Expte. Nº 90-26.725/17 – Dictamen de Comisión – Orden del Día Nº 6

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

 Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio de la provincia y tiene por objeto establecer políticas públicas en materia de prevención social de la violencia.

Art. 2º.- La prevención social de la violencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.

 Art. 3º.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizarán en los diversos ámbitos de competencia, que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

a) Respeto irrestricto a los derechos humanos;

b) Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia, con la participación ciudadana y comunitaria;

c) Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como los jóvenes en situación de riesgo;

d) Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención social de la violencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

e) Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazo, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.

f) Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias provinciales y nacionales;

g) Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas;

h) Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios.

Art. 4.- La prevención social de la violencia incluye los siguientes ámbitos:

a) Social;

b) Comunitario;

c) Situacional, y

d) Psicosocial.

Art. 5.- La prevención social de la violencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:

a) Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano;

b) La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;

c) El fomento de la solución pacífica de conflictos;

d) Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad;

e) Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.

Art. 6.- La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia mediante la participación ciudadana y comunitaria y comprende:

a) La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendientes a establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias;

b) El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;

c) Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las comunidades frente a problemas locales;

d) La participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen su efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad, y

e) El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Art. 7.- La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia mediante:

a) El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia;

b) El uso de nuevas tecnologías;

c) La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad;

d) Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y

e) La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización.

Art. 8.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente:

a) Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad;

b) La inclusión de la prevención de la violencia, las adicciones, en las políticas públicas en materia de educación, y

c) El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos.

Art. 9.- El acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la violencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la doble victimización, a través de:

a) La atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria;

b) La atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas;

c) La atención específica al impacto en grupos especialmente vulnerables a desarrollar problemas derivados de delitos violentos;

d) Brindar respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a través de los mecanismos creados para ese fin, y

e) La reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la reparación del daño moral y material, y las garantías de no repetición.

Art. 10.- Sera autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y/o  el que en el futuro lo reemplace.

Art. 11.- Serán atribuciones de la autoridad de aplicación:

a) Definir estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre las distintas organizaciones y los municipios; así como con organizaciones de la sociedad civil, centros educativos o de investigación, o cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas en prevención;

b) Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la información existente sobre la prevención social de la violencia.

c) Informar a la sociedad anualmente sobre sus actividades a través de los órganos competentes, e indicar los ámbitos de acción prioritarios de su programa de trabajo para el año siguiente;

d) Promover la generación de indicadores y métricas estandarizados en materia de prevención de la violencia, los que al menos serán desarticulados por edad, sexo, ubicación geográfica y pertenencia étnica, y

e) Las demás que establezcan otras disposiciones legales y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema de Prevención de la violencia social.

Art. 12.- Los programas que incidan en la prevención social de la violencia deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación, a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia.

Art. 13.- Las políticas de prevención social deberán ser evaluadas con la participación de instituciones académicas, profesionales, especialistas en la materia y organizaciones de la sociedad civil.

Art. 14.- Se deberá dar participación activa a los gobiernos municipales, en la firma de convenios, en la planificación de programas y en el monitoreo de trabajos proyectados.

Art. 15.- De Forma.

SALA DE COMISIÓN, 09 de mayo de 2.018.-