Referentes indígenas solicitan al Senado la sanción definitiva de la “Ley Octorina” de prevención de abusos sexuales
La iniciativa establece protocolos con pertinencia cultural para erradicar la violencia sexual contra mujeres y niñas de comunidades originarias. En ese marco, representantes de la organización Na’Nechepa instaron a la Comisión de Derechos Humanos a ratificar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. El Senado se comprometió a agilizar el tratamiento una vez que el proyecto tome estado parlamentario.
El análisis del proyecto de Ley que regresa en revisión desde la Cámara Baja fue desarrollado este jueves por la Comisión de Derechos Humanos del Senado en un encuentro ampliado con referentes de las comunidades indígenas. El trabajo legislativo, realizado previo a que la iniciativa tome el estado parlamentario correspondiente, tuvo como objetivo recibir la petición formal de las organizaciones para agilizar el tratamiento de los cambios técnicos introducidos al texto original y avanzar hacia su sanción definitiva.
La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión, Walter Cruz, junto a los senadores Gonzalo Guaymas, Luciano Elvira, Carlos López, Carlos Guitián, Rolando Guaimás, Leonor Minetti, Alejandra Navarro, Dani Nolasco y Enrique Cornejo. Por la organización Na’Nechepa (Levantémonos), participaron Laurentina Nicacio y Tuju Gea Zamora.
El Proyecto de Ley
La denominada “Ley Octorina” es una herramienta de reparación histórica diseñada para sensibilizar, prevenir y brindar un abordaje integral ante los abusos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas.
Entre sus puntos centrales se destacan: la capacitación obligatoria en perspectiva de género e interculturalidad para los agentes de los tres poderes del Estado; la visibilización del daño, al reconocer y nombrar prácticas de violencia sistemática (como el “chineo”) eliminando eufemismos; y la creación de protocolos con pertinencia, que aseguran el acceso a intérpretes y asistencia especializada.
Una lucha histórica
Al respecto, Gea Zamora destacó que la aprobación es urgente para que un problema histórico sea reconocido por el Estado en una provincia como Salta, con alta diversidad, donde estas prácticas se perpetran desde hace cientos de años. “Lo que no se nombra no existe; el encubrimiento de las violaciones debe tener un nombre. Chinear es violar, ramear es violar, romper es violar. Es trascendente que este problema se nombre y constituye un paso fundamental para reivindicar a las mujeres que sufrieron estas violaciones”, afirmó.
Asimismo, subrayó que la ley no solo reconoce la lucha de las organizaciones, sino que también reivindica el recorrido de Octorina Zamora, quien durante décadas denunció las violaciones en banda perpetradas por grupos de hombres criollos contra niñas y mujeres indígenas.
Durante la reunión, el senador Cruz adelantó la voluntad del cuerpo de analizar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, que precisan el sujeto de protección como “mujeres, niñas y adolescentes indígenas” en reemplazo del término “personas” en el artículo 1°. El legislador remarcó que el espíritu de la norma coincide con las conclusiones del Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas realizado en 2022 en Chicoana.
“Urge tener esta herramienta para no dilatar los tiempos y vamos a avanzar en el consenso sobre el texto que recibimos una vez que tome el estado parlamentario correspondiente”, concluyó Cruz.
