Analizan la propuesta de creación de un colegio de traductores públicos
En la Comisión de Legislación General del Senado se analizaron distintos aspectos del Proyecto de Ley de creación del Colegio de Traductores Públicos de la Provincia.
Referentes de la Asociación de Traductores Públicos de Salta (ATPS) fueron recibidos por la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado a efectos de avanzar con el análisis del Proyecto de Ley de creación del Colegio de Traductores Públicos de la Provincia.
El encuentro fue encabezado por el senador Javier Mónico y contó con la participación de sus pares, Jorge Soto; Dani Nolasco y Miguel Calabró; la presidente de ATPS, Ximena Uriburu; la secretaria, Liliana Estrada y la tesorera, Liliana Defrancesco.
El proyecto regula el ejercicio de la profesión, determina la creación del Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Salta, su consejo directivo y tribunal de disciplina y ética profesional, llegando con la aprobación de la Cámara de Diputados.
En ese marco, las impulsoras dijeron que actualmente los traductores públicos deben matricularse en otras provincias para poder ejercer su profesión, por lo que resulta necesario que Salta dicte una ley de creación del colegio.
Indicaron que actualmente cuentan con la Asociación de Traductores Públicos de Salta, que es una organización que nuclea a los traductores públicos y a los estudiantes de tercer y cuarto año de las carreras del Traductorado Público que residen en Salta, creada en marzo de 2016.
Agregaron que en la provincia se desempeña un centenar de egresados, más un grupo de idóneos en idiomas originarios que prestan servicios en la Corte de Justicia y explicaron que su labor es la de traducir documentos, ser peritos e intérpretes, en los cuales se debe dar fe, lo que implica un grado de responsabilidad y profesionalismo que debe ser jerarquizado mediante una herramienta legal.
Por su parte los legisladores consultaron distintos aspectos de la profesión y sus alcances e hicieron hincapié en la necesidad que la Ley a tratar contemple todos los requerimientos expuestos por el sector.