Pueblos originarios quieren que un comité de crisis aborde su amplia problemática

Para analizar diferentes aspectos de la problemática de los pueblos originarios de Salta, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado, Walter Cruz, recibió a directivos del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), así como a miembros de la Intervención administrativa y referentes del sector.

En el encuentro, el presidente del IPPIS, Héctor Fabián, junto al vocal, Miguel Siares y al abogado, Anastacio Vilca Condorí, plantearon la necesidad de la conformación de un Comité de crisis que atienda específicamente la problemática que enfrentan los pueblos originarios a raíz de la pandemia y articule con todos los estamentos del estado, tanto provincial como nacional, mecanismos de respuesta integral.

Los referentes sostienen que el coronavirus vino a agravar las condiciones de vida de los pueblos originarios, pero que desde antes conviven con diversos problemas, tales como el acceso a la propiedad de las tierras, uso del agua, salud, educación, cultura, trabajo, producción, medio ambiente, etc. que pueden ir solucionándose articulando políticas públicas que incluyan al sector.

Entre otras cosas, Siares planteó la necesidad de incrementar los controles de seguridad en lugares como Salar de Pocitos, Tincalayo, Tolar Grande, que son usados como pasos ilegales por transportistas de Chile, Brasil y Bolivia, afectados a la minería. Del mismo modo se pidió más seguridad para la zona de Mecoyita en Santa Victoria Oeste.

Fabián dijo que en la reapertura del turismo interno no se consultó a las comunidades y si bien se pone como beneficiarios a sus artesanos, se pudo observar que las ganancias son para las cadenas hoteleras, a lo que se agrega el poco respeto del visitante a los protocolos de seguridad. Sostuvo que “impulsamos el turismo rural comunitario a través de la Red de Turismo Diaguita Calchaquí, pero hasta ahora no fuimos consultados”.

Otro de los temas analizados fue el proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria, que está actualmente en el Congreso Nacional; la necesidad que Inmuebles registre a las tierras comunitarias y que Recursos Hídricos evite que las fincas desvíen cursos de agua para regadíos, dejando muchas veces sin el líquido elementos a las comunidades.

La situación del dengue también fue abordada, dado el fuerte impacto de esa patología en poblaciones originarias, muchas de las cuales se encuentran viviendo hacinadas en la periferia de las ciudades, empujadas por la necesidad de salir de sus tierras en busca de oportunidades laborales.

También, junto al interventor administrativo del IPPIS, Ramiro González, se refirieron a las finanzas del organismo, que hoy se encuentra en una difícil situación y no puede afrontar las ayudas sociales que habitualmente requiere esa comunidad.

A su turno, el abogado Vilca Condorí anunció la creación por parte del Colegio de Abogados de Salta del Instituto de Derecho Indígena.

“Vamos a gestionar y seguiremos trabajando en las herramientas legales que se necesitan, pero siempre con el consenso de las comunidades», sostuvo Cruz a tiempo de remarcar que Salta es la provincia con mayor diversidad de pueblos originarios del país, estimándose una población de 150 mil.