Para avanzar hacia una justicia más ágil y transparente el Senado analiza la reforma del Código Procesal Penal
En el inicio de una ronda de consultas de la Comisión de Legislación General participaron autoridades del ministerio de Seguridad y Justicia. La iniciativa propone modernizar el Código Procesal Penal de la Provincia, fortaleciendo la oralidad, la transparencia y la eficiencia en los procesos judiciales.
En reunión ampliada llevada a cabo este jueves, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado inició el análisis del Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y el titular de la Comisión de Legislación General, Javier Mónico, contando con la presencia de los senadores, Jorge Soto, Juan Cruz Curá, Enrique Cornejo, Manuel Pailler, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Carlos López, Miguel Calabró, Walter Cruz, Alejandra Navarro, Esteban D’Andrea, Leopoldo Salva, Diego Cari, Sergio Saldaño, Sonia Magno y Arnaldo Altamirano.
Participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras; el coordinador de la Unidad de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, Sebastián Schmidt y la secretaria de Justicia, Soraya Dip.
Las autoridades explicaron que la propuesta busca completar la transición de un sistema inquisitivo hacia un sistema penal acusatorio y adversarial, en el que los juicios sean más ágiles, públicos y con roles claramente definidos. El Ministerio Público Fiscal concentrará la investigación y la acusación, mientras que el juez se dedicará exclusivamente al juzgamiento, garantizando imparcialidad y celeridad en las resoluciones. También se perfeccionará la tarea del defensor.
Solá Usandivaras destacó que la reforma “permitirá una justicia más transparente y eficiente”, ya que todas las audiencias serán filmadas, lo que fortalecerá la publicidad de los actos judiciales y la confianza ciudadana. Además, se crea una Oficina Judicial encargada de la gestión administrativa, para optimizar los tiempos del proceso.
Schmidt detalló que el proyecto incorpora técnicas especiales de investigación y figuras como el informante, el agente encubierto o el agente revelador; también posibilita acuerdos de colaboración, contemplando procedimientos específicos para personas jurídicas. También introduce plazos máximos para los procesos, mecanismos de apelación horizontal más ágiles y la posibilidad de acuerdos entre las partes para resolver causas de manera anticipada.
Los senadores realizaron consultas sobre la aplicación práctica de las reformas, los recursos necesarios y los efectos en la estructura judicial y policial. En ese marco, el ministro adelantó que próximamente y de manera complementaria se presentará un Proyecto de Ley para la creación de la Policía de Investigaciones, orientada a fortalecer las tareas periciales y de coordinación con el Ministerio Público Fiscal.
El senador Mónico subrayó que la iniciativa responde a una demanda social de mayor transparencia y eficacia en la justicia penal y consideró que el nuevo marco procesal “será un paso importante hacia una administración de justicia más cercana a la ciudadanía”.
El proyecto
El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Salta tiene como objetivo modernizar el sistema de justicia penal provincial, completando la transición iniciada en 2011 hacia un sistema acusatorio y adversarial que permita juicios más ágiles, públicos y transparentes.
La iniciativa define con claridad los roles dentro del proceso: el Ministerio Público Fiscal concentra la investigación y la acusación, mientras que el juez se dedica exclusivamente al juzgamiento, garantizando imparcialidad. Además, el imputado deja de ser un mero objeto del proceso para convertirse en un sujeto activo, con participación efectiva en su defensa.
La reforma fortalece la oralidad y la transparencia de los procedimientos, con todas las audiencias filmadas y la posibilidad de métodos alternativos de resolución de conflictos, incluyendo juicios abreviados mediante acuerdos entre las partes. Se incorporan también herramientas de investigación modernas, como el uso de agentes encubiertos, informantes y acuerdos de colaboración con imputados, así como procedimientos específicos aplicables a personas jurídicas.
El proyecto establece plazos máximos diferenciados según la complejidad de los casos y mejora los mecanismos de apelación, reemplazando el recurso de casación por un sistema de apelaciones horizontales que agiliza la resolución de conflictos. Se prevé la unificación de acusaciones y la posibilidad de acuerdos parciales o totales entre la acusación y la defensa.
Asimismo, se crea una Oficina Judicial para optimizar la gestión administrativa de los tribunales y se refuerza la coordinación entre la policía y el Ministerio Público Fiscal, con especialización del personal, inversión en ciencias forenses y mejoras en infraestructura penitenciaria y seguridad carcelaria.
Se espera que la reforma contribuya a una justicia más rápida, transparente y cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la persecución de delitos complejos como la corrupción y el narcotráfico y reduciendo la conflictividad social, por lo que el proyecto seguirá abierto a consulta con otros actores del sistema.
