Ultiman el análisis del Proyecto de Ley de prevención de agresiones sexuales contra personas de pueblos originarios
Con el Aporte del IPPIS, la comisión de Derechos Humanos del Senado completó una extensa ronda de consultas a distintos actores involucrados en la temática. El proyecto tiene por objeto la prevención, visibilización, sensibilización y educación sobre crímenes de odio consistentes en agresiones sexuales a personas pertenecientes a los pueblos originarios.
Luego de recopilar la opinión de distintos actores, como la Universidades Nacional y Católica de Salta, estamentos de gobierno como la Secretaría de Derechos Humanos, de la Mujer, de Salud, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y de ONG vinculadas a la temática, entre otros, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado recibió el aporte de la conducción del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, en torno al Proyecto de Ley de prevención, visibilización, sensibilización y educación sobre crímenes de odio consistentes en agresiones sexuales a personas pertenecientes a los pueblos originarios, en todo el territorio provincial.
El encuentro tuvo lugar este miércoles y fue encabezado por el presidente de la Comisión, Walter Cruz; junto a los senadores, Luis Altamirano, Dani Nolasco, Alejandra Navarro, Leonor Minetti y Jorge Soto. Por el IPPIS participaron su presidente, Enrique Arello, de la etnia Guaraní, el vicepresidente, Ulises Yañez, Diaguita y los vocales, Juan José Vega, Tapiete, Gabriel Espinoza, Toba y Alicia Yurquina del pueblo Coya.
Cruz sostuvo que en estos dos años el proyecto original se fue perfeccionando con el aporte de muchas instituciones, restando solo la del IPPIS, que fue invitado en otras dos ocasiones y que recién ahora se hizo presente de la mano de su nueva conducción. Puso como ejemplo de ese aporte el cambio del término “chineo” por “crimen de odio”, que tipifica con mayor precisión las agresiones sexuales que sufren las personas pertenecientes a los pueblos originarios.
El proyecto
El proyecto plantea la creación de una Comisión Especial compuesta por referentes del IPPIS, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público y de las universidades, con el objeto de relevar cantidad de casos registrados en los últimos diez años; lugares de los hechos; edad y genero de las víctimas, además de zona de residencia; edad y residencia de los signados como agresores; situación procesal y cuántos se encuentran actualmente en libertad, y sus reincidencias.
También se relevará si los signados como agresores son funcionarios, empleados o contratados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal; la cantidad de sentencias condenatorias; penas recibidas; cantidad de sentencias absolutorias y las medidas de protección y asistencia a las víctimas y su situación actual en el marco de los procesos.
Además se prevé que el Ministerio de Educación confeccione un proyecto de sensibilización para ser aplicado en la currícula escolar de todos los niveles, en forma obligatoria, incluyendo una perspectiva intercultural y de diversidad, donde el material a producir se traduzca a las diferentes lenguas de pueblos originarios de Salta.
Aporte del IPPIS
Arello agradeció la convocatoria del IPPIS, que hoy representa a 104 comunidades reconocidas y otras 146 en proceso, con el fin de construir una provincia más justa e igualitaria y opinó que el problema de violencia contra niñas que terminan siendo madres a los 11 y 12 años es social, más allá de la idiosincrasia de cada pueblo.
Yurquina dijo que las jóvenes originarias sufren violencia étnica por el hecho de ser indígenas, violencia social por ser pobres y violencia de género por ser mujeres, necesitando políticas públicas tendientes a promover su visibilización para no naturalizar estas cuestiones. También abogó por programas educativos y culturales, por oportunidades de desarrollo laboral, justicia, viviendas, salud mental y bienestar general para la familia.
También pidió que esas políticas sean interculturales, con respeto a la pluridiversidad y consecuentes con la legislación nacional e internacional existente en la materia.
Vega dijo que los pueblos originarios quieren ser escuchados y Espinoza pidió que es consulte a los caciques de cada comunidad y se atienda la necesidad de oportunidades para los pueblos originarios. Aclaró que hoy no toda violación es producto de la violencia, sino que muchas veces es consecuencia del engaño de quienes se aprovechan de la necesidad de mujeres y niños, que dan por resultado una gran cantidad de madres solteras.
Por su parte Yañez entregó por escrito una serie de aportes al proyecto, entre los que se destacan la necesidad de ajustar la legislación al derecho y la cosmovisión indígena, incorporar a la diversidad sexual, la creación de un centro de atención intercultural con asesoría bilingüe, el diseño de un protocolo de atención especial para victimas e implementación gradual de la legislación resultante, todo bajo mecanismos de consultas participativas.
En el final los directivos del IPPIS criticaron la decisión del Estado Nacional de desfinanciar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o la apertura de importación de especias, que hizo que caigan los precios de sus producciones. “Luego nuestros hermanos migran a las ciudades y terminan alimentando los cordones de pobreza”, afirmaron.
Por su parte los senadores Nolasco, Minetti y Altamirano reafirmaron la decisión del cuerpo de acompañar a las comunidades, sumando voluntades y el senador Cruz reiteró la trascendencia del proyecto en una provincia como Salta, de gran diversidad, que cuenta con 14 etnias, 9 de ellas reconocidas.
