Senado y Auditoría articularán acciones con vistas a la modernización de la legislación en materia de control

Un proyecto para modificar la Ley 7103 fue el punto de partida para que los legisladores acuerden con los miembros de la Auditoría el inicio de un trabajo conjunto con vistas a la modernización de la legislación existente en la materia. El objetivo es lograr que los controles brinden mayor transparencia a la ciudadanía sobre la forma en que se administran los recursos públicos.

Motivada por la sucesiva incorporación por parte de distintos municipios de diversas tasas o tributos y la necesidad de controlar el correcto destino de esos fondos, la comisión de Economía, Finanzas Púbicas, Hacienda y Presupuesto del Senado convocó a autoridades de la Auditoría General de la Provincia. 

El encuentro tuvo lugar este miércoles y fue encabezado por el presidente de la Comisión, Juan Cruz Curá y el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad; junto a los senadores, Jorge Soto, Manuel Pailler, Leopoldo Salva y Walter Cruz. Por la AGP asistieron su presidente, Gustavo Ferraris, acompañado por Abdo Omar Esper.

En el inicio del encuentro Curá sostuvo que el proyecto de modificación de la Ley 7103, de autoría del senador Gustavo Carrizo, apunta a optimizar los controles sobre los ingresos municipales en concepto de distintas tasas o tributos que las intendencias fueron incorporando en los últimos tiempos en el marco de sus facultades autónomas y en la necesidad que la ciudadanía tenga a través de esos controles garantías sobre la transparencia en su administración.

Citó el caso de la Puna, donde se impusieron tasas de control ambiental, o en zona de frontera, donde se creó un tributo por el ingreso al pueblo de rodados y la necesidad de saber si realmente se cumplen esos controles o de qué manera esos fondos vuelven a la ciudadanía.

El senador Salva acotó que hoy los pueblos de la puna recaudan más por esos tributos que por coparticipación, al haber fijado la tasa de control ambiental en el 0,6% de la facturación de empresas locales y del 1,8% de empresas internacionales, lo que lleva a un monto mensual de cinco mil millones de pesos, cuya ejecución debe ser debidamente controlada.

Al respecto Ferraris sostuvo que la ley faculta a la Auditoría al control de los ingresos municipales, pero en un margen acotado dado que los municipios gozan de autonomía, siendo facultad de cada Concejo Deliberante la creación de tasas, fijar los porcentajes y controlar al ejecutivo en el correcto gasto de esas partidas.

La AGP puede hacer auditorias de gestión e indagar sobre los egresos, siempre controlando en base al presupuesto aprobado por cada municipio y también puede llevar adelante el control en concreto de determinadas partidas, sostuvo Ferraris, aclarando Esper que es función de los Concejos el control interno y concomitante y de la AGP el control externo.

Sin embargo, ambos coincidieron en que, en la experiencia diaria, se advierten problemas de informalidad en varios municipios y la necesidad de unificar los sistemas de administración, así como la necesidad de ajustar o modernizar la legislación a las herramientas de los nuevos tiempos, poniendo como ejemplo el hecho que el año pasado se presentó la Cuenta General del Ejercicio en formato digital.

En ese sentido los legisladores consideraron al tema como un disparador para articular con la AGP un trabajo conjunto con vistas a modernizar distintas normas como la Ley de contabilidad de la provincia o la Ley de entidades financieras, entre otras.

“El control es un tema muy requerido por la sociedad y el desafío que tenemos es trabajar en conjunto en la modernización de la legislación, para así mostrar a la ciudadanía que los recursos que entran al estado son administrados con transparencia”, expresó el senador Lapad en el final del encuentro.