Senadores recibieron un informe sobre la marcha de la política de seguridad en la provincia

En el transcurso de un plenario, senadores recibieron del ministro de Seguridad y Justicia un informe sobre las políticas de seguridad que se ejecutan en la Provincia. También analizaron el avance de distintos proyectos de Ley tendientes a mejorar el servicio.

Distintos aspectos del área de seguridad detallaron el ministro del área, Marcelo Domínguez, junto a su gabinete y autoridades de la Policía Provincial y el Servicio Penitenciario, en el transcurso de un plenario de senadores.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, Jorge Soto y contó con la presencia de los senadores, Walter Cruz, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Javier Mónico, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá, Carlos López, Diego Cari, Sonia Magno, Sergio Saldaño, Manuel Pailler, Gustavo Carrizo, Walter Abán, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Héctor Calabró, Alejandra Navarro y Luis Altamirano.

Junto al ministro asistieron el jefe de Policía, Crio. Gral. Diego Bustos, el subjefe Crio. Gral. Walter Toledo; el director del Servicio Penitenciario, Enrique Torres y la subdirectora, Valeria Calisaya. También participaron el secretario de Seguridad, Fernando Acedo; el coordinador general, Oscar Loutayf; el subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado; el secretario de Justicia, Luis María García Salado; la coordinadora administrativa, Soraya Dipp y la coordinadora jurídica técnica, Nelly Giménez.

En su informe, Domínguez proporcionó estadísticas sobre infraestructura, equipamiento y recurso humano desplegado en la policía provincial y el servicio penitenciario; acciones en materia de justicia, el trabajo de articulación con fuerzas federales y las herramientas legislativas en las que se enfocará para trabajar en lo inmediato con el Senado.

Sostuvo que la situación económica impacta en la seguridad y ello obliga a gestionar con eficiencia el equipamiento, movilidad y recursos humanos. En ese marco dijo que se avanzó con la creación de unidades regionales, pasando de 8 a 14; se creó la dirección de ciberseguridad, se habilitaron cuatro nuevos edificios policiales y se refaccionaron otros seis. También se reforzó la flota policial con 205 vehículos y 107 motos, estando en proceso de licitación la compra de un ómnibus, 20 camionetas y 30 motocicletas, para un parque total de 425 vehículos y motos.

En materia de recursos humanos la policía cuenta a la fecha con11.913 efectivos, 9.652 en funciones. En ese marco hizo referencia al tema de las consignas que dispone la justicia, que son más de dos mil y que, a un promedio de tres efectivos por cada una, insumiría el 70% del personal, por lo que se expresó por la implementación de medidas tecnológicas, como el caso de pulseras que hoy dejó de proveer la Nación y los botones antipánico, cuyos sistemas están siendo puestos a punto para optimizar el servicio.

También informó que se amplió un 72% el servicio de vídeo protección con 867 nuevas cámaras de seguridad domos y fijas, incorporación de Inteligencia Artificial, con 54 cámaras lectoras de patentes, 18 de reconocimiento facial y 100 bodycams, para procedimientos policiales, para un total de 2.036 cámaras y dos nuevas salas de monitoreo del sistema 911.

Detalló la creación de un centro de mediación en La Merced y un Centro de acceso a la Justicia en Santa Victoria Este; creación de la división de protección y custodia del sistema judicial y la subdirección de drogas peligrosas en Orán, que permitió desbaratar numerosas organizaciones narco criminales en el Norte y la nueva escuela de suboficiales de Embarcación, donde se capacitan 96 aspirantes.

En política penitenciaria dijo que se avanza en el proyecto para ampliar en 400 plazas y con financiamiento privado, la Alcaidía General Nº1; la inauguración de la Alcaidía penal Nº3, la refacción de la unidad carcelaria e inauguración de la granja penal los lapachos en el Norte. También un nuevo edificio para jóvenes en conflicto con la ley penal en Metán, una base de la división custodia y traslado de la Unidad Carcelaria Nº4 de mujeres, sala de vídeo conferencia para audiencias virtuales en la alcaidía Nº1 y la ampliación de la granja penal de Rosario de Lerma.

Domínguez dio cifras actualizadas sobre lucha contra el narcotráfico, con 201 allanamientos y el secuestro de 328 kg. de drogas, 255 kg. de cocaína, 73 de marihuana, además de 32 kg. de drogas en procedimientos por microtráfico, 45% más que en igual lapso del año pasado.

Consultas de legisladores

El senador Curá pidió una efectiva aplicación de las disposiciones sobre animales sueltos, a lo que el funcionario dijo que se trabaja en un protocolo de actuación que contemple el tema del acarreo de los animales, su alimentación y el eventual incremento del monto de las multas. Este año se llevan registrados 43 siniestros viales con animales sueltos involucrados, frente a 32 de 2023 y 37 de 2022.

Cornejo opinó que el problema del microtráfico preocupa a los vecinos y pidió aceitar los circuitos de denuncias anónimas. D’Andrea se refirió a los juzgados contravencionales y la viabilidad de creación de fiscalías rurales. Mónico pidió trabajar sobre el problema de los consumos problemáticos, que comienzan a temprana edad y Pailler abordó la problemática de la superpoblación carcelaria, el caso de los narcopolicías, que provocó el reemplazo de todos los efectivos de drogas peligrosas que se desempeñaban en el norte y la falta de médico legal en Tartagal, que será cubierta en breve de acuerdo con lo confirmado por el ministro.

Caro Dávalos consultó sobre incorporación de aspirantes, a lo que el ministro confirmó que en este mes de agosto se completará el proceso con 196 efectivos policiales y 49 del servicio penitenciario, para completar 600 este año. Saldaño se refirió a los convenios con municipios para arreglo de móviles; Carrizo habló del importante rol de la policía comunitaria y consultó sobre una iniciativa para poder disponer de los vehículos, en especial motos, que son secuestrados y están abarrotando las comisarías. Cruz consultó sobre la eventual baja de edad de imputabilidad y la infraestructura que cuenta la provincia para menores. También sobre el ante proyecto de nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y Soto sobre los costos que genera la manutención de los presos provinciales, que hoy suman 4.727 y que, de acuerdo con las autoridades, insume un promedio de 7 mil pesos por día solo en alimentación.

Finalmente, cada senador consultó sobre la necesidad de provisión de móviles y recursos humanos para sus respectivos departamentos.