El proyecto de Ley de Creación y Organización de Consorcios Camineros será enriquecido con nuevos aportes

Así quedó establecido al cabo de una reunión ampliada de la Comisión de Legislación General del Senado con representantes gremiales y de la Dirección Provincial de Vialidad. La iniciativa busca generar condiciones para avanzar en materia de conectividad vial y a la vez garantizar la integridad del organismo y la fuente laboral de los trabajadores.

Representantes gremiales, así como autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, fueron recibidos este miércoles en el Senado para analizar los alcances del Proyecto de Ley de Creación y Organización de Consorcios Camineros, iniciativa que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados.

El encuentro ampliado de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional fue encabezado por el senador Javier Mónico, junto al vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y contó con la participación de sus pares, Jorge Soto, Alejandra Navarro, Dani Nolasco, Gonzalo Caro Dávalos, Miguel Calabró, Esteban D’Andrea, Leopoldo Salva, Diego Cari, Carlos López, Leonor Minetti, Sonia Magno, Walter Wayar, Sergio Saldaño y Enrique Cornejo.

Asistieron por la dirección de Vialidad, Gustavo Tejerina, Mauricio Darocca, Eduardo Castillo. Mariela Carballo y Sonia Andreussi; por el Sindicato de Trabajadores Viales, Francisco Rocabado, Oscar Bravo; Diego Guaymas y el abogado Esteban Cabrini; por la Unión de Trabajadores Viales de Salta, Walter Villegas y Sergio Arias y por UPCN, Daniel Narváez.

El proyecto establece que la Dirección de Vialidad de Salta interviene en la creación y organización de Consorcios Camineros, a los que define como entidades de bien público, sin fines de lucro, integrados por vecinos de una zona determinada, con el objeto de aunar esfuerzos y aportes económicos de distinta naturaleza para la ejecución de obras viales.

En ese marco los legisladores aclararon que la iniciativa busca brindar las condiciones para generar mayor conectividad vial con el fin que los productores puedan sacar sus cosechas y para que los vecinos de numerosos parajes, que pasan mucho tiempo aislados por la efecto de caminos intransitables, tengan mayor accesibilidad. Esto sin perjudicar la estabilidad laboral de los trabajadores viales.

Los dirigentes gremiales Villegas, Guaymás y Bravo, coincidieron en exteriorizar el desacuerdo de los trabajadores con los consorcios e insistieron con la formación de una comisión para realizar aportes que perfeccionen el proyecto, de modo tal de garantizar la continuidad de las 970 fuentes laborales de Vialidad, que hoy tienen a su cargo el estudio, construcción y conservación de 7.200 km. de rutas provinciales.

El abogado Cabrini sostuvo que otro punto de preocupación radica en la posibilidad que los consorcios que se creen para trabajar en rutas vecinales y municipales avancen hacia rutas provinciales primarias generando una competencia desleal que deje vacía de contenido a la dirección de Vialidad.

Villegas dijo que los fondos de Vialidad provienen de la coparticipación del impuesto a los combustibles y advirtió que el proyecto faculta al organismo a financiar el 80% de los consorcios, con lo que se reduciría el presupuesto para Vialidad.

Sobre ese punto Darocca aclaró que las obras se hacen con fondos de Vialidad y eso aumenta el coeficiente de coparticipación a recibir. Agregó además que permitir a consorcios intervenir en rutas provinciales primarias iría en detrimento de los fondos del organismo, por lo que solo deberían tener injerencia en caminos vecinales o municipales. No obstante reconoció que existen rutas vecinales en pésimo estado y no tener infraestructura para atenderlas.

Carballo argumentó que el aumento del 4% del impuesto inmobiliario rural planteado en el proyecto impactaría en poco más de 16 millones de pesos, cifra insuficiente para invertir en rutas cuando mantener un tramo de 100 km. cuesta unos 25 millones de pesos por mes y no está probado que los productores de cada región vayan a colaborar en las obras y Tejerina dijo que si por cada obra Vialidad debe aportar el 80% y el resto la comunidad, existe riesgo de desfinanciamiento.

Enriquecer el proyecto

A su turno los senadores garantizaron que el proyecto no será tratado hasta tanto no exista el consenso de las partes y convocaron a todos los actores a enviar por escrito las sugerencias que lleven a enriquecerlo.

No obstante remarcaron la necesidad de generar una norma que permita mejorar los caminos provinciales y a la vez garantizar estabilidad laboral y financiamiento. Explicaron que en toda la provincia hay quejas por el estado de las rutas y resaltaron el valor de la Bicameralidad, que permite a una cámara revisar el proyecto aprobado por otra cuando existen este tipo de situaciones y remarcaron que no está en el espíritu del proyecto ir contra los trabajadores.

La autora del proyecto, Alejandra Navarro, indicó que su objetivo es que se pongan las rutas en condiciones, con la responsabilidad de los productores y respetando las fuentes de trabajo. Además aclaró que la Ley 6843 en su artículo 7 ya dice que Vialidad puede trabajar a través de consorcios camineros, por lo que el proyecto delimita esa actividad.

Finalmente, Lapad reiteró que la tarea del Senado es la de buscar consenso para sancionar la mejor ley que ayude a optimizar la conectividad, por lo que el proyecto seguirá en estudio, decisión que fue avalada por la dirigencia gremial y de la Dirección de Vialidad.