La comisión de Salud del Senado trabajó diferentes proyectos junto a la presidenta del IPS

Para conocer los puntos de vista del IPS sobre cinco proyectos de Ley que involucran a la obra social provincial, la comisión de Salud del Senado recibió a su presidenta. Además, se avanzó con una iniciativa para que las provincias planteen al Congreso Nacional la regulación del precio de los medicamentos.

Cinco proyectos de Ley fueron analizados por la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social del Senado en el transcurso de una reunión de trabajo llevada a cabo este miércoles con autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta.

El encuentro fue encabezado por el senador Manuel Pailler y contó la participación de sus pares; Carlos Rosso, Sonia Magno y Carlos Ampuero. Por el IPS asistieron su presidenta, Gladis Sánchez y los directores, Marcelo Vicente y Fabián Herrera.

Uno de los proyectos llega con la aprobación de la Cámara de Diputados y establece modificar el art. 8° bis a la Ley 7.127, referente a que los afiliados y beneficiarios gozarán de la libre elección de los prestadores de los servicios de la salud que estén incluidos en el padrón de prestadores del IPS; siendo obligación de los prestadores colocar en sus consultorios y/o salas de espera carteles indicando el tipo de padrón al cual pertenecen, informando si corresponde o no el cobro de arancel diferenciado, de acuerdo a lo establecido por el IPS.

Sobre el tema la funcionaria sostuvo que ya se viene aplicando como resolución del organismo, por lo que una Ley vendría a dar mayor consistencia. Asimismo, insistió en la necesidad que los afiliados denuncien cobro de arancel diferenciado, para aplicar las sanciones correspondientes.

Aclaró que para pertenecer al padrón “B” del IPS y poder cobrar arancel diferenciado el profesional debe acreditar una especialidad y cinco años como prestador de la obra social.

Otro proyecto, referido a la modificación del art. 2° de la Ley 7600 – Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad, que llega con la aprobación de la Cámara Baja, establece que las prestaciones básicas de atención integral se efectúen de acuerdo a un nomenclador especial establecido con sus prestadores, respetando las prestaciones básicas determinadas según Ley 24.901.

También establece que el IPS abonará por las prestaciones básicas de atención integral a valores de hasta un 70% de los establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La iniciativa busca evitar el desfinanciamiento que provocan los amparos judiciales contra la obra social.

Sánchez se refirió también al proyecto en revisión de protección integral a las personas portadoras de trombofilia, aclarando que ese tipo de cobertura de prácticas nomencladas ya se contemplan en programas especiales ya existentes como el Maternoa.

Sobre el Proyecto de Ley que establece la cobertura integral de prótesis dental y cirugía de implantes para pacientes epilépticos, sostuvo que esas prestaciones ya están incluidas en áreas como discapacidad.

Finalmente, consultada sobre la adhesión a la Ley Nacional 27675, de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis, consideró que la legislación provincial existente es muy precisa en sus alcances, necesitando solo reforzar el aspecto de prevención.

El precio de los medicamentos

En otro tramo de la reunión la presidenta del IPS coincidió con los legisladores en la necesidad de federalizar el planteo provincial para que el Congreso Nacional dicte una norma tendiente a regular el precio de los medicamentos.

Sostuvo que en los últimos tiempos los incrementos en los valores superaron ampliamente a los de la inflación, con laboratorios que fijan precios de manera arbitraria.

Esto implicó que el rubro medicamentos represente el mayor costo de la obra social, que pasó del 20% de su presupuesto al 37% en la actualidad.

Al respecto, el senador Pailler recordó que el Parlamento del Norte Grande aprobó en su oportunidad una declaración de su autoría y dijo que seguirá trabajando para federalizar un reclamo que es tanto de las obras sociales, como de los propios consumidores.