El Ente Regulador explicó el criterio con el que se tratarán los pedidos de incrementos tarifarios

En un encuentro con senadores, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos explicó el criterio con el que se tratarán los pedidos de incrementos tarifarios a analizarse la próxima semana en sendas audiencias públicas. También se refirió a la política de control sobre las empresas que prestan los servicios de energía eléctrica, agua potable y cloacas.

Respondiendo a un pedido de Informe aprobado la semana anterior, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Humberto Saravia, se reunió con senadores provinciales para referirse al mecanismo y criterio con el cual el organismo tratará los pedidos de incremento tarifarios, solicitados por las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica y agua potable.

Del encuentro participaron el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y los senadores, Manuel Pailler; Walter Abán; Juan Cruz Curá; Carlos Rosso; Esteban D’Andrea; Sergio Ramos; José Ibarra; Fernando Sanz; Javier Mónico y Dani Nolasco.

Saravia explicó que el procedimiento marca la realización de audiencias públicas no vinculantes, que se concretarán de modo remoto los días 12 de octubre, para el caso de la energía eléctrica y 13 de octubre, para el caso de agua potable. Agregó que para ambas ya están inscriptos casi un centenar de participantes.

En el caso del servicio eléctrico el incremento solicitado es de 35% y en lo que respecta al agua se trata de una revisión tarifaria integral que se hace cada 3 años, por lo que a priori no se maneja un porcentaje específico.

En ese sentido, el funcionario dijo que, luego de escuchar las ponencias de las audiencias, “se trabajará sobre un criterio que lleve a que los porcentajes de aumento sean compatibles con los ingresos de los consumidores”. Aclaró que en el caso del agua el último aumento fue del orden del 30% y data de julio del año 2019 durante la gestión anterior y en el caso de la energía eléctrica fue del 21,78% en enero de 2021.

Explicó que para el caso del agua se contrató una consultoría a cargo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), referido a eficiencia del servicio, Plan de Expansión y Mejoras, contabilidad reglamentaria y necesidad de avanzar con la macro y micro medición.

Reiteró que la decisión sobre el porcentaje de incremento atenderá a tres grandes criterios, que son la capacidad económica de los usuarios, la eficiencia del servicio y el dinero que se necesita para nuevas inversiones.

También dijo que se trabaja en la reformulación del régimen de subsidios, de manera de dirigirlos hacia quienes realmente lo necesitan y habiendo desafectado en esta etapa a 559 instituciones entre clubes, inmuebles del clero y colegios católicos.

Saravia confirmó además que EDESA reclama el pago de dos mil millones de pesos como consecuencia del congelamiento tarifario, trabajándose en la búsqueda de un acuerdo que ronde los 440 millones. Estimó que en la provincia hay unos 12.500 “colgados”, que llevaron a recurrir ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y que se avanzó con la creación de un “Consejo de Usuarios” y se sigue impulsando la integración de una “Mesa de Servicios”.

También se refirió a las sanciones aplicadas a ambas empresas y graficó, a modo de ejemplo, que en el caso del agua sobre 18.500 usuarios de Tartagal, un 71% solo tienen el servicio un promedio de 5 horas por día y sobre el servicio de energía, que los departamentos que soportan más cortes son Rivadavia, Anta, Orán y San Martín, destacando la necesidad de incorporar a La Candelaria, que hoy recibe servicios de la empresa tucumana EDET.

Obras para mejorar el servicio

Saravia se refirió también a las inversiones previstas en la provincia, detallando entre las más significativas la obra de anillado entre San Agustín y Campo Quijano a través de una nueva línea de 132 kV de aproximadamente 30 km, con el objetivo de ampliar el sistema de transporte eléctrico al sur de Salta Capital y Valle de Lerma; que se licitará en febrero de 2022 por un monto de 30 millones de dólares.

También destacó la próxima licitación de la ampliación de la Planta Potabilizadora de la zona sur y obras por 24 millones de dólares del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), por el cual se repotenciarán paneles solares en 260 escuelas rurales y 130 puestos sanitarios, además de una nueva red eléctrica para Luracatao y proyectos similares para Iruya y Rodeo Colorado.

Finalmente, anticipó que con fondos propios se construirá a partir de noviembre un edificio propio en un terreno de 2,9 hectáreas en Pereyra Rozas para albergar al ENRESP, ENREJA, REMSA y un laboratorio de calidad del agua.