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Avanza en el Senado la ronda de análisis del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Luego de recibir los aportes del Ejecutivo y de sectores de la producción, el Senado escuchó la opinión de referentes de comunidades originarias, organizaciones de la sociedad y del sector académico.

Continuando con la ronda de análisis del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el Senado recibió este miércoles en reunión ampliada de las comisiones de Agricultura, Transporte y Ganadería y la de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, a referentes de comunidades originarias, organizaciones de la sociedad y de la facultad de humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

La reunión fue encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Walter Wayar y Miguel Calabró, respectivamente, contando con la participación de los senadores, Mashur Lapad, Walter Cruz, Esteban D’Andrea, Dani Nolasco, Gustavo Carrizo, Alejandra Navarro, Juan Cruz Curá, Diego Cari, Gonzalo Caro Dávalos, Carlos López, Luis Altamirano, Leopoldo Salva, Manuel Pailler, Sonia Magno y Leonor Minetti.

Asistieron, David Torres, de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina; Verónica Caliva, de Fundación entre Mujeres; Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades; Susana Aramayo, Abogada; Liliana López, cacique de la comunidad La Loma de Aguaray; Lucía Ibáñez y Amelia Zurita, de comunidades originarias de Salvador Mazza; Marianela Mena, abogada indígena del pueblo Ava Guaraní de Orán; Juan Barboza, docente de historia de la UNSa; Mónica Flores y Norma Navarro, de la facultad de Humanidades de la UNSa; Álvaro Arias Camacho, de A.L.F.A. (Asistencia Legal Formación y Alfabetización Jurídica); Luz Yáñez y Verónica Ardanáz, de Fundación Cebil.

En la apertura Ardanáz agradeció la apertura del Senado, considerando que ese ámbito se trata de un espacio de verdadero diálogo. En la misma línea, Caliva, Torres, Cari y Aramayo, coincidieron en requerir mayor participación de los pueblos originarios en los procesos de consulta. También se refirieron al cuidado del medio ambiente y dieron sus posturas en torno al impacto del OTBN en las comunidades. Mena puso de manifiesto lo difícil que se hace el acceso a información para los pueblos originarios.

Los abogados Camacho y Yáñez se refirieron a la identidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas y dieron detalles de la judicialización en provincias como Chaco.

Desde la Facultad de Humanidades de la UNSa, los académicos, Barboza, Flores y Navarro, reflejaron el desacuerdo con sus pares técnicos que elaboraron el informe que llevó a la elaboración del nuevo mapa de OTBN, al considerar que la casa de altos estudios posee una heterogeneidad de pensamientos, prevaleciendo la perspectiva social en el sector que representan.

Aclararon que no buscan caer en la dualidad de conservación vs producción, por entender que hay alternativas de producción, con el consentimiento de las comunidades.

A su turno el senador Cruz sostuvo que la consulta a la sociedad en general y a las comunidades originarias en particular, es una práctica habitual de trabajo en el Senado y Wayar aclaró que el cuerpo tomará más tiempo para el análisis del proyecto, considerando que el ordenamiento territorial, pero siempre respetando la diversidad cultural y étnica de los pueblos originarios, así como de la flora y la fauna del territorio.

Suspensión de desalojos

Otro de los temas puestos de manifiesto por las comunidades originarias tiene que ver con una decisión del gobierno nacional que atenta contra el sector.

Al respecto, López, Ibáñez y Zurita se refirieron al decreto 1083/24 mediante el cual el presidente, Javier Milei, declaró el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160, al que calificaron como un avasallamiento.

En ese sentido, el senador Calabró anticipó la decisión del cuerpo de tratar a la brevedad una nueva prórroga, hasta diciembre de 2025, del artículo 9 de la Ley provincial 7.658, sobre suspensión de las ejecuciones de sentencias, medidas cautelares y disposiciones judiciales relacionadas con el desalojo, desocupación o modificación del estado de tierras ocupadas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.