Debaten modificaciones a la Ley provincial de Corredores Inmobiliarios
Para avanzar en el tratamiento del proyecto que modifica la Ley Nº 7.629, que regula la actividad de los corredores inmobiliarios de Salta, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado abrió una ronda de consultas con representantes del sector inmobiliario.
La reunión fue presidida por el senador Javier Mónico y contó con la participación de los legisladores; Jorge Soto, Alejandra Navarro, Miguel Calabró, Leopoldo Salva, Walter Cruz, Walter Wayar y Dani Nolasco. Por el sector privado participaron Carlos Cabezas, en representación del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS); Javier Cornejo, corredor; Pablo Castañeda, corredor vinculado a franquicias inmobiliarias y Santiago Monti; Cristian Busquets y Gerardo Sánchez, de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).
El proyecto, que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, refuerza la regulación del corretaje inmobiliario en la provincia al exigir que toda actividad del sector sea realizada exclusivamente por corredores debidamente matriculados, ampliando las prohibiciones a quienes permitan el uso de su nombre por no matriculados y a quienes acepten encargos que vulneren autorizaciones previas vigentes.
También establece nuevas obligaciones para los corredores, como fijar domicilio en la provincia, contratar un seguro de caución o constituir una garantía real destinada a cubrir daños derivados de su actividad y mantener una oficina habilitada para la atención al público.
Finalmente, define como ejercicio ilegal cualquier actividad inmobiliaria realizada por personas no matriculadas en cualquiera de sus modalidades y otorga al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCIS) facultades de control, fiscalización y denuncia en todo el territorio provincial.
Controversia entre sectores
Durante el encuentro se puso de relieve la importancia de evitar el ejercicio ilegal del corretaje y de proteger a los usuarios mediante un marco regulatorio que responsabilice a los corredores matriculados por las operaciones que autoricen.
Se reflejó además la diferencia de enfoques entre CUCIS y CAMESI sobre el artículo que habla de los dependientes: mientras CUCIS considera que esa figura no los habilita para celebrar ventas o alquileres por no estar matriculados, CAMESI los define como colaboradores que apoyan al corredor en funciones complementarias a su tarea, como community managers, operadores de drones, agrimensores o personal administrativo, cuyos roles deben ser precisados taxativamente para evitar caer en zonas grises en la nueva norma.
Asimismo, se debatieron propuestas sobre la extensión de mandatos, la representatividad en asambleas extraordinarias y la necesidad de mantener la competencia sin otorgar poderes de policía adicionales.
Los presentes coincidieron en que la regulación debe proteger a los usuarios, fomentar la transparencia y asegurar que los corredores debidamente matriculados sean responsables de sus actos.
CUCIS subrayó que la iniciativa busca reforzar el marco institucional del organismo sin afectar la actividad de franquicias reconocidas, como Remax, ni limitar la competencia. “nos interesa que la plata de los salteños sea recaudada y protegida por alguien que se haga responsable como lo es un corredor inmobiliario”, aclaró Cabezas.
Al finalizar, los participantes se comprometieron a remitir sus observaciones por escrito para que sean consideradas por la Comisión en el análisis del proyecto y en la consolidación de una propuesta que fortalezca la seguridad y la regulación del corretaje inmobiliario en la provincia.