones.
El Proyecto de Reforma del CPP
El proyecto de reforma tiene como objetivo completar la transición hacia un sistema penal acusatorio y adversarial, lo que implica una redefinición clara de los roles dentro del proceso judicial: el Ministerio Público Fiscal será el encargado de la investigación y la acusación, mientras que el juez se dedicará exclusivamente al juzgamiento. Esto garantizará una mayor imparcialidad y rapidez en las decisiones judiciales.
Entre sus principales características, la reforma incluye:
La oralidad y la transparencia de los procesos judiciales, con todas las audiencias grabadas para su posterior consulta.
Plazos máximos diferenciados según la complejidad de los casos, con una especial atención en los plazos para resolver la prisión preventiva.
El uso de mecanismos modernos de investigación como agentes encubiertos y acuerdos de colaboración con imputados.
La creación de una Oficina Judicial que optimice la gestión administrativa y coordine con los actores del sistema judicial.
Un sistema de apelaciones horizontales que permitirá una mayor agilidad en la resolución de recursos, garantizando que los recursos sean revisados por jueces distintos a los del juicio, evitando la concentración de poder.
Un sistema flexible que posibilita audiencias remotas y la utilización de tecnología para asegurar el acceso a la justicia en todo el territorio provincial.
