Abogados y Magistrados avalaron la reforma del Código Procesal Penal por su aporte a la transparencia y agilización de la justicia
Colegio de Abogados y Colegio de Magistrados coincidieron en los objetivos generales de la reforma del Código Procesal Penal. En la continuidad de la ronda de consultas la Comisión de Legislación General del Senado recibió a ambas entidades, que aportaron observaciones sobre dos temas puntuales del Proyecto de Ley, el plazo máximo de prisión preventiva y la revisión horizontal de recursos.
Continuando con la ronda de consultas iniciada con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Comisión de Legislación General del Trabajo y Régimen Previsional del Senado recibió este miércoles en reunión ampliada a directivos del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia y del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, con el fin de recibir sus aportes respecto al Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Javier Mónico, junto a los senadores Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Diego Cari, Enrique Cornejo, Gonzalo Caro Dávalos, Manuel Pailler, Dani Nolasco, Leopoldo Salva, Gustavo Carrizo, Leonor Minetti, Miguel Calabró y Sergio Saldaño.
Por el Colegio de Magistrados asistieron su presidente, Virginia Solórzano, la vicepresidente Gabriela Buabse y el secretario general, Eduardo Barrionuevo; mientras que por el Colegio de Abogados lo hicieron su titular, Trinidad Arias Villegas, junto a los abogados, Matías Adet, Alejandro Pomares, Horacio Morales y Nicolás Arandia.
Ambas instituciones expresaron una coincidencia general en la valoración positiva del proyecto, destacando que la reforma del Código Procesal Penal, afirma la oralidad, la transparencia y la eficiencia de los procesos judiciales, contribuyendo a que la justicia sea percibida como más cercana y equitativa.
No obstante se registraron aportes específicos en relación con dos temas puntuales:
Plazo de prisión preventiva (Artículo 275): El proyecto propone un plazo máximo de 3 días. El Colegio de Magistrados consideró que dicho plazo resulta insuficiente para la tarea del fiscal y propuso modificarlo a un máximo de 10 días, mientras que el Colegio de Abogados sostuvo que el plazo de 3 días es adecuado, dado que actualmente es de 15 días y en la justicia federal fue reducido a 24 horas.
Revisión horizontal de recursos (Artículo 45): Ambos colegios coincidieron en objetar la aplicación de la revisión horizontal, advirtiendo que podría derivar en incertidumbres operativas y vulnerar garantías en distritos con escaso número de jueces de garantías, por lo que se subrayó la necesidad de preservar un recurso de revisión adecuado ante tribunales superiores. Indicaron que en Salta el Tribunal de Impugnación cumple esa tarea adecuadamente con 12 miembros.
Otros aportes planteados incluyeron la definición precisa de plazos, en días corridos o hábiles, aval a la implementación de audiencias remotas en contextos determinados, los tiempos de conservación de evidencia digital y la optimización de la gestión de la Oficina Judicial.
Al término del encuentro, la Comisión valoró los aportes recibidos y anunció la culminación de la ronda de consultas con participación de autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y otros actores del sistema judicial, para asegurar que el texto final incorpore aportes técnicos y refuerce una justicia más rápida. “Queremos que la sociedad sienta que la justicia es más cercana, más ágil y se aplica con más equidad”, sostuvo el senador Mónico.
El Proyecto de Ley
El proyecto de reforma completa la transición del sistema penal provincial de un modelo inquisitivo a un sistema acusatorio y adversarial pleno, consolidando un esquema con roles claros: el Ministerio Público Fiscal concentra la investigación y la acusación, mientras que el juez se dedica exclusivamente al juzgamiento.
Fortalece la oralidad y publicidad de todas las audiencias; introduce plazos máximos diferenciados según la complejidad del caso; establece mecanismos modernos de investigación y herramientas como agentes encubiertos, informantes y acuerdos de colaboración con imputados y permite métodos alternativos de resolución de conflictos y acuerdos anticipados entre partes.
Además se crea la Oficina Judicial para optimizar la gestión administrativa, mejora la apelación y los recursos, incluyendo limitaciones al uso de la revisión horizontal.
La iniciativa, que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados, busca garantizar una justicia más ágil, transparente y cercana a la ciudadanía, reforzando la persecución de delitos complejos y la eficiencia del sistema judicial.
