Comisiones del Senado analizaron el DNU que reduce tributos para la exploración minera

En plenario ampliado, las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado recibieron a funcionarios del Poder Ejecutivo para analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia N°244, que reduce los tributos aplicables a la exploración minera en Salta. La medida busca incentivar la competitividad de la provincia en un contexto de desafíos financieros y caída de precios internacionales.

La reunión tuvo lugar este miércoles y fue encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Juan Cruz Curá (Hacienda) y Miguel Calabró (Minería), además del vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, contando con la participación de los senadores, Jorge Soto, Walter Cruz, Esteban D’Andrea, Gustavo Carrizo, Gonzalo Caro Dávalos, Manuel Pailler, Leopoldo Salva, Enrique Cornejo, Sergio Saldaño, Leonor Minetti, Dani Nolasco, Diego Cari y Luis Altamirano.

Por el Ejecutivo asistieron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini y en representación del ministerio de Economía y servicios públicos, los secretarios, María Soledad Claros, Mercedes Uldry y Fredy Valdez.

El Decreto de Necesidad y Urgencia N°244, emitido por el PEP y enviado a ambas cámaras, crea un Régimen Promocional Transitorio para las Tasas Retributivas de Servicios establecidas en el apartado 3 del artículo 29 de la Ley Impositiva N° 6611 y sus modificatorias. Ello implica retrotraer hasta diciembre de 2026 el valor de la Unidad Tributaria que se aplica a la actividad de exploración minera, con el propósito de ganar en competitividad y atraer esa clase de inversiones, que por lo general encaran las denominadas empresas “junior”.

Incentivo a la inversión minera

De los Ríos explicó que la caída del precio del litio ralentizó a la actividad minera, que hasta finales de 2024 completó en Salta 35 meses de crecimiento continuo, donde el empleo crecía por encima de la media nacional. Esto afectó en especial a las empresas junior, que se vieron obligadas a discontinuar proyectos por dificultades de financiamiento. “Las grandes firmas continúan y la situación tenderá a normalizarse con el inicio de inversiones clave, como el proyecto Rio Tinto, adherido al RIGI, que ya construyó una planta piloto y prevé una inversión total de 2.700 millones de dólares en dos años”, detalló.

La secretaria Claros explicó que el DNU se enmarca en una serie de medidas fiscales orientadas a diversos sectores productivos entre las que se incluyen beneficios para el comercio y la gastronomía, con una baja del 20% en Ingresos Brutos y la disminución del impuesto de sellos, que serán propuestas en un Proyecto de Ley, aclarando que se debió recurrir a un DNU en el caso del régimen promocional minero para agilizar la competitividad de Salta.

“El DNU devuelve las tasas de exploración a los valores de inicios de 2023 para recuperar la competitividad frente a otras provincias mineras. La actualización previa de la unidad tributaria, que se define mediante el IPC, había elevado los costos a niveles que impedían el desarrollo de nuevos proyectos”, explicó.

Sassarini, por su parte, recordó que hasta diciembre de 2024 había tres proyectos de litio en fase de construcción (POSCO, Eramine y Mariana) que empleaban a más de 1.500 personas. “Hoy esos proyectos finalizaron esa etapa y funcionan al 40% de su capacidad, lo que refleja la naturaleza cíclica del sector”, dijo. Y agregó: “La medida busca reactivar especialmente la exploración, donde hay 30 proyectos de litio y cuatro metalíferos en carpeta”.

Infraestructura y desarrollo sostenible

Además del régimen tributario, los funcionarios hicieron hincapié en los desafíos logísticos, energéticos y ambientales que enfrenta la minería. Se destacó la urgencia de pavimentar tramos de la Ruta nacional 51, que compone el corredor Bioceánico, así como la necesidad de fortalecer el Nodo Logístico de Güemes, avanzar con el Belgrano Cargas y gestionar ante la Agencia de bienes del Estado para habilitar el ramal C14.

“La electrificación de la Puna es clave para el desarrollo. Hay tres empresas interesadas en invertir más de 1.000 millones de dólares en ese proyecto: Genneia, YPF y Central Puerto. Hoy la zona requiere tendidos de media y alta tensión, y no hay infraestructura para transportar la energía solar generada en la Puna”, explicó De los Ríos.

Respecto al uso del agua, se abordó el caso del megaproyecto de cobre Taca Taca, con una inversión estimada de 3.000 millones de dólares. “Debemos ser muy responsables. Se está trabajando en estudios hidrogeológicos para garantizar que haya certeza sobre el uso del recurso, de manera que sea sostenible y beneficioso para toda la provincia”, sostuvo el ministro.

Control, proveedores y empleo local

Los senadores subrayaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre el cumplimiento de las leyes que regulan el empleo y la contratación de proveedores locales. Caro Dávalos celebró la reacción del Ejecutivo y pidió avanzar en medidas que garanticen que los beneficios lleguen a las comunidades originarias.

Desde Minería recordaron que desde 2019 está vigente una ley que exige que entre el 40% y el 70% de los trabajadores y proveedores tengan domicilio en Salta, dependiendo del proyecto. “Se creó un registro que exige para una empresa una composición del 51% de capital local. También se aplican sanciones y se está revisando la normativa para mejorar su eficacia”, señaló Sassarini. Agregó que se trabaja con una consultoría internacional para presentar un proyecto normativo superador.

Al respecto el senador Calabró propuso actualizar la Ley de Promoción Minera, para que la falta de contratación de mano de obra o proveedores locales prevea otro tipo de sanciones y no solo multas.

El senador Cornejo consultó sobre la actividad minera en general, indicando el ministro que hoy el único proyecto que generó regalías es el de oro en Mansfield, sumado a la primera exportación de litio, que fueron 40 toneladas como un plan piloto, que en 2026 implicará dos mil toneladas por mes, sumado a los boratos y los proyectos de cobre y plata. En ese punto aclaró que en la actualidad el 85% de regalías que percibe Salta son por hidrocarburos y el 15% por minería, proyectando que esa estadística se podría invertir para 2030, aunque el verdadero impacto lo constituye el derrame que provoca la actividad, aclaró.

En el epílogo el senador Salva volvió a pedir capacitación para los pobladores de la Puna y financiamiento para que puedan emprender como proveedores, el senador Nolasco insistió en la cantidad de cambios de domicilios que se dan para ingresar a la actividad minera y el senador Lapad dijo que el cuerpo seguirá generando las herramientas que requiera la actividad minera.