Plantean la necesidad de una reforma parcial de la Constitución para eliminar los fueros de arresto y proceso
Un Proyecto de Ley para declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial fue presentado en el Senado. Tiene como objetivo suprimir la inmunidad de arresto y de proceso para los legisladores y los integrantes del Poder Ejecutivo, buscando promover la igualdad ante la ley y reforzar la transparencia en el ejercicio de la función pública.
Durante la última sesión ordinaria, tomó estado parlamentario un Proyecto de Ley (Expte. Nº 90-33.906/2025), impulsado por el senador Esteban D’Andrea, que busca declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial. Esta reforma se limita a la modificación de los artículos 99 y 143 de la Carta Magna Provincial, con el propósito de suprimir la inmunidad de arresto y de proceso, conocida como “fueros”, que actualmente gozan los legisladores y los máximos integrantes del Poder Ejecutivo.
La iniciativa propone que la reforma se lleve a cabo mediante la convocatoria de una Convención Constituyente, cuya única función será modificar estos dos artículos. Se asegura que no se incluirán otros cambios o adiciones a la Constitución. La Convención será integrada por convencionales electos directamente por el pueblo de Salta y se regirá por la estructura de la Legislatura Provincial.
Fundamentos
“El proyecto responde a un reclamo histórico de la ciudadanía salteña por mayor transparencia, equidad y la eliminación de privilegios en el ejercicio de la función pública”, detalló D’Andrea y agregó que “su objetivo es suprimir las inmunidades de arresto y de proceso para los legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, manteniendo únicamente la inmunidad parlamentaria de los legisladores, a fin de asegurar que todos los funcionarios públicos se sometan por igual a los procesos judiciales, sin privilegios derivados de su cargo”.
Los fundamentos del proyecto se basan en la necesidad de fortalecer el principio de igualdad ante la ley. Aunque las inmunidades fueron inicialmente pensadas para proteger la independencia de los poderes frente a persecuciones políticas, en el contexto democrático actual estas prerrogativas han sido interpretadas erróneamente como sinónimo de impunidad. La reforma pretende corregir esta percepción y garantizar que ningún funcionario, sin importar su cargo, quede por encima de la ley.
El texto remarca que la reforma tendrá estructura austera dado que la Convención Constituyente funcionará con la estructura y personal de la Legislatura, sin que se autoricen gastos adicionales. Los convencionales electos desempeñarán sus funciones ad honorem y el proceso tendrá una duración de 30 días. De esta manera, se garantiza que los recursos se concentren exclusivamente en el cumplimiento de este mandato popular, sin generar un impacto financiero extra.
D’Andrea reafirmó que la reforma enviará un mensaje claro de que “el cargo no es un escudo”, fortaleciendo la credibilidad de las instituciones y restaurando la confianza de la ciudadanía en sus representantes.